Hace ahora cien años, la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera obtuvo de principio a fin la colaboración del Partido Socialista Obrero Español.
Aún vivía el fundador del partido, Pablo Iglesias, cuando el mismo 13 de septiembre en que se pronunció en Barcelona Primo de Rivera, el PSOE y su sindicato afín, la Unión General de Trabajadores, acordaron recomendar que no se prestase aliento al golpe de Estado, pero también que no se tomaran iniciativas sin recibir instrucciones. El comunicado conjunto de ambas organizaciones efectuó una dura crítica al gobierno legal y legítimo que presidía Manuel García Prieto:
Ningún vínculo de solidaridad, ni siquiera de simpatía política, nos liga con los gobernantes. Al contrario: merecen de nosotros los más duros reproches por haber incumplido desde el Poder cuantas ofertas hicieron antes de escalarle, y en singular aquellas por las cuales pudo abrigar el país la esperanza de ver, si no resuelto, por lo menos decrecido en su dolor el problema de Marruecos, devorador insaciable de todas las energías nacionales.
El partido y el sindicato aprobaron también la reunión que, apetición de Primo de Rivera, efectuó el dictador el 2 de octubre con Manuel Llaneza, diputado socialista por Asturias y secretario del sindicato minero asturiano. Cuando Llaneza llegó a la Estación del Norte le estaba esperando un automóvil del ministerio de la Guerra, que le condujo al encuentro con Primo. Éste le propuso una colaboración destinada a mejorar la situación de los trabajadores.
Largo Caballero, consejero de Estado
La cordialidad entre el socialismo español y el Directorio establecido por Primo se reforzó en los meses y años siguientes. El 29 de noviembre el gobernador militar de Madrid, Juan O´Donnell, duque de Tetuán, visitó la Casa del Pueblo de la calle Piamonte, sede del partido y el sindicato socialistas, cuya actividad colmó de elogios: los obreros madrileños recibían allí "orientación buena y de ciudadanía".
Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, fue primero vocal de la Organización Corporativa Nacional creada por el ministro de Trabajo Eduardo Aunós (antiguo secretario del catalanista Cambó) y luego consejero de Estado, nombrado por los vocales obreros del Consejo Superior del Trabajo y previa autorización de las direcciones del partido y el sindicato. Aunós promovió la constitución de Comités Paritarios destinados a mediar y resolver los conflictos sociales y en la práctica la UGT copó la representación obrera, hasta el punto de desplazar a los sindicatos católicos, a pesar de que la Dictadura afirmaba inspirarse en los principios de cooperación de la Doctrina Social de la Iglesia.
El entendimiento entre Primo de Rivera y los socialistas se extendió a todos los ámbitos, tal y como relataría en sus memorias el futuro jefe de gobierno republicano Manuel Azaña:
Según me ha contado muchas veces Largo Caballero, durante la dictadura la Guardia Civil se comportó rectamente con los obreros y campesinos, y no maltrató a nadie, como solía hacer en tiempo anterior. A poco de venir la dictadura, la Guardia Civil maltrató y atormentó a unos campesinos en un pueblo de Extremadura. Vinieron a Madrid a quejarse, Largo Caballero escribió al general Nouvilas, secretario del Directorio Militar; se comprobó la denuncia y el Directorio dio órdenes, que fueron cumplidas, para que tales cosas no ocurrieran más.
El PSOE y la UGT continuaron siendo organizaciones legales que celebraban sus congresos periódicos, al contrario que los anarcosindicalistas de la CNT, que fueron proscritos debido a sus acciones terroristas. Entre otros crímenes, en 1922 sus miembros habían asesinado a Eduardo Dato, que había sido presidente del Consejo de Ministros.
Cuando en 1927 Primo de Rivera creó la Asamblea Nacional Consultiva, con el encargo de preparar un proyecto de Constitución, se ofrecieron seis puestos a la UGT, que dirigentes socialistas muy destacados, como el profesor Julián Besteiro, se manifestaron a favor de aceptar. Sin embargo, la mayoría del PSOE votó en contra, durante el XII Congreso celebrado entre el 29 de junio y el 4 de julio de 1928.
Este rechazo no impidió que continuase en otros ámbitos la presencia de UGT. En el mismo Congreso una minoría de dirigentes socialistas, encabezados por Indalecio Prieto y Teodomiro Menéndez, prppusieron la retirada socialista de los ayuntamientos y el Consejo de Estado, pero se opuso una mayoría dirigida por Largo Caballero, Besteiro, Llaneza y Andrés Saborit, quienes ganaron de forma abrumadora: 5.388 votos frente a 740.
El socialismo y la dictadura de la mano hasta el final
La colaboración entre la dictadura y el socialismo continuó hasta el último día. Cuando Primo de Rivera dimitió a finales de enero de 1930 y fue sustituido por el general Dámaso Berenguer, éste recibió un informe del director general de Seguridad, general Bazán, en el que elogiaba el comportamiento de los socialistas:
La actuación socialista durante los seis últimos años ha sido francamente gubernamental. La legislación obrera, y más especialmente la creación de los Comités Paritarios, han sido causa determinante de que, pese a la enorme crisis de trabajo, los obreros afiliados al Socialismo hayan resistido insinuaciones y gestiones, y se hayan negado sus jefes en repetidas ocasiones a cooperar en los movimientos de revuelta y agitación política para los que muchas veces fueron requeridos.
No terminó ahí todo. El Comité Revolucionario republicano promovió un golpe de Estado para el 15 de diciembre de 1930, que debían llevar a cabo algunas unidades militares y la UGT. La rebelión militar se produjo en Jaca y Madrid, pero el sindicato socialista no participó y el golpe fracasó.
Todavía hubo una continuidad posterior. En abril de 1931, tras el establecimiento de la Segunda República, Francisco Largo Caballero se convirtió en ministro de Trabajo. Una de sus principales iniciativas fue el establecimiento de Jurados Mixtos, que fueron una continuidad de los Comités Paritarios de la dictadura.