Tras la polémica de Mi cuerpo en llamas y el auge de otros documentales true-crime basados en delitos reales, la productora del documental para Netflix se ha comprometido a detener la producción del documental de Gabriel Cruz, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 11 de marzo de 2018.
Así lo ha asegurado Patricia Ramírez, padre del menor asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada. La madre de Gabriel lamentó la iniciativa de Netflix de realizar un documental sobre el caso y que la asesina de su hijo estaba cobrando dinero por mantener conversaciones con periodistas en la prisión de Brieva (Ávila) de cara a la realización del programa. Además, denunció otras irregularidades como que la reclusa contara con un teléfono móvil para participar en el documental con la "complicidad de algunos funcionarios" de la cárcel.
Al parecer, el 14 de mayo Quezada había quedado con el abogado para revisar el contrato a firmar con la productora y el dinero a percibir, ha subrayado la madre de Gabriel.
El documental de la muerte de Gabriel Cruz tampoco contaba con la aprobación de los progenitores del pequeño asesinado, con la madre denunciando además posibles "irregularidades" en el trato en prisión a la condenada, entre ellas permitir la "intención espuria de realizar un documental o serie televisiva".
Ramírez, que no obstante desconoce si alguna otra plataforma puede estar haciendo algún documental o tiene previsto hacerlo, también ha anunciado en la Comisión Interior del Senado su intención de presentar una denuncia penal contra Quezada y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -de manera subsidiaria- por hechos acaecidos dentro de la cárcel y que implican a la asesina de su hijo. Entre otros factores, la asesina de Gabriel -explicó Ramírez- lleva tres años solicitando a Instituciones Penitenciarias permisos para poder grabar un documental.
Por último, la madre de Gabriel pidió en la comisión del Senado que se equiparase su condición de víctima como otras como las de violencia doméstica: "Pregunten a esas mujeres si permitiría que sus agresores cobraran desde la cárcel para contar sus casos".