Ninguna guerra es inevitable, pero sobre todo son evitables sus prolegómenos, que se acumularon en España durante los meses previos a julio de 1936.
La bola de nieve comenzó a rodar montaña abajo en el mes de enero, cuando se convocaron elecciones generales casi dos años antes de que finalizara la legislatura, debido a la actuación torpe y sectaria del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora.
El siguiente personaje que emponzoñó la vida política española fue el líder de Izquierda Republicana, Manuel Azaña, que había presidido el Consejo de Ministros durante casi dos años, entre 1931 y 1933. Azaña promovió una alianza —el Frente Popular— con los partidos que sólo quince meses antes se habían rebelado con gran violencia contra el gobierno legal y legítimo de la República, integrado por los partidos del centro y la derecha que habían ganado con gran ventaja las elecciones generales de noviembre de 1933. El Partido Socialista Obrero Español, el sindicato Unión General de Trabajadores, el Partido Comunista, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña y grupos menores convergieron en el Frente Popular que Azaña preconizaba.
Tras una campaña electoral apasionada y con numerosas amenazas, la aplicación del sistema de voto restringido, la parcialidad de la comisión parlamentaria de Actas y la repetición de elecciones en Cuenca y Granada sin garantías democráticas, otorgó mayoría al Frente Popular y sus aliados. En Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han concluido que hubo fraude en 50 escaños atribuidos a la izquierda. Sin ellos, hubiera carecido de mayoría parlamentaria absoluta.
Fuego cruzado
Siguieron unas semanas de violencia creciente, que en los cinco meses transcurridos entre el 16 de febrero —fecha de las elecciones— y el 17 de julio —comienzo de la guerra— causaron la muerte de 482 personas, según la investigación de Álvarez Tardío y Fernando del Rey en Fuego cruzado. La mayor parte de esa violencia tuvo origen en la izquierda: PSOE, UGT, PCE y los anarcosindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo. Salvo muy escasas excepciones, ni los republicanos de izquierda de IR (Azaña), ni los de UR (Martínez Barrio), ni los republicanos conservadores de Maura, ni los centristas de Portela, ni los partidos de centro derecha —la CEDA de Gil Robles, la Lliga Regionalista de Cambó, el Republicano Radical de Lerroux, los Agrarios, la Comunión Tradicionalista, los monárquicos del Bloque Nacional de Calvo Sotelo, y los nacionalistas vascos— participaron de esa violencia, aunque sí Falange Española, una formación antidemocrática, financiada por el fascismo italiano, situada en la extrema derecha, que causó 56 muertos y sufrió 65.
Según los datos de Fuego cruzado, la izquierda fue responsable de 744 agresiones y 382 víctimas, entre muertos y heridos; la derecha de 431 episodios y 193 víctimas; las fuerzas policiales de 333 episodios y 84 víctimas; las fuerzas militares de 43 episodios y 10 víctimas.
Junto a esa violencia personal se produjo otra que afectaba a cargos públicos —con numerosas destituciones por la fuerza de políticos derechistas— y la expropiación ilegal de tierras de cultivo, que llevó a muchos propietarios del sur de la Península a abandonar sus propiedades y refugiarse en las ciudades. Dichas expropiaciones, amparadas luego por el Gobierno, no mejoraron la situación de los trabajadores agrícolas, por falta de capacidad de gestión. Incluso en casos favorables, los costes de producción no eran compensados por los ingresos y hacían inútil el esfuerzo. El paro agrícola aumentó y en conjunto se aproximó al diez por ciento, una cifra sin precedentes. Numerosas huelgas —444 en junio según datos oficiales— entorpecían el funcionamiento de la economía. En muchos casos, los sindicatos reclamaban aumentos salariales que las empresas no estaban en condiciones de asumir.
Al mismo tiempo se produjeron centenares de agresiones a la religión católica, desde templos a religiosos, y a los medios de comunicación derechistas, entre ellos diez periódicos que fueron destruidos. Desde que el Frente Popular llegó al Gobierno en febrero, sucesivos estados de alarma impusieron la censura previa, que impedía publicar noticias de signo negativo para la izquierda, desde asesinatos a sentencias judiciales.
