La víspera del 14 de abril de 2021, se ha recordado en Libertad Digital el artículo resumen del prestigioso historiador e hispanista sobre la II República española que estaba incluido en el libro 40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil (2006). Responde a la segunda cuestión que se formula con el enunciado “¿Quiénes rechazaron una República constitucional y democrática?” En él ya se discute la idea que de la democracia tuvieron muchos antecesores de los que hoy se presentan como adalides de ella porque hablar de dictadura –como ha dicho uno de sus más conspicuos líderes– “no mola”.
En su respuesta a la pregunta, Payne realiza el que se considera una de las mejores síntesis de lo ocurrido en aquel período de la historia de España y sentencia que en realidad en la República, “el centro se empequeñeció y debilitó, la derecha moderada no se inclinó de manera decisiva hacia el centro y la izquierda moderada se volvió más excluyente, insistiendo en una República sólo de izquierdas, al tiempo que una gran parte del movimiento socialista abrazaba la revolución violenta".
Que hoy se disfrace lo que realmente ocurrió con las ofensivas sobre la memoria y los hechos que se realizan desde las legislaciones sobre la memoria histórica y democrática, sólo tiene como ventaja moral que muchos historiadores que hacen de su oficio un santuario de rescate de las verdades están investigando lo que ocurrió realmente, lo que se contrapone y mucho a lo que ocurrió “oficialmente”.
Uno de los historiadores que se ha enfrentado abiertamente a la concepción subyacente a las leyes de memoria histórica —ayer mismo Boris Cimorra, hijo de quien fuera la “voz que venía del frío” en las emisiones de Radio Moscú para España, Eusebio Cimorra, nos recordaba que en la Rusia de Putin está perseguido administrativa y penalmente cualquier intento de contradecir la versión oficial sobre la Gran Guerra Patria soviética contra la Alemania nazi, revelando que no solo Hitler estaba preparando su ataque contra la Rusia bolchevique, sino que el propio Stalin estaba preparando un ataque contra la Alemania fascista, pero Hitler se le adelantó en un mes y pico—, ha sido Stanley G. Payne.
Ahora, en el número de mayo de este año de la revista First Things Magazine, Payne publica un artículo titulado Las políticas de la memoria, que ha sido traducido de forma celérica por el profesor y escritor Francisco Núñez Roldán. Ayer mismo, cuando ya escribíamos el presente comentario, nos informó Javier R. Portella que el artículo de Payne había sido publicado, con la misma traducción, en El Manifiesto.com.
El artículo de Stanley G. Payne es revelador de cómo es considerada la operación de la “memoria histórica” por un autor que es doctor en Historia por la Universidad de Columbia y profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde ostenta la cátedra Hilldale-Jaume Vicens Vives. También es codirector del Journal of Contemporary History, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias (American Academy of Arts and Sciences) y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Payne, que es un gran conocedor de la historia de la España del siglo XX y muy especialmente de los actores fundamentales de nuestra Guerra Civil, termina su artículo con una conclusión atronadora:
Por el momento, la extrema izquierda se mantiene obsesionada con deslegitimar a la monarquía parlamentaria establecida por la Constitución de 1978, esperando reemplazarla por una república radical de estilo Latinoamericano. La propuesta de institucionalizar la “memoria democrática” sigue sin embargo en pie. Es el proyecto más complejo en el mundo occidental para el uso sistemático de la Historia como arma. Confirma la tendencia de la izquierda española, expresada desde hace dos siglos, en cuanto a hacer suyas las versiones extremas de las ideas izquierdistas. Y es un indicador de hacia dónde se dirigen los movimientos izquierdistas en el mundo occidental si se les permite avanzar sin freno.
El hispanista estadounidense ve el origen de la operación Memoria Histórica en el mismo Felipe González. Durante la Transición y gracias a ella, los partidos de la izquierda quisieron obtener una amnistía general para todos los delitos políticos previos a dicho momento sin excepción, lo que implicaba que la Historia dejase de ser motivo de enfrentamiento político porque ya no había culpables.
Pero en 1993, cuando Felipe González vio en peligro su gobierno, comenzó a identificar al Partido Popular con el dóberman franquista, que fue el primer acto de la estrategia de lo que luego se ha llamado Memoria Histórica. Recuerda Payne que “el victorioso primer ministro popular, José maría Aznar, declaró en 2002 que en España el uso del reciente pasado como arma con propósitos partidistas había sido enterrado por fin. Estaba en un error". Y qué error.
Tras los primeros intentos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en enero de 2020 el gobierno socialista de España, encabezado por Pedro Sánchez, “presentó un proyecto de ley de hondo significado cultural y político: la ‘Ley de Memoria Histórica y Democrática’. De prosperar, dicha ley culminaría el esfuerzo de veinte años por parte de la izquierda española para limitar la libertad de expresión y remodelar la vida civil".
