Después de analizar la situación de la democracia española en la actualidad uno puede ser pesimista u optimista, "ambas son cuestiones subjetivas", dice Santiago Trancón. "Lo que pasa es que ese pesimismo u optimismo debería fundamentarse siempre en el esfuerzo racional, no meramente sentimental". Él, filólogo y escritor, acaba de publicar España sentenciada, pero no vencida (Última Línea), un texto analítico que sirve para indagar una vez más en ese tema recurrente entre los españoles de todas las épocas: ¿Qué es España? ¿Cuál es su mal? ¿Cómo podemos salvar nuestra convivencia? Como se suele decir, para buscar el remedio adecuado, primero hay que hacer el diagnóstico correcto. Y eso es lo que ha pretendido un Trancón que, ante los diferentes ataques sucedidos en los últimos años al Estado de Derecho en España, ha querido echar la vista atrás y analizar dónde comenzó todo y quién ha sido el aliado necesario para que aquellos que "pretenden vaciar la democracia de sentido, los nacionalistas de todo signo, consigan ir saliéndose con la suya paso a paso". A bote pronto, él mismo reconoce la tentación de culpar exclusivamente a los dos grandes partidos, tan acostumbrados a "mercadear con los representantes de ideologías abiertamente xenófobas y supremacistas, con el único objetivo de permanecer en el poder". Pero una lectura menos obvia le lleva a señalar a un tercer culpable, el menos esperado y el que mejor fama tiene entre los demócratas en la actualidad: el Poder Judicial.
"En la LOAPA estaba todo", explica Trancón. Para él, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico de 1982 era "un gran proyecto, perfectamente planteado y desarrollado". Sin embargo, fue anulada por el Constitucional, "lo que sentó un precedente que nos ha ido trayendo a donde estamos ahora". "De pronto, las autonomías estaban por encima del Estado", añade. También denuncia que ese fue el momento "en el que comenzó a asentarse en el discurso institucional aquella falacia del Estado de las Autonomías". "El Estado de las Autonomías no está recogido en la Constitución. La Constitución dice que existen las Comunidades Autónomas, pero no un Estado de las Autonomías". La forma de entender esa expresión, sin embargo, sería determinante, pues no es lo mismo un Estado integrador y orgánico, dividido en autonomías pero garante de la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos, independientemente de dónde hayan nacido, que un conglomerado de territorios autónomos que, sólo después, configuran un Estado común. Como suele ocurrir con las cosas importantes, nadie percibe la repercusión que pueden tener supuestos cambios nimios en la manera de expresarlas hasta que han terminado por ser cambiadas por completo.
En ese sentido, el esfuerzo de análisis de Trancón se ha basado en el Poder Judicial porque, según él, "es el actor relevante de todo el proceso desintegrador de España al que menos se le reconocen sus culpas". "Yo mismo tenía una idea muy mitificada del Poder Judicial", explica. Él observaba el desarrollo de los acontecimientos, por ejemplo, durante el procés, y pensaba que los que habían parado el Golpe a la democracia española eran los jueces. "Sin embargo, basta leer la sentencia que llegó después, esa condena por sedición en lugar de por rebelión, para darse cuenta de que algo falla". Para Trancón, la culpa es de las élites judiciales, un número reducido de personas "encamadas con el poder político y económico". Ellas serían las principales responsables de haber ido "desvirtuando el texto constitucional sentencia a sentencia", bien con interpretaciones rocambolescas, que justificaran ilegalidades ambiguas, bien "dejando de preocuparse por que las sentencias que sí que defendían correctamente lo marcado en la Constitución se cumpliesen después". El último ejemplo que encuentra de ello es bien reciente: "¿Qué consecuencias ha tenido la ilegalidad del Estado de Alarma decretado durante la pandemia? Es muy llamativo. Pedro Sánchez hasta se reconoce orgulloso en público de haberlo llevado a cabo y dice que lo volvería a hacer, una frase que recuerda vivamente a la de los políticos presos catalanes, y aquí no pasa nada", termina Trancón.
El Manifiesto de los 2.300 y el embrión del nacionalismo
Aunque avisos de la deriva antidemocrática en ciertas comunidades existieron muchos, subraya también Trancón. "Lo ocurrido tras el Manifiesto de los 2.300 puede ser considerado como el embrión de todo lo que se ha ido asentando después". En 1981, un numeroso grupo de intelectuales y profesores que vivían en Cataluña firmó un Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos. Su intención era señalar hacia una realidad que estaba pasando desapercibida en el resto del país, pero que por aquel entonces ya trataba de asentar el proyecto catalanista a través de los centros educativos. Muchos profesores tuvieron que marcharse de Cataluña debido al "ambiente de intransigencia que comenzaba a respirarse allí", algo que, entre otras cosas, les hacía verse "rechazados por no hablar catalán".