El régimen republicano del Frente Popular, en definitiva, no era una democracia. Peor aún: estaba destruyendo el Estado de Derecho. Existía además una dinámica revolucionaria, que lideraba el secretario general de UGT y jefe del grupo parlamentario socialista, Francisco Largo Caballero, a quien sus correligionarios apodaban desde 1933 el Lenin español. No era una denominación gratuita. La revolución que encabezaron los socialistas en octubre de 1934 causó, según cifras oficiales, 1.372 muertos (1.051 paisanos, 129 militares, 111 guardias civiles, 70 agentes de Seguridad y Asalto y del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, 11 carabineros), 2.921 heridos, siete desaparecidos, 63 edificios públicos incendiados, volados o deteriorados, 58 iglesias, cinco centros culturales, 26 fábricas, 58 puentes y daños graves en 66 vías de ferrocarril y 31 tramos de carretera. Una de las víctimas mortales fue el diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, asesinado por pistoleros socialistas en Mondragón (Guipúzcoa). Los templos destruidos comprendieron la catedral de Oviedo. Entre los edificios públicos vandalizados, cuarteles, ayuntamientos y centros de enseñanza. Las instrucciones impartidas a los revolucionarios preconizaban una violencia extrema y el desencadenamiento de una guerra civil.
Largo participaba en mítines bajo un gran retrato del dictador bolchevique y en abril había patrocinado la unión de las juventudes socialistas y comunistas, bajo la denominación de Juventudes Socialistas Unificadas. En el discurso que pronunció con tal motivo en la plaza de toros de Las Ventas destacó que "la clase trabajadora tiene que marchar hacia la dictadura del proletariado, que es la verdadera democracia". En junio los "largocaballeristas" propusieron formalmente al congreso que debía celebrar la Agrupación Socialista Madrileña la fusión de los partidos Socialista y Comunista.
Mola, el Director
Semejante proceso inquietó a gran parte de la población y desde el mes de marzo algunos generales consideraron la oportunidad de un golpe de Estado, entre ellos los generales Francisco Franco y Emilio Mola, aunque la iniciativa quedó en suspenso, a la espera de la evolución política. Sólo se reactivó cuando en mayo el general Mola, comandante militar de Navarra, se autoproclamó Director de la conspiración y comenzó a elaborar planes destinados a que la autoridad militar se hiciera con el poder, de forma similar al golpe que en 1923 había llevado a cabo el general Miguel Primo de Rivera.
Mola deseaba movilizar a cuatro columnas que convergieran sobre Madrid, pero a mediados de junio resultaba evidente que era una fuerza insuficiente para alcanzar su objetivo: un Directorio que no modificaría el régimen republicano y después de algún tiempo sometería a referéndum unas reformas políticas destinadas a que el sistema fuera más eficaz. En ese plan no estaba prevista una participación significativa de las fuerzas de Madrid y Andalucía, de quienes se esperaba una neutralidad benévola, ni tampoco del norte de África y Canarias, que permanecerían en "actitud pasiva" y deberían rechazar posibles órdenes del Gobierno para trasladarse a la Península y combatir la sublevación. La misión encomendada a la Marina era oponerse a cualquier orden de transporte de dichas fuerzas que pudiera recibir del Gobierno.
El 24 de junio Emilio Mola cambió los planes. Envió al teniente coronel Juan Yagüe, jefe de la Segunda Legión del Tercio, unas "Directivas para Marruecos" que encarecían el rápido traslado de las unidades del norte de África a la Península:
Ha de procurarse por todos los medios organizar dos columnas mixtas sobre la base de la Legión, una en la Circunscripción Oriental y otra en la Occidental, que desembarcarían respectivamente en Málaga y Algeciras.
Al frente de estas unidades estaría un "prestigioso general", a cuyo albedrío se fijarían los "detalles de ejecución" del movimiento en ciernes.
