La descolonización del Sáhara Occidental, del que España sigue siendo potencia administradora, es uno de los pocos conflictos nacidos en la Guerra Fría que todavía se mantienen activos, debido, sobre todo, a la negativa marroquí a cumplir las resoluciones de la ONU que establecen un referéndum de autodeterminación. Pedro Sánchez, sin contar siquiera con sus ministros, ha tratado de cambiar la política española sobre su resolución.
¿Cuándo se inicia el conflicto?
Desde 1958, el Sáhara era una provincia española igual que cualquier otra, pero en 1963 Madrid aceptó en la ONU que se le aplicase el principio de autodeterminación. Los saharauis eran ciudadanos españoles, pero no gozaban de los mismos derechos que los demás compatriotas.
La ONU estableció en 1966 que la descolonización debía realizarse mediante referéndum, porque no se trataba de su reintegración territorial a un Estado preexistente, como es Gibraltar. Hasta 1973, Marruecos, que ya había recibido Tarfaya en 1958 e Ifni en 1969, no criticó esta decisión ni votó en contra.
Marruecos cambió de opinión, debido a la riqueza del territorio (yacimientos de fosfatos, pesca y previsiones de petróleo, que luego no se confirmaron) y a la necesidad de hallar un factor que asentase la monarquía (el rey Hassán II había sufrido dos intentos de asesinato en 1971 y 1972) y reclamó la entrega del territorio y su población, calculada más tarde en casi 75.000 nativos.
El franquismo fundó en 1967 una especie de consejo de jefes de tribu, llamado Yemáa, con el que mantener relaciones. En febrero de 1973, la Yemáa pidió al jefe del Estado español la concesión de la autonomía. Franco respondió mediante una carta remitida en septiembre en el que aceptaba la solicitud y reconocía que la autonomía sería un paso previo a la autodeterminación.
El estatuto se elaboró con aportaciones del propio Franco, quien dio el visto bueno en mayo de 1974. Madrid envió el proyecto a la Yemáa, que lo aprobó por unanimidad en una sesión el 4 de julio y lo devolvió para su aprobación definitiva.
En agosto de 1974, el Gobierno español anunció que convocaría un referéndum de autodeterminación el 31 de mayo de 1975, para lo que elaboraría un censo, medida que anulaba el proyecto de estatuto de autonomía. Argelia mostró su apoyo al anuncio español, pero Marruecos pidió el 17 de septiembre al Tribunal Internacional de La Haya un dictamen consultivo sobre cuestiones de dominio histórico en el Sahara. La ONU, de manera sorprendente, aceptó la petición y pidió a España que aplazase el referéndum.
El 16 de octubre de 1975, el tribunal dictaminó que Marruecos nunca había tenido soberanía sobre el Sáhara o sus tribus. Sin embargo, Hassán declaró que se le había dado la razón y convocó una ‘marcha verde’ para recuperar el territorio.
El Gobierno español, presidido por Carlos Arias Navarro, y el jefe de Estado interino por la enfermedad de Franco, su sucesor designado, el príncipe Juan Carlos, aceptaron el abandono del Sáhara. El 14 de noviembre, unos representantes españoles firmaron con otros marroquíes y mauritanos una serie de textos que se han llamado los Acuerdos de Madrid, no aceptados por la ONU.
El 26 de febrero de 1976 se arrió la última bandera española y comenzó la guerra. El territorio se repartió entre Marruecos y Mauritania. Ésta lo abandonó en 1978. La guerra se prolongó hasta 1991, en que se firmó un alto el fuego, con el compromiso marroquí de celebrar un referéndum de autodeterminación. Por la negativa de Rabat a celebrar éste, la guerra se ha reanudado, por ahora limitada a escaramuzas.
¿Cuál ha sido la postura de España hasta ahora?
El régimen español no quería verse implicado en una guerra colonial y por ello abandonó a los saharauis. El Consejo de Seguridad, en el que estaba la URSS, no desaprobó los Acuerdos de Madrid. Este silencio es para Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela, un misterio aún no explicado. Sólo se pronunció la Asamblea General y en contra.
Tanto el Gobierno de Arias como los siguientes hasta José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) mantuvieron el principio de que España apoya la resolución del conflicto y la conclusión del proceso de descolonización dentro de los principios enunciados por las Naciones Unidas: celebración de un referéndum de autodeterminación por parte de la población nativa (incluida en el censo informatizado elaborado por las autoridades españolas). También ha sido una manera de dejar que el problema lo resolvieran otros.
La importancia de España para el régimen marroquí es que sigue siendo potencia administradora del territorio, como ha declarado en numerosas ocasiones la ONU, la última en febrero. Los mismos Acuerdos de Madrid no incluyen la cesión de la soberanía española.
El presidente que más se implicó en la resolución del conflicto fue José María Aznar (PP).
El enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, el norteamericano James Baker (1997-2004), propuso en 2003, después de la ocupación por Marruecos del islote de Perejil, un período de cinco años en el que el Sáhara sería gobernado de manera autónoma dentro del reino de Marruecos y a los cinco años se celebraría un referéndum en el que votarían hasta los colonos marroquíes. En julio de 2003, el Consejo de Seguridad aprobó el plan por unanimidad e instó a Marruecos y al Polisario a su aplicación.
