Nos quejamos del llamado ‘tapón’ de la justicia, cuando en nueve minutos, ni uno más ni uno menos, una juez tenía adjudicado el caso del productor y músico Nacho Cano, investigado por la supuesta contratación irregular de becarios para su musical Malinche. Había prisa, parece. La juez no es otra que Inmaculada Iglesias Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Plaza de Castilla, que instruye también el caso de Alberto González Amador, novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
¿Existen las casualidades? "El sobre" de Leganitos
Según la defensa de Cano, el mismo día de su detención, el 9 de julio, "ya se sabía qué juzgado y qué magistrada se iba encargar de la instrucción de la causa". Al día siguiente se entrega en los juzgados de Plaza de Castilla el atestado policial "en un sobre" (no digitalizado). Explican a Libertad Digital que, "entra por registro a las 9.55 horas y a las 10.04 horas ya es adjudicado", con "reparto directo". Cuentan que "el reparto es un proceso que normalmente tarda días o semanas" y que "las probabilidades de que caiga en el mismo juzgado son de 1 entre 58" pero que "este reparto extraordinario aseguró que el caso fuera asignado al juzgado 19".
Los abogados de Cano acaban de dar con este detalle que dice mucho de las mínimas garantías que debe tener un proceso judicial limpio y ecuánime. Según oficio de la Policía judicial de Plaza de Castilla, el atestado policial (abierto por el comisario de Leganitos Alberto Carba el 11 de enero y entregado el 10 de julio), no estaba digitalizado y se entrega en mano. Un hecho clave. Los abogados de Cano aseguran que "el atestado se llevó en papel al decanato para que el funcionario pudiera alterar ese reparto, asignándoselo a la juez que ellos querían y no por el turno de reparto".
En un escrito registrado el pasado 9 de noviembre, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Cano manifiesta que "se estaría vulnerando el derecho al juez ordinario predeterminado por ley" e informa de que ha solicitado una investigación informática para saber si, como sospechan, el asunto fue asignado "a dedo" a un juzgado previamente seleccionado: "Si el funcionario de reparto del decanato de Plaza de Castilla repartió el asunto a un juzgado que no corresponde, es una actuación perfectamente acreditable a través de una pericial informática", afirman.
Ante la "grave acusación que se está vertiendo en el escrito", la juez ha pedido al Juzgado Decano que lo investigue.
Las "hostilidad" de la juez
Por varias razones, Cano cree que se está instruyendo su caso de un modo "manifiestamente hostil":
- Por "hacer omiso a la opinión de la fiscalía," que desestimó la denuncia de la becaria Lesly Guadalupe Ochoa, citada a declarar el próximo 14 de noviembre. Añaden que está "dilatando innecesariamente la instrucción, dando prórrogas sin justificación (de momento dos) a la bailarina denunciante, mientras impide declarar a los acusados y a los chicos becados".
- Que está favoreciendo "descaradamente" a la denunciante, Lesly G. O., al "inadmitir pruebas de la defensa sobre el intento de chantaje de la bailarina". La juez ha considerado "irrelevantes" los mensajes en los que ella pedía hasta 6.000 euros "como gratificación de daños y perjuicios", "una carta de recomendación de Nacho Cano" y pagarle "el hotel con las comidas hasta el 15 de enero".
- Por mantener "como prueba y único apoyo sustancial de la demanda un atestado policial plagado de irregularidades", el de la comisaría de Leganitos, "que tiene 18 denuncias en su contra".
- Por consentir que el sindicato CCOO se mantenga en el caso como acusación popular, "sin legitimación alguna, dado que la inspección de trabajo determinó que los becados no eran trabajadores", que no existía "una relación laboral encubierta" y que colaboraban con el musical de forma legal. La juez va a interrogar "a la inspectora de trabajo, como presión".
Hasta hoy la juez Inmaculada Iglesias Sánchez ha rechazado todas las apelaciones de la defensa de Nacho Cano por lo que han tenido que elevarlas a la Audiencia Provincial. También han presentado una querella por conculcación de derechos fundamentales "como resultado de los repetidos abusos" y "que debería paralizar la actuación abusiva de la juez hasta que se resuelva". También ha exigido la declaración del comisario de Leganitos Alberto Carba y del Delegado del Gobierno que "rechazó de modo arbitrario el visado solicitado en tiempo y forma por los estudiantes mexicanos".