El nombre del prestigioso general no se citaba, pero Mola y Yagüe contaban con Francisco Franco, que en marzo había sido nombrado comandante militar de Canarias. Pero, sin embargo, tenía serias dudas sobre el éxito del pronunciamiento militar. Un día antes, el 23 de junio, se aisló en su despacho para escribir una larga carta al presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, que había asumido la cartera de Guerra, a quien manifestó su inquietud por medidas que dañaban la moral y disciplina militares.
El episodio más grave se había producido el 15 de mayo, cuando unos incidentes entre varios oficiales y militantes izquierdistas, en Alcalá de Henares, condujeron a que la Casa del Pueblo exigiera el traslado de los dos regimientos de Caballería que componían la guarnición: el Villarrobledo nº 1 y el Calatrava nº 2. El Gobierno se plegó al chantaje y ordenó el traslado en 48 horas de ambas unidades: el Villarrobledo a Palencia y el Calatrava a Salamanca. Cuando los mandos solicitaron una ampliación del plazo fueron arrestados y conducidos a la prisión de Guadalajara. A todos se les instruyó juicio sumarísimo y fueron sometidos el 24 de mayo a un consejo de guerra, que condenó a un coronel y tres comandantes, por sedición, a doce años de prisión con separación del servicio, mientras que los oficiales procesados fueron condenados a tres años, con suspensión de empleo.
Franco criticaba la actuación de las organizaciones clandestinas UME (derechista) y UMRA (izquierdista), a las que comparaba con las Juntas de Defensa de 1917, "heraldo de futuras luchas civiles".
Faltan a la verdad —añadía— quienes presentan al Ejército como desafecto a la República; prestan un desdichado servicio a la Patria quienes disfracen la inquietud y patriotismo de la oficialidad, haciéndolos aparecer como síntomas de conspiración y desafecto.
Casares no respondió a Franco, pero tanto él como el nuevo presidente Manuel Azaña consideraron que era un mensaje tranquilizador y que Franco no estaba involucrado en conspiración alguna, según el testimonio del secretario particular de Azaña, Hernández Saravia.
El general Franco no informó de esta carta a Mola, quien se quejó durante las semanas siguientes de que no tenía comunicación alguna con el comandante militar de Canarias, cuyo liderazgo estimaba imprescindible para la sublevación y mando de las unidades norteafricanas. A pesar de la falta de noticias y consciente de la necesidad de asegurar el rápido traslado de Franco, consiguió que el empresario Juan March, exiliado en el sur de Francia, financiara —con un cheque en blanco— el alquiler de un avión que pudiera efectuar un vuelo de más de mil kilómetros.
La opción inicial era un hidroavión que volara de Canarias a Ceuta, pero no había ningún aparato disponible con suficientes prestaciones y por consejo del ingeniero Juan de la Cierva, inventor del autogiro y cuya empresa hispanobritánica tenía sede en Londres, el elegido fue un bimotor terrestre, el moderno deHavilland DH.89, apodado Dragon Rapide. El avión, camuflado con tripulación y pasajeros británicos, despegó del aeródromo londinense de Croydon el sábado 11 de julio y tras escalas en Francia y Portugal llegó a Casablanca el lunes 13, sin instrucciones precisas.
Pocos días antes, José María Gil Robles, líder de la principal fuerza política de la derecha, la CEDA, ordenó enviar medio millón de pesetas de sus fondos electorales al general Mola para financiar el golpe de Estado. Las juventudes derechistas recibieron instrucciones de participar en la sublevación desde el primer momento, a las órdenes de las autoridades militares.
El domingo 12 de mayo envió un mensaje cifrado a Emilio Mola: "Geografía poco extensa". Cuando el Director de la conspiración lo recibió comentó: "Franco no va". Parecía evidente que el comandante militar de Canarias, pieza clave del golpe, consideraba insuficientes los planes y quería evitar una probable derrota del Ejército, en beneficio del Frente Popular. En caso de que se produjera un movimiento revolucionario, existen indicios de que Franco y otros mandos militares confiaban en que fuera combatido por los republicanos de izquierda gobernantes, respaldados, como en octubre de 1934, por la gran mayoría de Ejército y las fuerzas de Orden Público. Era uno de los sobreentendidos de su carta a Casares.