"A Federico Jiménez Losantos, Terra Lliure le pegó un disparo en la pierna a raíz de aquello", recuerda Joaquín Leguina, exdirigente madrileño del PSOE y uno de los encargados de presentar el libro el pasado jueves. "El Manifiesto de los 2.300 fue una llamada de alerta, una denuncia del proyecto nacionalista catalán incipiente y un intento de desenmascarar al pujolismo. Fue el primer gran esfuerzo por abrirles los ojos a los demócratas. Sería bueno que la historia de esa resistencia no se olvidase", añade después.
Leguina no quiere acaparar la atención ni robarle la palabra al autor del libro, pero subraya unas pocas ideas. "Nacionalismo es desafección a las instituciones democráticas", dice. "Es una vieja nueva barbarie". Por eso, tilda la situación actual del país de "muy grave". Además, cree que el remedio que se ha tratado de utilizar durante décadas nunca ha sido el acertado. "El problema con los nacionalistas es de dinero. En cuanto se les quite el dinero del bolsillo todo cambiará radicalmente".
Enrique Calvet, economista y antiguo miembro del PSOE, también, no se muestra tan optimista. "España ha muerto", dice él. "Quiero decir, España fue. Pero ahora hay que tener mucho cuidado al hablar de ella. Tanto, que ya no sé si sentirse español es legal". Su expresión, pese a todo, encierra otra explicación más desarrollada. "Digo que España ha muerto porque la España de ciudadanos libres e iguales ya no existe. Ahora existe esta otra España a lo Commonwealth, que no es nada". Y se muestra todavía más tajante a continuación: "Estamos caminando directamente hacia el totalitarismo. De hecho, en algunas regiones del país, el autoritarismo racista y supremacista impera".
El principal problema de todo, para él, "es de solidaridad". "Por eso la desigualdad es galopante en estos momentos". No se refiere, con todo, únicamente a la desigualdad material. "Hoy en día, tú no tienes los mismos derechos en función de dónde vivas. Y eso es una aberración democrática". Señala, además, otro problema fundamental: "La ley electoral no es que haya favorecido el bipartidismo. Eso del bipartidismo es mentira. En España lo que ha habido durante décadas ha sido una partitocracia en la que los que más poder han ostentado han sido los separatistas, que además eran minoritarios. En las cosas esenciales, decidían ellos. Por eso hoy no existe una visión del bien común, ni se ha consolidado una democracia española que vele por ese ideal de ciudadanos justos, libres e iguales".
Leguina y Calvet, la vieja guardia de un PSOE que ya no existe
Tanto Leguina como Calvet responden a preguntas relacionadas con la situación actual del PSOE. Ninguno de los dos se muestra optimista. "¿Por qué los socialistas de viejo cuño no se rebelan contra Sánchez?", se escucha, por ejemplo, de un antiguo votante desafecto. "Porque estamos pasados de moda, como dijo Adriana Lastra", responde Leguina. "Además, entre ellos hay mucho traidorzuelo", continúa después. "No voy a dar nombres, evidentemente". Y remata la contestación con una sentencia: "El objetivo principal debería ser reconstruir la socialdemocracia en España, pero para eso es imprescindible echar a Pedro Sánchez".
Además, también tiene palabras para otro tipo de políticas, no necesariamente destinadas a favorecer las exigencias de partidos separatistas, aunque aprovechadas por ellos también. "Eso de la nueva ley de Memoria Democrática es muy grave. Se trata de instaurar una idea del pasado que es falsa. Como si no hubiese habido represión republicana durante la guerra, también", dice. "Es algo que genera cierta rabia porque yo mismo fui antifranquista cuando el bicho estaba vivo, que es cuando era difícil serlo. Ahora no tiene ningún sentido seguir dando vueltas sobre eso, a no ser que se haga por motivos electorales". De esa forma, concluye con el único remedio que vislumbra —un remedio, pese a todo, que ve "demasiado lejano"—: "En la política española hace falta valor. Aquí, o se quiere continuar en el poder a toda costa, que es lo que mueve a Sánchez, o se hacen cosas".