La revolución desencadenada en la zona gubernamental a consecuencia del golpe militar del 17 de julio de 1936 vino a dar continuidad, también de forma sangrienta, al golpe armado promovido en octubre de 1934 por el PSOE contra el orden constitucional republicano.
La llamada "Revolución de Octubre", a imitación de la soviética de 1917, causó cerca de mil quinientos muertos y tres mil heridos en toda España, con especial incidencia en Asturias. La excusa del levantamiento armado del PSOE y UGT, al que se unió el PCE, fue la entrada en el Gobierno de Alejandro Lerroux de tres ministros de la CEDA, que había sido la coalición ganadora de las elecciones de noviembre de 1933.
El golpe del PSOE fue sofocado en Asturias por el Ejército, incluido el de África, con legionarios y regulares, al mando del general Francisco Franco, después de duros choques. Entre los oficiales de las columnas militares enviadas por el Gobierno se encontraba el capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo paterno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo a punto de morir en la localidad de Ronzón en un combate contra los mineros.
Indalecio Prieto reconocería años más tarde como "pecado, como culpa" su intervención en el alzamiento socialista, que Salvador de Madariaga y Sir Raymond Carr sentenciarían como el primer acto de la Guerra Civil. La amnistía a los detenidos por el golpe de 1934, autores de asesinatos, robos y profanaciones como la de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, fue cuestión central en el programa electoral del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
Después del cuestionado triunfo de la coalición izquierdista, la amnistía no tardó en ser aprobada por la diputación permanente de las Cortes, también con el voto de las derechas, sin que se hubiera constituido el nuevo Parlamento. Antes incluso de su aprobación ya empezaron a salir de las cárceles parte de los 30.000 penados y encausados "por delitos políticos y sociales" beneficiados por la medida.
Al estallar la Guerra Civil, la revolución desencadenada por el golpe militar en la zona gubernamental vino a dar continuidad a la revolución de 1934, pero de una forma particularmente siniestra, con la venganza contra los que tuvieron algún protagonismo en el fracaso del golpe socialista contra el orden constitucional republicano.
Un terrible ajuste de cuentas
Autoridades, militares, agentes del orden o simples trabajadores que no habían secundado la huelga revolucionaria serían asesinados en el verano de 1936 en un terrible ajuste de cuentas político ejecutado al amparo de la nueva revolución triunfante en el campo gubernamental.
Rafael Salazar Alonso fue ministro de Gobernación con Lerroux y Samper hasta unos días antes de la insurrección socialista. Al estallar la guerra se acogió a la protección del anarquista Melchor Rodríguez para entregarse a las autoridades del Frente Popular, seguro de que por su ignorancia del golpe militar sería absuelto en caso de ser juzgado. Fue fusilado el 23 de septiembre de 1936 en la cárcel Modelo después de un proceso político en el que se le llegó incluso a acusar de haber provocado desde Gobernación el levantamiento izquierdista de dos años antes.
Otro ministro de Lerroux, José Martínez de Velasco, ocupó la alcaldía de Madrid en octubre de 1934 como delegado especial del Gobierno por la suspensión del Ayuntamiento presidido por Pedro Rico a causa de su dejación de funciones ante el abandono total de los servicios municipales durante el movimiento revolucionario de 1934. Fue uno de los asesinados el 22 de agosto de 1936 en el asalto por milicianos a la cárcel Modelo de Madrid.
Marcelino Valentín Gamazo fue nombrado fiscal general de la Segunda República en noviembre de 1935. Heredó la causa contra el líder socialista Francisco Largo Caballero, para el que su antecesor, Lorenzo Gallardo, había formulado los cargos de rebelión militar y excitación a la rebelión por su papel en el golpe de 1934. Largo Caballero fue absuelto finalmente, lo que llevó a Valentín Gamazo a presentar con toda dignidad su dimisión.
Al estallar la Guerra Civil, se encontraba veraneando con su familia en Rubielos Altos (Cuenca). Un grupo de milicianos, al parecer algunos procedentes de Madrid y con órdenes muy concretas, le detuvieron allí el 5 de agosto junto con sus tres hijos varones. Después de ser torturados, fueron conducidos a un paraje donde Valentín Gamazo, de 56 años, tuvo que ver cómo antes de matarlo sus verdugos asesinaban delante de él, uno detrás de otro, a sus hijos José Antonio, Javier y Luis, de 22, 20 y 17 años, respectivamente.
Otro crimen espeluznante fue el del general masón y republicano Eduardo López Ochoa, de 63 años, al que el jefe del Estado, Niceto Alcalá-Zamora, encargó dirigir sobre el terreno las operaciones de las fuerzas del Gobierno contra los revolucionarios en Asturias en 1934. Había sido detenido y procesado en la primavera de 1936 por el Tribunal Supremo por el fusilamiento de insurrectos en el cuartel de Pelayo en Oviedo sin formación de causa.