El asesinato de Calvo Sotelo
Menos de una semana antes del comienzo de la guerra, por tanto, la sublevación estaba en el aire. Podía incluso suponerse que su fracaso sería seguro. Todo ello cambió en la madrugada del lunes 13. Como represalia por el asesinato en Madrid de un oficial de Asalto e instructor de las JSU, el teniente Castillo, policías y paisanos socialistas secuestraron a las dos y media en su domicilio al diputado José Calvo Sotelo, líder del grupo parlamentario del Bloque Nacional. Minutos después, cuando era conducido en una camioneta policial, fue asesinado de dos tiros en la nuca y depositado, sin identificar, en el cementerio del Este. El autor de los disparos fue Luis Cuenca, afiliado a la UGT y que había formado parte de la escolta —la motorizada— del dirigente socialista Indalecio Prieto.
Este último y otros cargos del PSOE supieron en las primeras horas de la mañana del mismo lunes 13 que el asesino y los secuestradores eran correligionarios, pero encubrieron el crimen. Incluso una diputada, Margarita Nelken, ocultó a quien había dirigido la partida y efectuado personalmente el secuestro de Calvo: el capitán Fernando Condés, de la Guardia Civil, condenado por su participación en la revolución de octubre de 1934.
El Gobierno de Casares no había tenido participación alguna en el asesinato, pero entorpeció la investigación y censuró la información. El juez de guardia, Ursicino Gómez Carbajo, llevó a cabo una instrucción tan rápida como eficiente, que identificó como de sangre las manchas encontradas en la camioneta policial y llamó a declarar a varios de los agentes involucrados. También efectuó una inspección ocular del domicilio del diputado —en el número 89 de la calle Velázquez— y tomó declaración a la viuda y al personal de servicio. No había contradicción alguna: podía haber dudas en la identificación de algunos responsables, pero no en la naturaleza de lo que había sucedido. Agentes policiales habían secuestrado a un dirigente de la oposición, que luego había aparecido asesinado.
Por la tarde, el Gobierno nombró juez especial al magistrado del Tribunal Supremo Enrique Iglesias Portal, cuya actuación sería irrelevante. Lo peor fue la censura de prensa. Los periódicos no podían decir que Calvo Sotelo había sido asesinado, término reservado para el teniente Castillo, sino que había "aparecido muerto". El mismo lunes 13 por la tarde el diario vespertino Ya, de la Editorial Católica, publicó información veraz sobre el crimen y fue secuestrado. Peor fue lo del diario La Época: como protesta por no poder informar de que el político había sido asesinado, decidió no publicar la edición del martes 14, ante lo cual fue suspendido.
El Gobierno, además, humilló a la víctima. El cadáver del teniente Castillo pudo ser velado en el Salón Rojo de la Dirección General de Seguridad. Prohibió en cambio que los restos de Calvo Sotelo fueran velados en el Congreso de los Diputados o la Academia de Jurisprudencia, de la que había sido elegido presidente en 1933. El cadáver no podía salir del cementerio. El único recorrido autorizado era el que le llevase desde la capilla ardiente instalada en el propio recinto hasta la tumba.
La penúltima canallada del Gobierno Casares fue prohibir informar sobre la reunión que la Comisión Permanente de las Cortes celebró el miércoles 15, a menos que se reprodujera el acta taquigráfica íntegra, lo que por razones de espacio era imposible para casi todos los periódicos. Todavía hubo más: la detención de casi dos centenares de militantes derechistas, ajenos a los asesinatos.
