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Carmen Remírez de Ganuza: "La resistencia de la judicatura continúa siendo una salvaguarda democrática"

La periodista Carmen Remírez de Ganuza desvela los entresijos del Poder Judicial en Marchena: el poder de la Justicia.

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La periodista Carmen Remírez de Ganuza desvela los entresijos del Poder Judicial en Marchena: el poder de la Justicia.
La periodista Carmen Remírez de Ganuza | Carlos Bellver, ConfiLegal

Que vivimos tiempos convulsos lo demuestra el hecho de que en mitad de una pandemia el Parlamento pierda días de trabajo debatiendo una moción de censura que no tiene posibilidades de prosperar. Eso no habla mal de ningún político en concreto, sino de todos a la vez; y describe de una forma bastante elocuente las características de un momento histórico en el que un Gobierno puede ser capaz de despertar la mayor indignación de un elevado porcentaje de la población pero mantener, al mismo tiempo, un sistema de alianzas que le garanticen la mayoría necesaria con la que permanecer sin demasiadas amenazas en la bancada azul. Los recelos que despierta, pese a todo, no nacen exclusivamente de su gestión del coronavirus. Durante los últimos tiempos los movimientos cada vez más descarados que ha ido realizando para tratar de influir en el Poder Judicial, entre otras cosas, han alimentado la mayoría de las soflamas indignadas de una oposición sin capacidad de reacción. Una buena parte de las estrategias del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez pasan por tratar de contentar a los partidos independentistas, responsables del mayor reto a la Constitución en cuatro décadas pero de los que depende para continuar en el poder. Paradójicamente, es precisamente en el juicio del Procés donde algunos encuentran el último gran ejemplo de estabilidad institucional. Así lo atestigua la periodista Carmen Remírez de Ganuza en su libro Marchena: el poder de la Justicia, con el que no sólo analiza todos los detalles del juicio más importante de nuestra democracia, sino que acerca a un personaje —el juez Manuel Marchena— "con el que los españoles pudieron reconocerse al cabo de varios años de tensiones colectivas y grandes decepciones nacionales". Al final, su sentencia contra los líderes independentistas le bajó del pedestal que algunos le habían erigido, pero nos retrató de una forma más completa su figura de jurista independiente. "Para bien o para mal, un hombre… del Estado". Hablamos con la autora.

Pregunta: En el libro rescata la frase de un letrado que en un momento determinado dijo que "la gente sabe que el Judicial es el único poder que funciona en España". Con lo que está pasando últimamente, ¿hasta cuándo aguantará el prestigio y la percepción de independencia del Poder Judicial?

Respuesta: A ver, yo creo que la prueba de que la Justicia es un poder independiente está en que los políticos siempre han intentado dominarla. Soy de las que cree que la Justicia es un poder independiente y real. Es algo tangible. Lo que pasa es que muchas de sus decisiones son difícilmente transmisibles y, por lo tanto, no siempre son entendidas completamente. Eso es lo que descorazona. Pero vamos, creo que, a día de hoy, de los cuatro poderes del Estado que rigen en esta democracia —incluyendo a la prensa—, el de los jueces es, con todos sus defectos, uno de los más fiables y honestos. Tampoco sé lo que durará.

P: Algunos señalan que el hecho de que las sentencias judiciales dependan directamente de las leyes que promulgue el Legislativo, en ciertos casos concretos, puede llegar a ser preocupante.

R: Cualquier desequilibrio entre los poderes del Estado es preocupante. Pero en este momento la calidad de la democracia está bastante comprometida precisamente por los intentos del Ejecutivo, más que del Legislativo, de dominar al resto de los poderes. Es algo que ha ocurrido siempre. Siempre los Ejecutivos, de distinto signo, han querido extralimitarse y extender sus tentáculos sobre los otros poderes. Lo hemos visto con respecto a su política informativa y su relación con el cuarto poder; lo hemos visto con las distintas leyes ideadas para intentar controlar el gobierno de los jueces; y lo hemos visto en cantidad de ocasiones con ejemplos de diversa magnitud. Ahora lo que pasa es que ese interés se está manifestando de una forma más burda. El intento de desequilibrar los poderes del Estado está siendo todavía mayor que en otras ocasiones. En ese sentido, el poder de la Justicia, que pese a todo sigue siendo efectivo, puede llegar a verse afectado por los excesos del Ejecutivo, insisto, antes que del Legislativo.

