"Hortensia González Ruiz es la primera victima de ETA, asesinada por mera vinculación sentimental con un Guardia Civil. Le dan diez tiros a la salida de una discoteca y nueve a su novio. Se habían prometido esa misma noche. En ese momento, en virtud de las pruebas de balística, se determina que no hay antecedentes de las armas que se utilizan. Un año mas tarde, ese arma se encuentra en Madrid cuando se desarticula el aparato de información de ETA en la capital. La Guardia Civil encuentra un arma y determina que es la misma pistola que se utiliza en el asesinato de Hortensia González Ruiz y Antonio Ramírez. Se traslada al Juzgado, que se pone en contacto con el Ministerio Fiscal para que actúe conforme a derecho. El Ministerio Fiscal ordena archivar toda la diligencia. Y esa es la ultima actuación. No se imputa ni se procesa a ningún miembro del aparato de información de ETA".
Es tan solo uno de los casos que desgrana Juanfer F. Calderín en el libro de Agujeros del sistema, una obra promovida por el colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, que recoge negligencias, pruebas desechadas y sumarios perdidos. "Pone en evidencia que nos fallaron, a las victimas del terrorismo y a toda una sociedad que se sentía amparada por la ley y por la justicia", asegura su autor.
"Lamentablemente, el libro pone de manifiesto que si hoy hay mas de 300 asesinatos de ETA sin resolver, esta circunstancia no se debe a la pericia de la banda terrorista sino a una red de terribles negligencias y de errores cometidos por el estado de derecho", cuenta Juanfer F. Calderín en una entrevista en LD Libros.
Estaríamos hablando de que alrededor de un tercio de los crímenes de sangre de ETA habrían quedado impunes. "Un asesinato de ETA no resuelto no es simplemente el que está sobreseguido o el que ha prescrito, sino también el que hay sentencia absolutoria o condenatoria para meros colaboradores. Personalmente, creo que estaríamos hablando de unos 400 asesinatos en los que no habría justicia para esas familias", añade.
"La primera entidad que se da cuenta de que algo no marcha es la Fundación de Victimas del Terrorismo, liderada por Maite Pagazartundua, y es la que traslada un primer informe de 349 casos que a juicio de la asociaciones, estaban sin resolver. Cuando esa cifra es trasladada al presidente de la Audiencia Nacional, no se lo cree, dice que es imposible, pero cuando empieza a comprobar los datos se da cuenta de que es verdad", desvela Calderín.
Las circunstancias que rodean estos casos son "bastante raras". "En 2011, la Audiencia Nacional, por primera vez, se propone localizar los sumarios de victimas de terrorismo de antes de la amnistía de 77. Pero a día de hoy, por ejemplo, el expediente judicial de Carrero Blanco está desaparecido".
En este libro se encuentra el fruto de dos años de investigación en la que, además de sumarios judiciales y diligencias nunca vistos, se han tenido en cuenta informes oficiales y extraoficiales de la Administración, argumentos de profesionales del mundo del Derecho, como jueces y fiscales, y tesis de destacados miembros de las Fuerzas de Seguridad. "El libro no incluye todos los casos que hemos encontrado. Hemos tenido que parar, porque no hubiéramos terminado nunca. Se repetían esas irregularidades de los años 70 en los 90. Personalmente, no supe si estaba totalmente equivocado".