Franco compra pasajes para su mujer y su hija
El episodio, tanto por el asesinato como por la reacción del Gobierno, indignó a gran parte de los ciudadanos. La Comunión Tradicionalista, después de varios meses de desencuentros, puso sus Requetés a las órdenes del general Mola. En Canarias, Francisco Franco rectificó sus anteriores reticencias y comunicó que participaría en la sublevación. Por la mañana del lunes 13, no antes y tras conocer por la prensa local el asesinato de Calvo Sotelo, pidió a su primo y ayudante —Francisco Franco Salgado-Araujo, Pacón— que sacara dos pasajes en un buque que hiciera escala en Francia. Sería el alemán Wadai, que cubría una ruta entre Hamburgo y las antiguas colonias germanas de África. La esposa de Franco, Carmen Polo, y su hija Carmencita, podrían embarcar en el Puerto de la Luz de Las Palmas el domingo 19 y desembarcar una semana más tarde en Le Havre, para ser acogidas después en Bayona por Mme. Claverie, que había sido institutriz de Carmen Polo en Oviedo, cuando la esposa de Franco, huérfana de madre, era adolescente.
El comandante militar de Canarias, por tanto, pensaba despedir a su mujer y su hija el 19, y trasladarse luego al Protectorado español en Marruecos, para declarar el estado de guerra el lunes 20 o el martes 21 de julio, previa destitución del general jefe de las Fuerzas Militares de África, Agustín Gómez Morato.
En Casablanca y al tener noticias del asesinato de Madrid, el periodista de ABC Luis Bolín, al mando de la expedición del Dragon Rapide, decidió por su cuenta y riesgo enviar el avión a Canarias, por la suposición cierta de que su verdadera finalidad era llevar a Franco hasta Tetuán, capital del Protectorado español. El Rapide, tras una escala en el Sahara español, y llevando a bordo sólo a los británicos, llegó a Las Palmas el 14, tras lo cual uno de los pasajeros, el excomandante Pollard, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife con un mensaje para Franco: "Galicia saluda a Francia", transmitido por medio de un médico militar. Era el aviso de que el avión había llegado.
Ese mismo martes 14 Franco recibió una última clase de inglés a cargo de su profesora, Dora Lennard, que ha dejado este testimonio:
La mañana posterior a que llegara la noticia del asesinato de Calvo Sotelo, encontré a un hombre cambiado cuando llegó para dar la clase. Parecía diez años mayor y resultaba evidente que no había dormido en toda la noche. Por vez primera estuvo cerca de perder su férreo dominio de sí mismo y su inalterable serenidad. Comentamos brevemente las noticias, pero él habló con pasión. Era obvio que se estaba agitando lo más profundo de su ser. Siguió la lección con visible esfuerzo y se retiró cuando llegó su hija.
El jueves 16 se produjo un suceso imprevisto: el comandante militar de Las Palmas, general Amado Balmes, murió a causa de un accidente de tiro, cuando trataba de desencasquillar una pistola apoyándosela en el vientre. La hipótesis de que el disparo fuera causado por orden de Franco carece de la menor prueba y es un absoluto disparate. Estaba previsto que Balmes, nombrado para el cargo por Franco, se hiciera cargo del mando en Canarias cuando se marchase el comandante militar del Archipiélago.
Melilla: la tarde que comienza la Guerra Civil
El viernes 17 por la mañana, a la misma hora en que se celebraba en Las Palmas el funeral de Balmes, presidido por Franco en representación del ministro de la Guerra y jefe del Gobierno, junto con las autoridades de la isla, los jefes de la conspiración en Melilla —tres tenientes coroneles, uno de ellos retirado— consiguieron pistolas del Parque de Artillería para armar a una veintena de falangistas, al considerar que no tenían apoyos suficientes para dominar una población en la que la izquierda había conseguido, en las elecciones de febrero, más del 70 por ciento de los votos. Aunque en las proximidades de la plaza había unidades consideradas seguras —la Primera Legión del Tercio y los grupos de Regulares 2 y 5—, no estaban motorizadas y tardarían horas en llegar a Melilla, sede de la Circunscripción Oriental del Protectorado.
