La juez que investiga a Nacho Cano, Inmaculada Iglesias, por presuntos delitos contra los trabajadores y los ciudadanos extranjeros ha ordenado a la Inspección de Trabajo que emita otro informe sobre los becarios mexicanos del musical Malinche porque en el primero no se hizo "una labor de investigación completa". Según la defensa del artista "continúa su desquiciada instrucción, su huida hacia adelante cuyo único objetivo es evitar el achicamiento del caso" y "todo ello a pesar de la montaña de pruebas que se acumulan sobre el montaje y las fabricaciones en las que se basa la acusación".
En la primera inspección, favorable a Nacho Cano, no se vieron irregularidades y se descartó "una relación laboral encubierta". Se concluía que los 17 becados mexicanos realizaron practicas no laborales en la empresa Malinche The Musical Spain S.L.. Decía: "no se ha podido constatar su prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena a la empresa, ni la ocupación de un puesto de trabajo que la empresa necesite cubrir con personal asalariado". Este informe consta en la causa y la subinspectora lo ratificó en sede judicial.
"No llevó a cabo una verdadera labor inspectora"
En un auto fechado el 5 de febrero, filtrado a través de la agencia EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Plaza de Castilla concluye que la subinspectora de Trabajo "no llevó a cabo una verdadera labor inspectora". La magistrada cuestiona la labor de la funcionaria porque "reconoció que ni visitó el centro de trabajo ni ha tenido acceso a las actuaciones judiciales en las que constan las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Extranjería de la Policía Judicial", y por tanto no indagó en aspectos denunciados como que los becarios no tenían autorización de estancia por estudios ni cobraban la beca que debían".
La juez considera que ese informe se basó solo "en los datos obtenidos durante la visita a la Parroquia San Juan de la Cruz el día 27 de junio de 2024, en las manifestaciones realizadas por los becarios en dicho lugar y los trabajadores de la empresa y los representantes de ésta, y la documental aportada y consultada en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social".
Respecto a la ocupación de los estudiantes, la magistrada pone de relieve que el atestado policial revela que la formación que recibieron los becarios de Malinche consistió en ensayar el musical para representarlo en México -donde se estrenará el 28 de marzo- y que "ningún profesor de la escuela Jana, que era la que tenía que expedir el título o certificado de estudios (...) les impartió clases ni teóricas ni prácticas".
Los becarios apoyan a Cano
Por su parte, la defensa de Cano denuncia que "la magistrada tampoco considera relevante la declaración de los becados que en teoría habrían sido objeto de esta explotación, y en defensa de cuyos derechos los policías de Alberto Carba, el inspector de Leganitos, habrían montado seguimientos extrajudiciales durante seis meses y los habrían retenido ilegalmente durante 11 horas.
En un comunicado, tras este último auto de la juez, denuncian que
Nuevamente, resulta sorprendente que la magistrada no tome en consideración los hechos expuestos por los chicos, completamente relevantes para la credibilidad de un atestado policial plagado de irregularidades, mientras otro juzgado de Madrid, el número 38, no solo considera la actuación de esos policías, encargados de dicho atestado como presuntamente delictiva, sino que los ha imputado y llamado a declarar.
Desde el entorno de Nacho Cano vaticinan que
como el resultado de todo ello no es del agrado de la jueza, ni de aquellos que la designaron irregularmente para instruir este caso suponemos que se realizarán todas las inspecciones sucesivas que sean necesarias hasta que los dados caigan en el número que esta instrucción predeterminada necesite. Como los becados regresaron a México tras acabar su beca en julio, será muy interesante comprobar el viaje en el tiempo que una inspección más obediente con el gobierno vaya a realizar para completar esa inspección".
Una sentencia favorable a Cano
Hace una semana el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 ha dictado sentencia, con fecha 30 de enero de 2025, que dice que todas las actuaciones que llevaron a denegar el visado de estudios a los becarios de Malinche, por la Delegación del Gobierno y por la propia comisaría de policía de Leganitos, fueron irregulares. Según la defensa del productor de Malinche "esto en la práctica debería implicar que, hasta que esa decisión sobre el proceso legal que se siguió con esos becados sea resuelta por el tribunal competente, la jueza de instrucción del juzgado 19 debería abstraerse de alcanzar conclusiones sobre la situación legal de los chicos en España. Pero ella parece que tiene otros planes y desoye el trabajo de tribunales competentes".
El comunicado, al que ha tenido acceso Libertad Digital, concluye que
Todo esto no es sino parte del cúmulo de arbitrariedades, injusticias y sesgo que la magistrada Inmaculada Iglesias está aplicando a este caso. Todas ellas han sido ya apeladas a la Audiencia Provincial de Madrid, que esperamos deje sin efecto definitivamente todo este despropósito. Por supuesto que la presunta prevaricación de la magistrada y la vulneración de derechos fundamentales a la que somete a los injustamente investigados, tendrán consecuencias judiciales en su debido momento.