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El Año Lorca se nubla con un acuerdo confidencial que puede obligar a los ciudadanos a pagar las deudas

Se supo en 2015 que la Fundación García Lorca tenía 12 millones de euros pendientes de pagar o justificar de los obtenidos para construir su sede. 

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Federico García Lorca | Archivo

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PSOE, en pleno ambiente preelectoral, impulsa que 2018 sea el Año Lorca, haciéndolo coincidir con la llegada a la ciudad del legado del poeta del Centro García Lorca a partir de la recepción de los primeros papeles, fotos y manuscritos en febrero y marzo. En junio debería estar completamente trasladado a Granada.

Pero se ha deslizado la sospecha hacia un acuerdo confidencial firmado que incluye, según El Mundo, la subrogación por las administraciones públicas de la deuda que la Fundación que lleva el nombre del poeta mantenía con CaixaBank.

Dicho de otro modo, de confirmarse la existencia de unos anexos a los que se han referido los grupos de oposición en el Ayuntamiento de Granada, serán los ciudadanos granadinos, andaluces y españoles los que tendrán que pagar los desmanes económicos perpetrados en la Fundación y que han jalonado la historia de este legado hasta el momento presente.

El escándalo de la Fundación Federico García Lorca

Se supo en 2015 que la Fundación García Lorca tenía 12 millones de euros pendientes de pagar o justificar de los 23 que obtuvo para la construcción de un centro especial para el poeta Federico García Lorca en Granada donde iba a cobijarse su legado.

Además de que a Ferrovial no se le pagaron 3 millones - dinero consorciado por el Ministerio de Cultura, la consejería andaluza de Cultura, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada y la propia Fundación-, Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de esta última, que firmó todos los papeles, denunció al secretario de la entidad, Juan Tomás Martín, en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid por falsedad documental y apropiación indebida.

Martín gestionó, escribió El País, alrededor de 27 millones de euros y sus explicaciones de dónde estaba el dinero no convencieron. Es más, se supo que había un agujero derivado de las ayudas concedidas para la construcción del centro del poeta y que las facturas presentadas no tenían que ver con esa tarea. Se debían 7,7 millones al ministerio de Cultura, Ferrovial y La Caixa y luego, más dinero a Cultura y a la Junta de Andalucía.

Tras más de diez años de obras, el edificio, en pleno centro de Granada, estaba pendiente de que Ferrovial diera las llaves tras recibir su pago, pero el secretario Martín, además de su sueldo, se llevaba un porcentaje de las subvenciones logradas. Las irregularidades detectadas obligaron a que el entonces fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, anunciara que la policía judicial sopesaba la elaboración de un informe preliminar sobre el caso.

Según las cuentas calculadas, el Ministerio de Cultura exigía 1,7 millones de euros por irregularidades. La consejería andaluza de Cultura de la Junta de Andalucía, cuatro millones. Ferrovial reclamaba tres millones y La Caixa concedió un préstamo de cuatro millones, pero la fundación no devolvió ni los intereses.

El acuerdo secreto de las partes

El pasado día 20 de diciembre se firmó un acuerdo "histórico" según el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y el propio alcalde de Granada, el muy discutido Francisco Cuenca, sostenido por Ciudadanos.

En dicho acuerdo, dice El Mundo, "las entidades que conformaban el Consorcio gestor del Centro Lorca, que debe acoger los fondos del legado, firmaron la liquidación de las cuentas durante el proceso de construcción del edificio, con lo que dieron por finiquitadas las tensiones entre la Fundación Lorca –los herederos del poeta– y las administraciones que financian el Centro, abiertas durante los últimos dos años a raíz de detectarse un agujero de 3,8 millones en la gestión de los fondos públicos recibidos".

Pero ninguno de ellos informó del contenido secreto y confidencial del acuerdo ni los grupos de oposición del Ayuntamiento granadino tuvieron acceso a unos contenidos que, al parecer, conllevan que La Caixa disponga de un amplio margen de disponibilidad del Centro para sus actividades privadas y subroga en las administraciones que conforman el Consorcio el crédito impagado por un montante de 4 millones de euros que la Fundación suscribió con la entidad.

O sea, que serán los ciudadanos los que paguen el entuerto de la Fundación.

Francisco Puentedura, concejal de IU, ha declarado que las administraciones "han conseguido que una deuda privada pase a ser pública". IU anuncia que pedirá al alcalde que revoque la firma del Ayuntamiento. Incluso Ciudadanos ha criticado "la absoluta falta de transparencia" del equipo de gobierno, así como el "engaño permanente a los granadinos" al utilizar "una seña de identidad para la ciudad como es su poeta más universal con fines partidistas".

Podemos ha considerado que se ha producido ahora"un nuevo despilfarro de recursos y capital cultural" otorgar el patrocinio del centro y el legado a la entidad de crédito "para pagar una deuda opaca". El PP, que impulsó la aceleración del desbloqueo de la llegada a Granada del legado del poeta, no se ha pronunciado aún sobre los "secretos" del documento final firmado.

El acuerdo se cerró el 13 de diciembre, pero el equipo de gobierno no trasladó la información a la oposición hasta el día 20, en una reunión de portavoces convocada de urgencia, media hora antes de la celebración de la reunión del Consorcio.

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