El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha modificado el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España (BNE) para eliminar el requisito obligatorio de ser funcionario de carrera para dirigir la institución. Esta reforma, a la que apenas se le ha dado cobertura desde su cartera, permite nombrar en el cargo a personas sin perfil funcionarial o técnico en biblioteconomía, bastando con que posean un "reconocido prestigio intelectual". El cambio ha generado fuertes críticas en el sector cultural porque supone que el cargo se elija a dedo.
Los principales cambios llevados a cabo afectan principalmente a la gestión. Ya no es necesario pertenecer al cuerpo funcionarial del subgrupo A1 para acceder a la dirección de la BNE. Será el Ministerio de Cultura quien asuma de forma directa la dirección estratégica y la evaluación de resultados. Del mismo modo, el ministro será quien elabore los planes estratégicos, labor que antes correspondía al director general del centro.
Según publica ABC, ya se han pronunciado las primeras voces críticas ante esta medida. La portavoz de cultura en el Congreso del Partido Popular, Sol Cruz-Guzmán, ha calificado la reforma de "insulto a la función pública", mientras que por parte de Vox, su portavoz de cultura, Joaquín Robles, acusa a Ernest Urtasun de "concebir el Ministerio de Cultura como un medio para enchufar a su gente".
Otras polémicas
No es la primera vez que Urtasun mete sus zarpas en la Biblioteca Nacional. Hace justo un año, se trató de cambiar su imagen corporativa eliminando la corona de su logotipo. Tras las críticas de partidos de la oposición por considerarlo un ataque a los símbolos institucionales, el ministerio matizó que no había una decisión definitiva tomada.
Por otra parte, Urtasun ha acumulado las denuncias de varios sindicatos. Comisiones Obreras acusó formalmente al ministro de "inacción y malas prácticas" debido a la gestión de unas obras estructurales en la sede principal. Según el sindicato, estas obras ponían en riesgo tanto al personal como al patrimonio bibliográfico.
Además, Cultura justificó por "razones éticas" la rescisión o no renovación del software de gestión bibliotecaria a una empresa de origen israelí. La medida generó un fuerte debate ideológico y quejas en el sector por anteponer criterios políticos a la operatividad de los servidores informáticos de la institución.