Rabat estaba tan poco convencido del voto de los marroquíes a favor de la unión que lo boicoteó con la ayuda de París. Marruecos dijo que jamás aceptaría un referéndum que incluyera la opción de la independencia. En junio de 2004, con el socialista Rodríguez Zapatero en el Gobierno español, Baker dimitió.
Al poco de acceder a la presidencia, Zapatero anunció que él, en seis meses, presentaría una solución al conflicto. El PSOE ha sido, junto con la CiU del catalanista Jordi Pujol, el partido español más pro-marroquí. El hombre del "ansia infinita de paz" se adhirió ‘de facto’ a la propuesta marroquí de autonomía, aunque formalmente no se atrevió a romper la política española. En 2015, Zapatero participó en un foro promarroquíen la ciudad saharaui ocupada de Villa Cisneros.
Mariano Rajoy mantuvo la misma postura tradicional de remitirse a la resolución pacífica del conflicto mediante un referéndum de descolonización.
¿Qué tiene que ver Argelia en todo este asunto?
Argelia no pretende anexionarse el Sáhara, ya que ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática. Además, en Tinduf se encuentran los mayores campamentos de refugiados. Sin Argelia, los saharauis probablemente habrían sido vencidos por el sultán.
La república argelina pretende disponer de un Estado aliado que disuada a Marruecos de nuevas agresiones de todo tipo. Cuando en agosto pasado, Argelia volvió a romper relaciones diplomáticas con Marruecos, presentó una lista de actos hostiles: realización de espionaje electrónico, apoyo a grupos separatistas en la región de la Cabila, provocación de incendios forestales, etc.
Otro objetivo de Argel es obligar a Rabat a respetar las fronteras heredadas de la descolonización, principio del que también se beneficiaría España.
¿Qué tiene que ganar o perder España con respecto a Marruecos?
Marruecos es un Estado agresivo que, desde su independencia en 1956, se ha expandido territorialmente a costa de España, aunque ha librado guerras con todos sus vecinos y ocupa ilegalmente un territorio. También es un estado nada fiable, pues incumple sus compromisos diplomáticos.
En uno de los anejos secretos del Acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975 se pactó que Marruecos concedería durante quince años derechos de pesca en sus aguas atlánticas a 600 barcos españoles en su costa atlántica y a otros 200 en su costa mediterránea y que se trazaría la mediana para delimitar las aguas territoriales de España y Marruecos. Rabat no concedió esas licencias y la delimitación de aguas todavía no se ha realizado ¡47 años después!
Marruecos no cumple el Tratado de Amistad firmado con España en 1993 al haber ocupado el islote de Perejil; al no reconocer la integridad territorial española (si no ha planteado la reivindicación en la ONU de Ceuta y Melilla es porque carece de títulos suficientes); y al permitir que en su suelo se organicen ataques a las fronteras españolas mediante inmigrantes ilegales extranjeros o su propia población.
Marruecos no cumple el Acuerdo de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente (1992) al negarse a aceptar la devolución de los inmigrantes ilegales que irrumpen en España.
Marruecos no ha querido delimitar las aguas territoriales con España.
Marruecos despliega sus servicios de información en España con impunidad.
Si Marruecos obtuviera la anexión del Sáhara Occidental con la complicidad de algún Gobierno español, debido a su presión y al ‘lobby’ promarroquí instalado en España, no cabe dudar de que seguiría amenazando las fronteras marítimas y terrestres de su vecino más débil.
Uno de los argumentos habituales del ‘lobby’ promarroquí para no romper con Rabat es su supuesta colaboración con la persecución del terrorismo islamista, tanto en su país como en las mezquitas establecidas en España, pero esta labor no debe de ser muy efectiva cuando los marroquíes abundan en las células yihadistas desarticuladas en Europa.
¿Qué tiene que ganar o perder España con respecto a Argelia?
En los años 80, el Gobierno socialista de Felipe González suspendió la construcción de centrales nucleares. Para sustituir esa energía, recurrió al gas natural argelino. En un movimiento absurdo, decidido por la demagogia y quizás otras razones, se cambiaba así una fuente propia por otra extranjera. Si Centroeuropa depende del suministro ruso, España lo hace del norte de África. Argelia, que en 2021 suministró más del 40% del gas natural que consumimos, ha cerrado uno de los gasoductos con España, el que atraviesa Marruecos.
No es probable que Argelia vulnere el acuerdo de suministro a Naturgy vía Sonatrach, que estará vigente hasta 2030, pero sí que aumente los precios de su materia. De esta manera se encarecería la energía que usamos y aumentaría el empobrecimiento de los españoles.
Además, Argelia es el otro perjudicado por el eje París-Rabat. Una alianza entre España y Argelia sería un factor de estabilidad en el Magreb y el estrecho de Gibraltar, a la vez que daría a ambos países más libertad en política exterior. Una de las finalidades de las élites francesas y marroquíes (en ocasiones unidas por la corrupción) consiste en mantener separadas y por tanto débiles a Madrid y Argel. Aznar trató de establecer esa alianza, lo que le afeó Felipe González, que salió en defensa de Marruecos.
Renovar ese acuerdo, basado en intereses comunes como el levantamiento un muro contra el expansionismo marroquí, sería una excelente tarea, pero no parece que los intimidados Gobiernos españoles ni nuestra somnolienta diplomacia quieran romper con los viejos hábitos de mirar siempre a París antes de pronunciarse en asuntos internacionales y de enviar ayuda al desarrollo al ‘vecino amable del sur’.