Los conspiradores todavía consideraban posible que Franco llegara esa tarde a Ceuta. Seguían pensado que utilizaría un hidroavión e ignoraban la peripecia del Dragon Rapide. En Tetuán se anuló la alerta, pero los melillenses no fueron avisados.
El taxi de un falangista, que había ido a recoger pistolas y bombas de mano, encontró en el camino de vuelta a la sede de la conspiración —la Sección de Límites de África de la Comisión Geográfica de Marruecos— a un correligionario, Álvaro González de la Cruz, antiguo teniente, que era confidente del teniente de alcalde Felipe Aguilar, jefe local de Unión Republicana. A González de la Cruz le entregaron tres pistolas para que las entregara en su domicilio a otros tantos falangistas, pero en lugar de ello acudió a un bar donde se encontraba Aguilar, a quien mostró las armas.
El teniente de alcalde fue de inmediato a la Delegación del Gobierno para informar de lo que sucedía al delegado Jaime Fernández Gil, afiliado como él a Unión Republicana. Fernández Gil solicitó permiso al comandante general, Manuel Romerales Quintero, para efectuar un registro en el que era un recinto militar, petición a la que accedió Romerales.
Hacia las cuatro de la tarde, presididos por el secretario particular del delegado, Francisco Benet Enrich, media docena de agentes de paisano del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, y una decena de uniformados del Cuerpo de Seguridad, penetraron en el recinto de la Comisión, que ni siquiera tenía guardia en el portón de acceso.
Dentro, en un edificio de despachos de una sola planta, una docena de oficiales escuchaban las órdenes del jefe de la conspiración melillense, el teniente coronel Juan Seguí, que había seguido de forma brillante los cursos de Estado Mayor en Madrid y en París. Cuando advirtieron que estaban rodeados por fuerzas policiales siguieron ocultos, pero dispuestos a defenderse por la fuerza cuando fueran sorprendidos. Gracias al teléfono militar pudieron avisar por teléfono a la vecina Representación del Tercio, en demanda de ayuda. Atendió la llamada un sargento portugués, Joaquín Souza, quien de inmediato reunió a ocho hombres, dos cabos y seis legionarios, con quienes subió a la carrera la cuesta que conducía a la Comisión. Entraron por la fuerza y quedaron al principio desconcertados, ante unos guardias que estaban en el patio en actitud pacífica.
En ese momento uno de los conspiradores, el teniente del Tercio Julio de la Torre Galán, salió por su propia iniciativa de la oficina donde estaban los conspiradores y de un salto se puso al frente de los legionarios, a quienes ordenó que apuntaran a los guardias. Estaba tan nervioso que precisó "cada dos a por un guardia", cuando los agentes de Seguridad eran más numerosos que los legionarios. Uno de los guardias tiró su fusil al suelo y suplicó: "Mi teniente, no tirad, que somos padres de familia". El jefe de los guardias, teniente Juan Zaro, remató: "Compañero oficial de la Legión, mis guardias no disparan contra el Ejército". Julio de la Torre le abrazó: "Eres mi hermano". Eran las cuatro y veinte de la tarde y en ese instante daba comienzo la Guerra Civil española.
Se proclama el estado de guerra sin saberlo Franco
Las unidades del campo fueron avisadas para que se dirigieran a Melilla de inmediato. En las dos horas siguientes el general Romerales fue detenido y se proclamó en el centro de la ciudad el estado de guerra, mientras los militantes de izquierda iniciaban una resistencia que duró varios días y una veintena de bajas por ambos bandos.
El estado de guerra fue proclamado en nombre del general Franco, pero este último no sólo desconocía su texto, sino que en ese momento recorría en automóvil Las Palmas, en compañía de su mujer y su hija. Pasaron unas diez horas hasta que ya de madrugada, cuando dormía en el hotel Madrid, supo que en Melilla se habían adelantado. Gracias a la complicidad del delegado de Telefónica en Tenerife, Demetrio Mestres, el comandante militar de Canarias recibió el radiograma que había enviado desde Melilla el coronel Solans, que se había hecho con el poder tras la destitución de Romerales:
Este Ejército, levantado en armas, se ha apoderado en la tarde de hoy de todos los resortes del mando en este territorio. La tranquilidad es absoluta. ¡Viva España!.