Cuando estalló la contienda, López Ochoa se encontraba preso en el Hospital Militar de Carabanchel, convaleciente de una operación. Una turba de milicianos asaltó el 17 de agosto el hospital para prenderle. Fue sacado de su cama en pijama y fusilado fuera del hospital, después de que advirtiera que no le dispararan contra el muro del centro. "Aquí vais a meter los tiros al hospital y vais a herir a alguno", les dijo a sus verdugos serenamente. Conducido entonces a un altozano próximo, lo fusilaron contra la ladera. Después un miliciano lo decapitó con un machete, clavó la cabeza en el arma blanca y la paseó por las calles entre la muchedumbre.
Otra venganza de los frentepopulistas fue la ejecutada contra el que fuera titular de la Dirección General de Seguridad (DGS) durante el levantamiento socialista, José Valdivia y García-Borrón, capitán de Intendencia. Fue detenido una semana después del estallido de la guerra. Estuvo preso en la misma DGS de la que había sido responsable hasta ser trasladado a la prisión provisional de San Antón. Una "brigadilla" de ejecución de la checa de Fomento, creada por su sucesor en la DGS Manuel Muñoz Martínez, le dio el "paseo" el 1 de octubre en la carretera de Vallecas.
El abogado y fiscal Francisco Delgado Iribarren, que había sido director general de Prisiones con el Gobierno radical-cedista, era reconocido por su celo humanitario en la mejora de las condiciones de los penados. Fue el responsable de las cárceles cuando estuvieron detenidos los dirigentes del PSOE, empezando por su líder, Francisco Largo Caballero, por el golpe de estado revolucionario de 1934. Las milicias se lo llevaron detenido el 8 de agosto de su casa de Madrid. Su cuerpo sin vida apareció al día siguiente en la Pradera de San Isidro, junto con otros quince cadáveres.
Los verdugos que ajustaron cuentas por el fracaso de la revolución de 1934 eligieron también al capitán de navío Enrique Pérez y Fernández-Chao, de 55 años, fundador y director de la Escuela Naval de Guerra, como recuerda la página web del Ministerio de Defensa que encabeza Margarita Robles. Fue detenido el 7 de septiembre en el propio Ministerio de Marina por haber sido el comandante del crucero "Almirante Cervera", que formó uno de los convoyes que llevaron tropas a Asturias en octubre de 1934. Su cadáver fue hallado tres días después en el palacete de la Moncloa.
A Eduardo Moreno Rodríguez, de 59 años, inspector de Correos, le detuvieron el 5 de septiembre los miembros de una checa comunista. Su cadáver fue encontrado ese mismo día en la carretera de El Pardo. Su hermana María Luisa achacó su asesinato a su labor en los tribunales depuradores de carteros en Asturias después de la huelga revolucionaria de 1934.
Represalias contra humildes trabajadores
No menos crueles fueron las represalias ejecutadas contra humildes trabajadores por no haberse sumado a esa huelga. Basilio Blanco Moreno, de 32 años, había trabajado en su tahona de la calle Amaniel durante el paro de octubre de 1934. El 14 de agosto de 1936 Basilio Blanco salió de madrugada para comenzar su jornada de panadero cuando nada más abrir el portal una descarga de pistola ametralladora le segó la vida.
Siniestras son también las historias de los barrenderos municipales de Madrid que salieron entonces a limpiar las calles desafiando a los piquetes revolucionarios. Isidro Marcos Sanz había empezado a trabajar en el servicio de limpieza municipal precisamente con ocasión de aquella huelga. Cuando volvía del trabajo el 22 de julio, cinco días después de comenzada la guerra, fue detenido en la calle y después asesinado.
Estas son las historias que quedan en los márgenes de la Historia con mayúsculas. Con ellas van recogidos los nombres de algunos de los que pagaron con la vida su defensa del régimen constitucional republicano en 1934. Murieron en 1936 a manos de quienes entonces se proclamaron defensores de la Segunda República después de haberla querido destruir dos años antes. Paradojas de un pasado extremadamente complejo hoy reducido en el BOE a un par de brochazos chorreantes de mentiras y sectarismo.
Pedro Corral es autor de "Vecinos de sangre", libro en el que aborda el ensañamiento de las milicias frentepopulistas en el cruento verano de 1936 contra todos aquellos vinculados con el fracaso de la huelga revolucionaria desatada por los socialistas dos años antes.
A Roberto Villa García y Juan Soler-Espiauba