Ha sido Guillermo Rocafort, secretario de la Asociación de Memoria Histórica Raíces y experto en legislación de Memoria Histórica, quien ha localizado la anomalía y denunciado los hechos. La Ley de Memoria Democrática, que ya se encuentra en las postrimerías de su tramitación parlamentaria, no cuenta con el dictamen del Consejo de Estado pese a que es uno de los organismos que debían haber sido consultados.
Un informe del Ministerio de Justicia suscrito hace un año por la responsable de la Secretaría General Técnica, Paula Novo, establece claramente en el último punto de su tercer apartado —que recoge entre otras cosas los dictámenes necesarios para la tramitación—, página 13, que "de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, se recabará el dictamen del Consejo de Estado". Es decir, la "expresión solemne y formal del parecer jurídico cualificado" del máximo órgano consultivo de España. El propio Consejo de Estado reconoció ante el requerimiento de Rocafort que "no ha entrado ningún expediente del Consejo de Estado para dictaminar con ese enunciado". A este respecto hay que añadir que el juicio del máximo órgano consultivo no era vinculante, pero sí preceptivo, por lo que su ausencia, en opinión de Rocafort, obliga a que "el Gobierno retire" el ya proyecto de ley por "carecer de elementos esenciales para su tramitación".
Para Rocafort, que lleva tiempo analizando las "irregularidades" en el ámbito de la Memoria Histórica, la ley que se "trata de imponer" es una ley "sectaria e ideologizada" y en este momento "el borrador de ley es ya ilegal". "El Consejo de Estado habría informado en contra del anteproyecto, por la infinita cantidad de anomalías jurídicas que conlleva, como bien señalaron la mayoría de informes consultivos emitidos, y esto ha sido algo que el Gobierno ha tratado de evitar de forma maliciosa". De hecho, los otros informes oficiales críticos con el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática han sido redactados "por varios ministerios y poderes del Estado: el de Presidencia del Gobierno, el del CGPJ, el de Interior o el del sector profesional de la Fiscalía".
Primer examen en el Congreso
La Ley de Memoria Democrática tiene previsto pasar hoy su primer examen en el Pleno del Congreso. Para ello, tendrá lugar el debate sobre las enmiendas a la totalidad que han presentado tanto ERC, como PP y Vox, en un intento por frenar la tramitación del texto del Gobierno. Las razones de los tres partidos para presentar esas enmiendas a la totalidad difieren significativamente, sin embargo. Tanto PP como Vox han solicitado únicamente la devolución del proyecto al Ejecutivo, por considerarlo parcial. ERC, en cambio, ha presentado un texto alternativo, ya que considera que la propuesta del Gobierno es insuficiente. Se prevé que todas esas enmiendas sean rechazadas.