P: Mencionaba el Legislativo por su capacidad de influir sobre la Justicia simplemente aprobando leyes. Al final, un juez está obligado a acatar la normativa que sale del Parlamento, por mucho que no esté de acuerdo con ella.

R: Sí, pero eso no debería ser un problema. No compromete su independencia. Los jueces acatan las leyes y juzgan en función de ellas. No son legisladores ni tienen que serlo. En eso se fundamentan las democracias y la separación de poderes.

P: ¿Qué opinión le merece el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

R: Hay distintos planos. Primero hubo un fracaso hace unos años de una negociación en marcha. Pero esa negociación, que se frustró antes del Procés y del cambio de Gobierno, se retomó después, esta vez entre Sánchez y Casado. Y a mí me consta que el nombre de Marchena volvió a barajarse como una posible solución de consenso para desbloquear la situación. Lo que pasa es que en esta ocasión fue Marchena el que no quiso. Eso dificultó un acuerdo que, de todas formas, se vino abajo definitivamente debido a la moción de censura propuesta por Vox, primero, que puso en aprietos al PP, y con las intervenciones de Podemos a propósito del rey emérito este verano. Aún así, hay que decir que estos bloqueos no son nada nuevo. Que las negociaciones para la renovación del gobierno de los jueces se retrasen lo hemos visto en muchas ocasiones, y con Ejecutivos de distinto signo político. Sin ir más lejos, uno de los casos en los que el CGPJ ha durado más sin renovarse fue aquel al que perteneció el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Dicho esto, yo comprendo que el Gobierno se mosquee porque la oposición se plante, pero lo que pasa es que tampoco es algo achacable únicamente al PP actual. De todas formas lo más preocupante para mí, realmente, es que ambas partes estén regresando a sus posturas maximalistas. En los dos casos lo que se pretende es romper las reglas de juego. Así lo hace el PP cuando vuelve a sacar a relucir la necesidad de que sean los propios jueces quienes elijan directamente su gobierno —algo que no llevó a cabo Rajoy cuando tuvo mayoría absoluta por la sencilla razón de que no quería perder su influencia en la elección del presidente del Supremo—; y así lo hace el Gobierno PSOE-Podemos, de una manera todavía más dramática, cuando busca formas de rebajar las mayorías establecidas por el Tribunal Constitucional para evitar tener que pactar con la oposición.

P: Existe debate acerca de qué sistema de elección es preferible. Muchos no entienden en qué se fundamenta el actual.

R: Claro. A simple vista a todos nos suele parecer mucho más razonable la opción de que sean los propios jueces los que elijan su gobierno. Da la sensación de que garantiza mejor la separación de poderes. Sin embargo, de forma curiosa, la experiencia de los años ha ido haciendo cambiar de criterio a muchos profesionales de la Justicia. A día de hoy existen muchos jueces y fiscales, sobre todo de signo conservador, que se han visto muy decepcionados con el corporativismo de las asociaciones judiciales. Por eso se da la paradoja de que la magistratura "conservadora", que tradicionalmente se identificaba plenamente con lo que ahora defiende el PP, esté abogando pese a todo por el sistema actual. Puede leerse, sin ir más lejos, en la misma sentencia del Procés. En ella, la Sala Segunda, en sus razonamientos jurídicos, realizó toda una argumentación a favor de la solidez y solvencia del sistema de pacto entre los grandes partidos. Lo que pasa es que tanto el PSOE como el PP lo están rompiendo por diferentes lados. Es curiosa esa evolución, de todas formas. Muchos importantes juristas de la derecha me han hecho ver que ya han abandonado definitivamente la postura maximalista. La mayoría lo que piden es un entendimiento entre las fuerzas, para continuar con un gobierno de los jueces pactado por los partidos mayoritarios. No así por los minoritarios.

P: Lo que pasa es que el sistema actual es el que favorece que se den estos bloqueos que acarrean después tantos problemas.

R: Sí, pero lo que pasa es que tampoco existe un acuerdo para cambiarlo. A mí me parece que las posturas maximalistas, por buenas o malas que parezcan en general, tienen el problema principal de que no favorecen el consenso. La proposición de ley del PP puede gustar mucho a mucha gente, pero el problema es que no va a concitar ningún acuerdo con la otra parte de la cámara, algo que es fundamental para la estabilidad institucional del Tercer Poder del Estado. En mi opinión, no es el momento de esas posturas maximalistas. Ni es el momento de romper la baraja, como pretende hacer el Gobierno por despecho; ni es el momento de reivindicar la vieja bandera de que sean los jueces quienes escojan su gobierno. Y no porque esta última opción sea una mala alternativa, ojo. Posiblemente sigue siendo la más idónea. Simplemente no es buena en este momento. La única salida real pasa por que se sienten a negociar los dos grandes partidos.

