La entrada en vigor de la llamada Ley de "Memoria Democrática" exige un análisis riguroso de las obras que se ocupen de nuestra historia reciente, en particular de las cuestiones relacionadas con la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la Transición. El contenido de la Ley es una apología de la mentira, al servicio de supuestos intereses electorales, por lo que sus consecuencias deben ser examinadas con el mayor rigor, y quienes intenten aplicarla deberán ser oportunamente descalificados, por su falta de vergüenza.
La libertad de expresión que establece el artículo 20 de Constitución impedirá, con mucha probabilidad, que este bodrio legal se aplique, pero no pueden descartarse actuaciones sectarias vinculadas al sanchismo, que ha promovido todo un vivero de idiotas políticos.
Al mismo tiempo, resulta preciso examinar las obras que se publican, la mayor parte de las cuales, por fortuna, sirven a una historia veraz. Es el caso, por ejemplo, de Barbastro, una diócesis mártir (1931-1939), de Martín Ibarra Benlloch. El 84 por 100 de los religiosos de la diócesis fueron asesinados por milicianos de izquierda, en bastantes casos tras haber sido torturados.
Aquellos milicianos asesinos, algunos de los cuales fueron después de la guerra juzgados, condenados y ejecutados, son considerados por los farsantes de la "Memoria Domocrática" como víctimas del franquismo. Pero, ¿desde cuándo un asesino es una víctima? Las auténticas víctimas fueron aquellos religiosos y laicos a quienes los milicianos habían torturado y asesinado. El hecho de que los tribunales militares de la posguerra no tuvieran las garantías del actual Estado de Derecho no anula los asesinatos que se cometieron, tanto en Barbastro como en miles de poblaciones, por unos partidos y sindicatos de izquierda que actuaron con impunidad consentida por el Gobierno del Frente Popular, presidido entre septiembre de 1936 y marzo de1939 por dos políticos socialistas: Francisco Largo Caballero y Juan Negrín.
Otra reciente obra veraz, así mismo impresionante, es Inspirados por Satanás, de Jorge López Teulón. El título llama la atención, pero se explica por haberse producido en la España de los años Treinta la mayor persecución y genocidio de cristianos desde el Imperio romano, tanto de religiosos y laicos católicos como de recintos y bienes sagrados, lo que sugiere una clara inspiración diabólica. Un sinnúmero de profanaciones, así como la destrucción de miles de iglesias, conventos y ermitas, causaron además al patrimonio artístico un daño del que no había precedente.
Merece la pena destacar también Vecinos de sangre, de Pedro Corral, basado en los informes que en las semanas inmediatas al final de la guerra tuvieron que presentar los vecinos de casas de pisos de Madrid. Como es historia veraz no hay en sus páginas un relato maniqueo, sino una destallada muestra de la complejidad y sufrimientos de los residentes en la capital de España durante casi tres años de guerra.
Por el contrario, resulta penoso leer Qué hacer con un pasado sucio, del catedrático emérito José Álvarez Junco. Aunque reconoce que las políticas de memoria no pueden ser unidireccionales y que unas memorias contradicen, de manera legítima, a otras, algunos de sus contenidos son de acusado sectarismo. El más llamativo es que sus análisis sobre la política aplicada en diversos países tras haber pasado una larga dictadura se limitan a regímenes de derechas o similares. No analiza un solo caso de los que habían padecido dictaduras comunistas, varias de las cuales por cierto siguen en vigor.
Acierta cuando niega que durante la Transición se produjera un olvido del pasado reciente; por el contrario, antes incluso de la muerte de Franco se publicaron numerosas obras, que aumentaron en los primeros años de la democracia sin ninguna limitación. Álvarez Junco cita buen número de títulos, algunos bastante mediocres, pero de manera incomprensible no cita la Historia del Ejército Popular de la República de Ramón Salas Larrazábal, Perdidas de la guerra del mismo autor o la Historia Política de las dos Españas, de José María García Escudero, que dan ciento y raya a casi todos los que cita.
Y también incluye algunos disparates. El más notable es asegurar que en la posguerra hubo 40.000 ejecuciones y 15.000 asesinatos. ¿De dónde saca esas cifras? De ninguna parte. Ni ha efectuado una investigación al respecto, ni puede citar alguna que lo haya hecho, por la sencilla razón de que no existe, hasta ahora, un balance general. Los estudios parciales solventes niegan semejante número (los ejecutados en las dos provincias más pobladas, Madrid y Barcelona, fueron en total algo más de 6.000).
En definitiva, un ejercicio de frivolidad impropio de un catedrático de casi 80 años. No es memoria y mucho menos democrática.