Franco se desplazó de inmediato a la Comandancia Militar y comenzó a preparar el estado de guerra, que movilizó a las tropas a partir de las cinco y se anunció por radio a las siete de la mañana:
Aquí la estación EAJ-43 Radio Club Tenerife, al servicio de España y la causa que acaudilla el general Franco. Vamos a dar lectura al bando de proclamación del estado de guerra, que rige para las Islas Canarias desde las cinco horas de la mañana de hoy, 18 de julio de 1936.
En el Protectorado las fuerzas rebeldes dominaron todas las poblaciones, así como el aeródromo tetuaní de Sania Ramel, tras un breve tiroteo que no causó ninguna baja mortal. A mediodía, tras conocer que el territorio norteafricano estaba dominado, Franco decidió subir al Dragon Rapide, poco después de las dos de la tarde.
Y mientras, en la Península
Hacia la misma hora, en Sevilla, el general Gonzalo Queipo de Llano, inspector general de Carabineros, dominó con un golpe de audacia la sede de la Segunda División, a lo que siguió el control de Cádiz, Córdoba y Algeciras, cuya importancia estratégica resultaba evidente. En Madrid, el Gobierno Casares difundió sucesivos comunicados que intentaron, sin éxito, disminuir el alcance de la sublevación. Tres destructores fueron enviados a la costa de Melilla, de los que dos entraron el puerto, con orden de impedir el traslado de tropas a la Península. Hacia mediodía y tras ser estimulados por radio desde el Ministerio de Marina, numerosas tripulaciones se amotinaron y destituyeron a los mandos. Los rebeldes, de esa forma, no pudieron cumplir el plan del general Mola y sus mejores fuerzas quedaron aisladas durante un par de semanas en el Protectorado.
En cambio, lograron la adhesión de los marroquíes, después de que aviones gubernamentales —aparatos civiles modificados para que pudieran lanzar bombas— atacaran Tetuán. Su objetivo era el edificio de la Alta Comisaría, pero un error de puntería hizo que varias bombas cayeran junto a una mezquita, con el resultado de 15 muertos y 40 heridos, de los que diez y once eran marroquíes musulmanes. Los rebeldes, en particular el teniente coronel Juan Beigbeder, lo presentó como un ataque a la religión, lo que indignó a los musulmanes.
El avión de Franco se retrasó por dificultades en el repostaje de combustible (el concesionario del aeródromo de Agadir era un judío que celebraba el sábado) y hubo de aterrizar en Casablanca para pasar la noche. A lo largo del día, sin embargo, la sublevación se había extendido a varias capitales peninsulares, entre ellas tres que eran cabezas de División y disponían de decenas de miles de fusiles y abundante munición: Valladolid, Burgos y Zaragoza, aunque fracasó en otras de importancia, como Málaga y Bilbao. Santiago Casares Quiroga dimitió y fue sustituido por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, quien intentó sin éxito, mediante una larga conversación telefónica en la madrugada del 19 con el general Emilio Mola, restablecer la paz.
Su esfuerzo, sin duda bien intencionado, sería inútil. A primera hora de la mañana del domingo 19 se incorporó Navarra al golpe, con una gran movilización de los jóvenes tradicionalistas, pero al día siguiente la rebelión fue derrotada en Madrid y Barcelona. Empezaron a establecerse los frentes de lo que era ya el embrión de una guerra civil.
Los primeros días
Una de las características principales de estos primeros días fue la espontaneidad de numerosas guarniciones, que hasta ese momento desconocían los planes de sublevación y no habían adquirido ningún compromiso. En Sevilla, por ejemplo, fue lo que ocurrió con las dos comandancias de la Guardia Civil, según el relato del teniente coronel jefe de la Comandancia Interior, Manuel Pereira Bela.