P: Dice que Marchena rechazó el último ofrecimiento para presidir el CGPJ. ¿Su candidatura, a día de hoy, seguiría siendo capaz de desbloquear la situación, o ni siquiera?

R: Si la hubiese aceptado en su momento no se habrían dado estos problemas. Pero sus razones para no aceptar, tal vez, tengan que ver precisamente con esta crisis política e institucional permanente. En estos momentos puede ejercer el poder de la Justicia de una manera más efectiva desde una Sala de lo Penal como la que preside que en un CGPJ que apunta a terminar siendo una jaula de grillos. Un reflejo, en realidad, de la verdadera jaula de grillos que constituyen a día de hoy los partidos y el Parlamento.

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P: Hablando de la Sala de lo Penal, en el libro menciona que algunos rumores apuntan a que el Gobierno veía con buenos ojos la candidatura de Marchena al CGPJ porque prefería a un presidente de la Sala Segunda más progresista, en un momento en el que en ella se van a tener que dirimir varios procesos de fuerte carga política.

R: Sí, esa es una de las razones que sonaban. Pero creo que a estas alturas, habiendo visto cómo el propio Marchena rompió el cliché durante el juicio del Procés, los políticos deberían haber entendido que ese tipo de prejuicios y etiquetas no sirven de nada. Marchena llevaba una etiqueta conservadora antes del Procés, y ahora, después de que en su sentencia se decantase por la sedición antes que por la rebelión, parece que la lleva progresista. Le pasa lo mismo que al resto de jueces, que van siendo tachados de una cosa o la contraria según las sentencias que van firmando. Los políticos, en general, a quien temen es a los jueces independientes. Pero si algo ha demostrado Marchena, como todos los miembros de la Sala Segunda, es que es un juez independiente.

P: Que los partidos utilicen estrategias para mover a jueces de sus cargos, sin embargo, hace que la percepción de la población pueda ser la contraria. ¿Se tiene la sensación de que el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo?

R: Bueno, se trata de algo por lo que nos hemos rasgado las vestiduras desde que la democracia es democracia. Y con razón. Intentos de los políticos de controlar a los jueces ha habido muchísimos. Siempre han existido, algunos más logrados que otros. Sin embargo, creo que los jueces han ido demostrando siempre que saben resistirse. Quizás la nota diferencial que estamos viviendo ahora consiste en que el Gobierno pretende que la elección CGPJ ya no dependa del Parlamento, sino directamente del Ejecutivo. Se trata de una vuelta de tuerca muy, muy, muy importante de cara al desequilibrio de los poderes. Y ahí reside la gravedad de la reforma. Una cosa es que sea el Parlamento el que controle la elección del gobierno de los jueces, algo que ha estado vigente desde principios de los años ochenta, y otra que esa responsabilidad recaiga exclusivamente en el Gobierno central. Es una involución democrática. Supone un desequilibrio en el reparto de los poderes. Pero todavía no sabemos si se va a producir; o si va a pasar los filtros de Bruselas.

P: No es el único caso. En el libro menciona la utilización reprobable, para algunos juristas, de la Abogacía del Estado durante el juicio del Procés, que terminó, además, con la destitución de Edmundo Bal. También el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General habiendo sido ministra de Justicia y diputada del PSOE en la legislatura anterior. O la reciente petición de la Fiscalía de no aceptar las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, junto a las posteriores declaraciones de Luis Navajas acusando a varios de sus compañeros de haberle presionado y de estar contaminados ideológicamente. ¿Qué le diría a los que defienden que el Ejecutivo está consiguiendo dominar al Poder Judicial?