En esta ley, resume Payne, se establecería un “Consejo de la Memoria” nacional, con una política estatal integral para impulsar la visión de la izquierda sobre la España de principios y mitad del siglo XX. Junto al deseo de encontrar a los “desaparecidos” sólo del bando republicano, se quitan las lápidas del franquismo y se colocan las del republicano. Se trata de que el Estado español honre a unas “víctimas” sin aclaración precisa de si estuvieron implicados en asesinatos, masacres o ejecuciones extrajudiciales.
Para el historiador, la “proyectada ley es altamente punitiva. Los símbolos, reuniones o declaraciones considerados favorables al régimen franquista y a los vencedores de la guerra civil se considerarán infracciones contra la “memoria histórica y democrática”. Las penas propuestas incluyen un detallado cuadro de multas que van desde los doscientos a los cien mil euros, el cierre de seis meses a dos años de la entidad transgresora y la confiscación de fondos y bienes envueltos en dichas actividades. Que dicha ley restringirá dramáticamente la libertad de expresión, violando con ello la Constitución española, le resulta irrelevante al gobierno de Sánchez".
Por ello, La ley de Memoria Histórica y Democrática, para Payne, es el proyecto más dramático, arbitrario y punitivo respecto al debate histórico que aparece en el mundo occidental. De hecho, es un claro exponente de la forma en que la izquierda contemporánea trata de usar la historia como arma para conseguir sus propósitos y silenciar a la disidencia.
Nunca ha habido un pacto de silencio, como pretende la izquierda española, para ocultar nada. De hecho, relata Payne “lejos de permanecer callados durante la Transición Democrática, historiadores y periodistas anduvieron muy activos en los medios, inundando el país con estudios y relatos de la guerra civil y los años de Franco sin esconder los aspectos más atroces. Se reconocieron las pensiones y se honró a los veteranos de la derrotada República. El Gobierno homenajeó a los republicanos caídos, y viejos líderes revolucionarios responsables de numerosas atrocidades volvieron a España entre el aplauso popular".
Payne enmarca la estrategia de la memoria histórica de la izquierda española en una nueva orientación ideológica tras la decadencia del socialismo y la caída del comunismo. “La ideología de la izquierda española del siglo XXI rechaza casi todas las señas del pasado. Es hostil a casi todos los valores tradicionales, a diferencia de la socialdemocracia e incluso del marxismo-leninismo en algunos aspectos. La nueva ideología enfatiza la revolución cultural y sexual. La Historia deviene en un juicio-espectáculo político, poco más que una reseña de buenos y malos".
Es más, Payne distingue la prudencia inicial de Rodríguez Zapatero y señala a Pedro Sánchez como un memorialista desatado. Lo explica así: “El gobierno de Zapatero había creado una comisión nacional de expertos respecto al tema del lugar de reposo final de Franco. Concluyeron que era recomendable enterrarlo en otro lugar, pero solo cuando se hubiera llegado a un consenso entre el Estado, las autoridades religiosas y la familia Franco”, a la que se reconocía el derecho de elegir el lugar del nuevo enterramiento.
Pero Sánchez, considerando el tema de “extrema urgencia” tras 44 años, presionó hasta el máximo consiguiendo incluso que el centrismo y no pocos conservadores aceptaran abstenerse. De este modo se pretende blanquear y santificar como “democrática” la responsabilidad de la política revolucionaria de la izquierda entre 1934 y 1939, su papel obvio en el desencadenamiento de la guerra civil y de la violencia general “y al extendido pillaje y destrucción que llevaron a cabo los revolucionarios".
Payne niega con contundencia que la actual democracia española esté basada en el régimen republicano. La actual democracia “descansa en los principios constitucionales y las normas de la Europa democrática contemporánea". Y añade:
Para mayor hipocresía, el gobierno de Sánchez ha ayudado a rehabilitar a los herederos del ala terrorista del nacionalismo vasco, quienes le proporcionan los cruciales votos parlamentarios necesarios para permanecer en el poder. Están aún por procesar los nacionalistas vascos responsables de más de trescientos asesinatos sin resolver. Pero en este caso, el gobierno de Sánchez busca borrar la memoria de las víctimas, por resultarle políticamente inoportuna.
Stanley G. Payne advierte del peligro de una Ley de Memoria Histórica y Democrática que “inicia una tendencia nueva en cuanto a usar la historia como arma a favor de interpretaciones probadamente distorsionadas y falsificadas que son útiles políticamente más que intelectualmente creíbles".
Payne cree que se está imponiendo en la izquierda una mentalidad “milenarista” que anhela imponer una “purificada utopía” que quiere ofrecer su galería de mártires políticamente correctos y convierte en chivos expiatorios a quienes señalan como autores de todos los males. El historiador ve en este movimiento una tendencia de los partidos de la izquierda hacia la represión y el control social, uno de cuyos pilares es el control mental de la “memoria”.