Dos cuestiones concretas han salpicado la retirada de la estatua de Francisco Franco en Melilla el pasado mes de febrero y han alimentado la polémica. La primera, el hecho evidente de que la efigie iba dedicada a su etapa africana y, en concreto, a su papel relevante en la defensa de la ciudad tras los acontecimientos de 1921, sucedida mucho antes de su labor durante la Guerra Civil y su posterior condición de dictador. Así consta por escrito en un acta del Ayuntamiento de Melilla de 1977, algo que, a juicio de la Plataforma Millán Astray, prueba que la estatua no estaba afectada por la Ley de Memoria Histórica. La segunda es una incongruencia de la consejera socialista de Educación y Cultura del Gobierno de Melilla, Elena Fernández Treviño, que habría reconocido en un documento que el monumento formaba parte de una zona de la ciudad declarada Bien de Interés Cultural.
El requiebro de la consejera en ese documento, concretamente, trataba de justificar el hecho de que la estatua, al no gozar de forma individual de la protección que reciben todos los bienes catalogados como de Interés Cultural, sólo podía ser catalogada como un "bien mueble más", igual de importante que cualquier "banco o farola" allí colocados. "Esta escultura, si bien se ubica en el Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural mediante Real Decreto 2751/1986 de 5 de diciembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural –con la categoría de Conjunto Histórico–, una zona de la ciudad de Melilla, no está, en sí, declarada individualmente Bien de Interés Cultural como monumento, por lo que goza de la misma protección que cualquier otro inmueble ubicado en el citado Conjunto Histórico", rezaba el documento. La analogía del banco y la farola fue utilizada por Fernández Treviño en una intervención pública destinada a explicar la retirada de la estatua. En ella, la consejera dio a entender que habrían podido quitarla sin demasiados reparos, "igual que se quita una farola", pero que, por su "trascendencia" y el "respeto que merece", decidieron llevar el asunto a "comisión y a pleno".
En varias declaraciones recogidas por el diario La Razón, representantes tanto de la Fundación Francisco Franco como de la Plataforma Millán Astray han hecho públicas sus quejas. Ambos organismos han reclamado ante los tribunales la reposición del monumento y han denunciado diversas dificultades a la hora de recabar toda la documentación que ilustra en qué se basó la decisión del Ejecutivo. Guillermo Rocafort, secretario de la Plataforma Millán Astray, dice tener tres resoluciones del Consejo de Transparencia que reclaman que el gobierno de Melilla les facilite esa información, y añade que las palabras de Fernández Treviño asegurando que ya se la han entregado son falsas, ya que sólo habría recibido una serie de correos electrónicos donde podían leerse las órdenes de la retirada de la estatua.