R: Bueno, es que es cierto que están pasando tantas cosas juntas que a veces se pierde la perspectiva. A la amenaza de que el Ejecutivo pueda controlar directamente la elección del gobierno de los jueces se suma la realidad, porque ya es una realidad, de que la actual Fiscal General del Estado personifique una aparente politización del Ministerio Público. Se ha producido una pérdida de la apariencia de imparcialidad que se le presupone a la Fiscalía. Es algo que se está viendo además en la manga ancha con que se está asistiendo a la libertad de expresión del número dos de la carrera. Porque las declaraciones de Navajas fueron de una gravedad extraordinaria y no han tenido ninguna respuesta disciplinaria. Que el número dos del Ministerio Público se atreva a quebrar la presunción de inocencia, no ya de un fiscal anticorrupción, sino del rey Juan Carlos; y que además señale de forma tácita a compañeros de carrera, sin posibilidad de defensa; o que encima, después de sus inmoderadas palabras, se atreva a abrirles expediente, es preocupante. Son detalles que dan cuenta de que las Instituciones no están siendo neutrales y de que la democracia se está viendo amenazada. Lo que pasa es que yo tampoco querría ser demasiado alarmista ni pesimista. Pienso que el estamento judicial está soportando con una cierta dignidad y solvencia todos estos embates y que, al final, las Instituciones democráticas resistirán. La profesionalidad de los juristas va a permitir que superen todos estos devaneos políticos. Es verdad que existen motivos para el alarmismo, pero yo confío en la profesionalidad de los juristas, de los jueces y de los fiscales.

P: ¿No hay motivos para dudar de la profesionalidad de algunos de ellos?

R: No. A ver. Yo creo que han existido ciertos movimientos preocupantes, en la medida en que desmontan la apariencia de imparcialidad que le es exigible a las Instituciones del Poder Judicial. Pero aún así, también creo que, hoy por hoy, no ha tenido lugar nada irreversible que haya que lamentar. A uno le pueden gustar más o menos las decisiones judiciales, pero no conozco ninguna que no se haya ajustado a derecho. Por ejemplo, la absolución de Trapero es bastante desconcertante. Solamente que exista un voto particular ya confirma que hay base para la discusión. Sin embargo, el hecho de que hayan sido magistrados conservadores los que han dictaminado la absolución viene a desmentir, otra vez, todas las predicciones ideológicas acerca del comportamiento de la Justicia. Es algo que me parece bueno. Todavía no he visto una resolución en la que el Ministerio Público o las Instituciones hayan actuado de forma irreversible en términos democráticos. Así como veo que sí que sería irreversible que el Gobierno controlara de manera directa la elección de los vocales del CGPJ, en el terreno de las decisiones judiciales no he visto que los intentos del Gobierno por influir en las decisiones de los jueces hayan sido efectivos.

P: En las decisiones de los jueces no, pero en ciertas decisiones de la Fiscalía de Dolores Delgado sí que algunos han llegado a acusar una presumible influencia del Gobierno. ¿Es infundada esa percepción?

R: Un ejemplo de eso que dices es el asunto que has mencionado antes de las querellas por la gestión de la pandemia. Sí, sí. Entiendo esa percepción. Pero existen otros ejemplos que ponen de manifiesto la efectividad de las vías alternativas. El juez García Castellón, sin ir más lejos, pese a lo que dijera la Fiscalía e incluso a lo que dijera la Sala de lo Penal, se ha dirigido al Supremo con una exposición razonada para que se pronuncie sobre si hay que investigar o no al vicepresidente del Gobierno.

P: Y acto seguido ha aparecido Pablo Iglesias diciendo que todo el mundo sabe lo que va a decidir el Supremo. ¿Entiende que ese sea otro motivo que pueda llevar a la gente a cuestionar la separación de poderes?

R: Pero es que Pablo Iglesias es un político. Esa percepción de la gente depende más de lo que hacen y dicen los políticos que de lo que hacen y dicen los jueces. Los políticos siempre han querido controlar al Poder Judicial, pero los jueces, una y otra vez, han terminado despejando esos intentos de mediatizar la justicia. Ahora lo que pasa es que estamos asistiendo a un intento más grosero por parte del poder político. Esa misma frase de Iglesias nos muestra una forma mucho más burda de mediatizar una decisión judicial. Simplemente ha cambiado la grosería, no la capacidad de los jueces para ejercer su labor con imparcialidad y profesionalidad. También es verdad que la atmósfera es mucho más opresiva, pero creo que la resistencia de la judicatura continúa siendo una salvaguarda democrática.

P: Por el otro lado, existen también quienes defienden que la judicatura española está derechizada. ¿Cuánto han contribuido a ello los distintos rifirrafes entre el Supremo y la Justicia europea?

