'La pachorra conservadora'

En opinión Buesa, Mariano Rajoy tiene un modo peculiar de gobernación: una mezcla de pachorra conservadora y de arte para explotar en su favor la incertidumbre de los demás. Por ello no se apresura a tomar decisiones y busca molestar lo menos posible a los poderes establecidos, entre ellos a los de su propio partido.

Mikel Buesa (Guernica, 1951), catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, expresidente del Foro de Ermua y colaborador de Libertad Digital, acaba de publicar nuevo libro, La pachorra conservadora. Se trata de un análisis exhaustivo y profundo de cuatro aspectos básicos del Estado desde que Rajoy asumiera la presidencia: la economía, el dilema territorial, la corrupción y los partidos y, por último, el terrorismo.

A continuación reproducimos el capítulo titulado:

La independencia de Cataluña

Entremos ahora a examinar con sentido prospectivo la independencia de Cataluña a la luz de la economía de la secesión y
explicitemos de entrada que el principal supuesto sobre el que se
sustenta el análisis que se realiza a continuación no es otro que el
que prescinde de cualquier violencia para hacerla efectiva. Porque
si, como ha ocurrido con tanta frecuencia en otros casos, la secesión
catalana llegara a ser el resultado de un asalto bélico a la soberanía
de España, entonces todos los cálculos, por razonables que
puedan ser, no servirán para hacernos entrever las consecuencias
económicas de tal acontecimiento.

Mi punto de partida, contrario al que expresan los nacionalistas
para hablar de este asunto, es que, con su independencia,
Cataluña se quedará fuera de la Unión Europea, de la Organización
Mundial de Comercio, de Naciones Unidas, de la OTAN
y de cualesquiera otras organizaciones internacionales a las que
pertenezca España como estado reconocido por los demás socios
de ellas. A este respecto, cabe recordar que, en términos del
derecho internacional, como destaca Manuel Medina Ortega,
aunque la resolución 1574/XV de la Asamblea General de Naciones
Unidas, adoptada en 1960, «proclamó el derecho a la libre
determinación de todos los países y territorios sometidos a la
dominación… colonial», esa misma organización estableció diez
años después, en la resolución 2625/XXV, la garantía del «derecho
de los estados a mantener su soberanía y su integridad territorial», de manera que «se rechaza ahora el derecho de cualquier
minoría, etnia, región, nacionalidad, nación o pueblo a adquirir
la independencia mediante declaraciones o actos unilaterales».
En definitiva, señala el profesor Medina Ortega, «la secesión de
una parte de un estado… se rige por el derecho interno de ese
estado», de forma que las declaraciones unilaterales de independencia «no merecen el reconocimiento jurídico de la comunidad internacional».

En la Unión Europea ocurre lo mismo. La separación de una
región con respecto al estado al que pertenece es un acontecimiento
no previsto en sus tratados constitutivos y, consecuentemente
con ello, daría lugar a su exclusión de la Unión, quedando
fuera de ella, tal como ha señalado el presidente de la Comisión,
en varias ocasiones, dando respuesta a preguntas planteadas por
diputados del Parlamento Europeo, y ha sido reiterado por los
juristas especialistas en el derecho europeo.

La consecuencia inmediata de la exclusión de Cataluña de las
instituciones europeas sería la aparición de fronteras donde antes
no existían. Tales fronteras lo serían con España y con todos y
cada uno de los socios de la Unión e implicarían una separación
de carácter económico con costes para la economía catalana —y
para las demás, aunque en todo caso muy inferiores debido a
su mayor tamaño— derivados de cuatro hechos principales. El
primero es que la Unión Europea, aun cuando es una de las zonas
más abiertas al comercio del mundo, protege su mercado a
través de una Tarifa Exterior Común en la que se definen unos
derechos arancelarios que hay que pagar para introducir mercancías dentro de él. En el caso de las exportaciones catalanas,
dada su composición, se puede estimar que la protección media
de Europa —y de España en tanto que país comunitario— frente
a ellas sería del 5,7 por ciento. El segundo se refiere a que,
al quedar Cataluña sin anclaje en la Organización Mundial del
Comercio, dejaría de disfrutar de cualquier ventaja en los países
que tienen concertados acuerdos comerciales con la Unión
Europea, con lo que se le dejaría de aplicar la llamada «cláusula
de la nación más favorecida» —o sea, el régimen comercial
más favorable para sus exportaciones— y tendría que afrontar
en todos los mercados internacionales el mayor nivel de protección
que los respectivos gobiernos hayan aprobado para ellos. El
tercero alude a los costes de transacción que implica atravesar
las fronteras y que se concretan en el papeleo que debe gestionarse,
las paradas para inspección de las mercancías, el seguro de
cambio y otras formalidades; unos costes que la OCDE estima
en hasta un 13 por ciento del valor de las exportaciones a los
países desarrollados. Y el cuarto guarda relación con el «efecto
frontera» al que me he referido en el epígrafe anterior y que
afecta al comercio de Cataluña con el resto de España. Las estimaciones más recientes de este efecto señalan que la intensidad
de esta relación es, para las exportaciones catalanas a las demás
regiones españolas, 57 veces mayor que con cualquier otro país
del mundo en condiciones de igualdad de tamaño económico
y distancia geográfica. Si esa intensidad se redujera a un tercio
como consecuencia de la secesión, al separarse los mercados,
tendría el mismo efecto que la imposición de una barrera arancelaria del 27 por ciento sobre el valor de las ventas de productos catalanes en España. Estos son los elementos a partir de los cuales se puede hacer una proyección razonable del impacto que tendrían las fronteras de Cataluña para sus exportaciones. Referiré los cálculos al año 2011, pues es el más reciente para el que se dispone de datos oficiales de la distribución geográfica del comercio exterior catalán (véase el gráfico 23) y tendré en cuenta las estimaciones del Banco de España sobre la elasticidad precio de las exportaciones españolas.