Por enlace que tenía en la División tuve conocimiento de que el general don Gonzalo Queipo de Llano había declarado el estado de guerra y acto seguido reuní en mi despacho a todos los jefes y oficiales de las dos Comandancias; les di conocimiento de que el general había declarado el estado de guerra y que yo necesitaba saber el modo de pensar de cada uno, para enseguida tomar mi determinación. Pregunté al más moderno, alférez señor Rebollo, que me contestó con un grito de ¡Viva España! Y todos los allí reunidos, sucesivamente, contestaron de igual forma: ¡Viva España! Entonces ordené que toda la fuerza que había en el cuartel formase en el patio y al comandante Sr. Garrigós se dirigiese de palabra a la tropa para saber sus intenciones y si fuese posible eliminar al que no pensara como sus jefes en aquel momento decisivo. La tropa formó y enterada del objeto por la que se le llamaba todos, como un solo hombre, contestaron con gritos de ¡Viva España! Inmediatamente di orden de que el jefe de la Línea teniente Sr. Acuña, con 25 ó 30 guardias formando una sección, salieran para hacerse cargo de la Telefónica.
La sublevación no fue un golpe de generales, sino mayoritariamente de jóvenes oficiales. A mayor juventud, mayor rebeldía. Según la detallada investigación efectuada durante cincuenta años por Carlos Engel Masoliver y su hijo Carlos Engel Celler, de los 17.291 generales, jefes y oficiales del Ejército y la Armada, el 75,92 por ciento se adscribieron a la sublevación y el 23,89 por ciento siguieron a las órdenes del Gobierno. En el Ejército se sublevaron el 85,71 por ciento de los cadetes, el 82,18 de los tenientes, el 78,82 de los capitanes, el 74 de los tenientes, el 72,69 de los tenientes coroneles, el 71,05 de los coroneles, el 60 de los generales de brigada y el 54,17 de los generales de división. En la Armada los porcentajes fueron los que siguen: el 87,5 de los guardiamarinas, el 100 de los alféreces de fragata, el 88,41 de los alféreces de navío, el 91,35 de los tenientes de navío, el 87,02 de los capitanes de corbeta, el 84,62 de los capitanes de fragata, el 90,91 de los capitanes de navío, el 75 de los contraalmirantes y los seis vicealmirantes. Muchos pagaron su elección con la vida. Un total de 1.253 "nacionales" fueron asesinados y otros 503 fusilados. Las cifras de los "republicanos" fueron, respectivamente, 70 y 220. En acción de guerra hubo 1.243 "nacionales" muertos, por 152 "republicanos".
Pero lo que sucedió en España en julio de 1936 fue mucho más que un golpe militar, tal y como lo describió Martínez Barrio, al constatar que el Gobierno perdió a parte de la Administración Civil:
El Estado sufría una completa parálisis. Gran parte de los funcionarios, bien porque simpatizaran con la rebelión, bien porque sospecharon cuál iba a ser el curso inmutable de las cosas, habían abandonado sus tareas, agazapándose en embajadas y legaciones. En breve plazo, la acción gubernativa, inexistente, fue reemplazada por la de comités y sindicatos.
Diego Martínez Barrio, uno de los más destacados políticos de la Segunda República, resumió así lo sucedido:
¿Cuáles han sido las inmediatas consecuencias de la rebelión de julio? Se rebeló abiertamente la mayoría del Ejército, se rebeló mansamente la Magistratura, hubieron de colocarse en posición de frialdad con relación al Gobierno y sus órganos legítimos las demás encarnaciones del Poder público. Se ha salvado únicamente de esta bancarrota general una parte del profesorado y del magisterio nacional.
Una catástrofe semejante, que costaría varios centenares de miles de muertos, un importante número de exiliados y una dictadura de casi 40 años, no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso que, si ya era deficiente antes de febrero de 1936, se agudizó durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular. Una parte considerable de la población ya había tomado partido antes de que se disparase el primer tiro.