El pasado 3 de octubre, bajo un cielo plomizo y arropado por varias banderas —entre ellas la de la II República—, el actual secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, participó en un acto homenaje a los guerrilleros antifranquistas que continuaron luchando una vez terminada la Guerra Civil. Su mensaje, en todo momento, fue claro. "Desde el Gobierno de España", dijo en repetidas ocasiones, "queremos reparar la memoria de los luchadores por la libertad y la democracia en España". Se refería a los grupos de guerrilleros, más conocidos como maquis, que prolongaron su actividad durante varias décadas desde el fin de la Guerra Civil y que llegaron a constituir un quebradero de cabeza para el régimen de Franco, por sus continuas acciones delictivas.
Martínez López, siguiendo la estela del discurso que promueve la nueva Ley de Memoria Democrática, identificó a todos los luchadores antifranquistas con los "valores democráticos y republicanos", obviando la influencia fundamental del comunismo soviético y del propio Stalin en la organización y financiación de aquellos guerrilleros que sembraron el terror en los montes durante los primeros años del franquismo. En realidad, muchos historiadores han señalado el carácter heterogéneo de esos grupos de combatientes. Se denominaban a sí mismos antifascistas y venían, en su mayor parte, o bien de haber combatido en el bando republicano y en la Resistencia francesa o bien de diversos pueblos españoles, huyendo de la represión que el nuevo régimen estaba llevando a cabo con los perdedores del conflicto. Sus puntos de conexión se resumían en la justificación de la lucha armada contra la dictadura, pero dentro de sus filas terminaban cabiendo personajes de todos los pelajes, desde comunistas y anarquistas hasta gentes que simplemente huían de la represión, incluyendo también, inevitablemente, a delincuentes comunes y bandoleros.
Precisamente contra esa expresión, "bandoleros", cargó en el homenaje el secretario de Estado Martínez López, que además quiso denunciar la "estigmatización de todos los hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de la libertad y la democracia". El hecho de que la decisión de Stalin de dejar de apoyar a la guerrilla española fuese fundamental a la hora de que Santiago Carrillo terminase por desmantelar a aquellos grupos, sin embargo, pasó desapercibida en el acto. Las diversas consideraciones que ponen en duda la idea de que todos los combatientes antifranquistas eran demócratas, o que señalan la complejidad del conflicto ideológico que tuvo lugar durante ese periodo, no tendrán cabida en la memoria colectiva que el actual Gobierno quiere subvencionar. Así lo afirmó Martínez López cuando explicó que, con la nueva Ley de Memoria Democrática —que se someterá a votación en el Congreso en los días próximos—, la historia de todos esos guerrilleros será estudiada en las escuelas como una "lucha por la democracia y la libertad".
Entre todas las medidas que se van a tomar a través de esa nueva ley, Martínez López quiso destacar el hecho de que se vayan a "anular todas las condenas y sentencias de los tribunales franquistas" y que se vayan a "investigar a fondo las violaciones de los derechos humanos que se llevaron a cabo durante la guerra y la dictadura". No especificó si esa investigación iba a centrarse exclusivamente en los crímenes del bando sublevado, pero sí que subrayó que se "van a abrir todos los archivos para que sepamos de una vez el alcance de la represión contra aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad", en referencia al maquis. Además, señaló que "el artículo 3 de la ley busca el reconocimiento definitivo a los guerrilleros y guerrilleras", lo que en la práctica se traducirá en su "entrada en el censo de víctimas". Por último, recordó que es el actual Gobierno de España el que "se reafirma en la memoria de la lucha guerrillera, para que forme definitivamente parte del patrimonio memorial más importante de la democracia española".