Los resultados de esa proyección destacan la reducción del
comercio que, tras la independencia, afectará especialmente a las
exportaciones hacia España y en mucha menor medida hacia los
demás países de la Unión Europea. Para las ventas al resto del
mundo no se dispone de suficientes datos, motivo por el cual no
se han modificado en los cálculos, aunque, debido a la desvinculación de Cataluña con la Organización Mundial del Comercio y la aplicación del régimen comercial más desfavorable, experimentarán algún retroceso. En conjunto, como se ve en el cuadro 5, las ventas de Cataluña en el exterior se reducirán en más de 30.000 millones de euros, lo que supondrá una caída de actividad equivalente al 16,4 por ciento del PIB.

El comportamiento de la exportación no será la única causa
de la caída del PIB tras la independencia de Cataluña. Es de prever también que, enfrentadas a los efectos del aumento de la protección en los mercados europeos, un buen número de empresas opten por deslocalizar su actividad productiva y abandonen total o parcialmente el territorio catalán. Ha habido anuncios de empresas concretas a este respecto —como son los casos del Grupo
Planeta, Volkswagen-Audi España, Arbora & Ausonia, Sanofi,
Asea Brown Boveri, Bayer, La Jijonenca, Simon, GVC Gaesco,
Optum, General Electric o Piaggio—, pero se carece de estudios sistemáticos al respecto. Noticias de prensa señalan que, desde 2010, en torno a 1.500 empresas catalanas se habrían deslocalizado ya en otras regiones de España —con preferencia en Madrid y de las exportaciones se haya reducido drásticamente, según el Banco de España, explica la mayor parte de dicha diferencia. Por lo demás, el resultado que aquí se expone es similar al obtenido, siguiendo otro procedimiento, por Clemente Polo, «El peso de las exportaciones en la economía catalana», incluido en Oriol Amat et al., La cuestión catalana hoy, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2013. Aragón— o en el extranjero. Por ello, es plausible esta hipótesis de deslocalización vinculada a la independencia, aunque no podamos avanzar la dimensión que pudiera alcanzar.

En este escenario tan desastroso, con un paro insoportable, las finanzas de la Generalitat podrían acabar siendo insostenibles. En el cuadro 6 se muestra una simulación de lo que podría ocurrir. En el capítulo de gastos se recogen, con datos de 2011 para mantener el mismo año base que en el análisis del comercio, los que actualmente realiza el gobierno catalán en el ejercicio de sus competencias, los que corresponden al Estado y son atribuibles a la región —según la estimación efectuada por la propia Generalitat en su balanza fiscal con el método carga-beneficio— y los de la Seguridad Social. Nótese que, en este ejercicio, no se amplían los gastos del nuevo estado catalán más allá del nivel actual del gasto público en Cataluña y, por tanto, no se ha supuesto que la independencia ofrece la oportunidad para aumentar este, como se sostiene en los relatos nacionalistas. Por otra parte, en el capítulo de ingresos se ha contemplado el conjunto de la recaudación de impuestos —gran parte de los cuales son ahora administrados por la Agencia Tributaria—, proyectando las cifras actuales en función de la caída prevista del PIB a partir de una ecuación lineal que relaciona ambas variables. Y también se han estimado las cotizaciones a la Seguridad Social que corresponderían al nivel de empleo derivado de la caída en el PIB.

El resultado, como puede verse, es inverso al de los relatos nacionalistas, toda vez que lo que se aprecia es un déficit público de gran dimensión, difícilmente sostenible. En apretada síntesis, lo que se deriva del análisis de la secesión catalana es que, como ya ha ocurrido antes en otros países, la independencia, incluso en condiciones pacíficas, puede suponer un grave shock para la economía de Cataluña que le hará retroceder no menos de dos décadas en su proceso de desarrollo, empobrecerá a sus habitantes y arrasará sus finanzas públicas. Y sobre este cuadro general se agregarán los problemas del endeudamiento, el desempleo o los sesgos totalitarios del nacionalismo. Josep Pla lo supo ver, hace muchos años, con indudable talento cuando, poco antes de su muerte, según cuenta el profesor Antonio Cerdá, escribió una carta al presidente Tarradellas en la que le pedía que no se fiara de los nacionalistas, porque «apenas sirven para nada», y le aconsejaba que «el catalanismo no debía prescindir de España porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen tantos culos». Sígase, pues, su consejo.

Título: La pachorra conservadora
Subtítulo: Política y economía en la gobernación de Rajoy
Autor: Mikel Buesa
Colección: Actualidad
Editorial: La Esfera de los Libros
Fecha de publicación: 22/09/2015
Páginas: 352
Precio: 20,90 €