R: Pues yo precisamente creo que esa percepción cambió radicalmente a raíz del juicio del Procés, en todo caso. Fueron las polémicas sobre las euroórdenes las que habían creado cierto desasosiego en torno a la autonomía y la soberanía de la Justicia española. Pero, una vez que se produjo el juicio del Procés, fue tal la fuerza de autoridad y de respeto que se generó en toda Europa con respecto a la transparencia y la seguridad jurídica de España que creo que se puede decir que ahora la percepción es otra, absolutamente. Sólo ha habido un bache desde entonces: el asunto sobre la inmunidad de Junqueras. Ese fue un percance que, es cierto, afectó directamente al Tribunal Supremo. Pero el Supremo lo gestionó con absoluta maestría y dictaminó que era perfectamente soberano para mantener la firmeza de su sentencia. Creo de verdad que todas aquellas percepciones que hacían tambalear el prestigio de la Justicia española murieron después del juicio del Procés. Tampoco sé si en un futuro el Tribunal de Estrasburgo arañará o no cuestiones de la sentencia, pero a mí me cuesta pensar que vaya a ser así, porque toda la parte de derechos fundamentales está muy bien argumentada y es la que genera menos polémica.

P: Hablando del Procés, y por tocar todos los temas. ¿Cómo cree que afectaría la posible rebaja de las penas por sedición a una hipotética reedición del 1-O?

R: Pues tendría una incidencia directísima en la posibilidad de una reedición de aquel 1 de Octubre. Pero se trata de una decisión que no compete a los jueces, sino a los políticos. Hasta ahora estos sólo habían hecho uso del indulto para enmendar las decisiones judiciales, algo que hemos visto en bastantes ocasiones a lo largo de todos estos años. Lo que nunca han hecho es desmentir la sentencia de los jueces. Ahora, la nota diferencial es precisamente que el Gobierno ha anunciado un cambio legislativo. Y ese cambio legislativo podría ajustarse perfectamente a los hechos de la sentencia, de manera que una nueva figura delictiva encajara en los hechos probados y repercutiera en una rebaja radical de las penas de los presos independentistas. Si eso ocurriera, estaríamos ante una legislación a la carta —en términos políticos, absolutamente rechazable—, pero creo que, aunque se diese, eso tampoco afectaría en absoluto a la autonomía de los jueces. Los jueces, si tuvieran que volver a juzgar un intento de secesión, lo harían de acuerdo con el Código Penal vigente. Por tanto, el problema es antes político que judicial.

P: Por terminar. Con respecto a ese posible cambio del Código Penal, sí que existe un debate acerca de la necesidad de ajustar ciertos delitos. Para algunos, lo que puso de manifiesto la sentencia del Procés es que los hechos acaecidos durante el 1-O no se ajustan perfectamente a ningún tipo delictivo recogido en el código actual. ¿Hasta qué punto esa reflexión legitima el cambio que promueve el Gobierno?

R: Bueno, a ver. Yo creo que en esto hay diferentes intenciones. Para mí lo que el Gobierno pretende no es cubrir un hueco que no está recogido en el código actual, sino directamente rebajar una tipificación penal. Ese es el problema. Es una cuestión de intención. La intención política es rebajar la tensión en Cataluña. Si esto fuera una discusión meramente jurídica, a lo mejor habría posibilidad de entenderse. Pero creo que en este caso las cosas no son así. No hay que olvidar que el mismo partido que está ahora en el Gobierno, durante su campaña electoral, abogaba por un tipo de reforma diferente. Abogaba por una reforma del Código Penal que penalizara, por ejemplo, la convocatoria de referéndums. Eso lo dijo el propio Sánchez durante su campaña electoral. Luego, cuando para conformar su Gobierno necesitó a los independentistas, cambió el signo de su reforma. Se trata de algo que demuestra que su intención real no es la de cubrir un hueco, sino la de favorecer una determinada posición política. De ahí que yo diga que estamos ante una legislación a la carta. Más allá de eso, por supuesto que hay espacio en el derecho para afinar esta vía de en medio que escogió el Supremo cuando aplicó el delito de sedición, no tanto para penar un Golpe de Estado, sino para penar un intento de doblegar la voluntad del Estado, sin sustituirlo, que además contenía en sí mismo una estafa, un engaño flagrante, al propio pueblo catalán al que se dirigía. Eso es lo que dijo el Supremo. Por eso habló de "engaño", habló de "quimera" y habló de "ensoñación". ¿Que eso pueda tener cabida en un próximo Código Penal? Yo no digo que no pueda ser posible. Pero me parece que hablar de eso en estos momentos es como de hablar de pájaros y flores. Ahora mismo lo que procede es que la sentencia dictada se aplique correctamente, y poco más. Ya veremos más adelante.

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