Los niveles de transparencia con los que deben contar los contratos de la Administración del Estado y el exceso de celo para cumplir con ello de algunos funcionarios ha jugado una mala pasada en las últimas semanas a la seguridad nacional. Dos contratos hechos públicos en las últimas semanas a través de la Plataforma de Contratación del Estado han filtrado información militar sensible que afecta directamente al Ministerio de Defensa.
El último error detectado ha tenido lugar en un gran contrato del Ejército de Tierra, por valor de cerca de 300 millones de euros, dedicado a renovar la uniformidad y otros materiales que usan sus militares. Se trata de la adquisición de pantalones, camisetas, camisas, guerreras, botas, zapatos, mochilas, calcetines, boinas, chambergos, sacos de dormir, cinturones, placas identificativas, linternas, polainas impermeables o gafas balísticas, entre otros materiales.
El contrato, denominado como "Acuerdo Marco de adquisición de prendas de uniformidad, coordinación, almacenamiento, preparación, distribución y logística inversa de las peticiones de los suministros", está dividido en 19 lotes y fue lanzado por la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. En su intento de ser lo más minucioso posible, entra en detalles sobre las unidades que es calificada como información sensible para la seguridad nacional.
Exactamente, hay un listado detallado del personal que sirve en cada una de las unidades y servicios del Ejército de Tierra, aunque con una ligera desviación porcentual en cada unidad. La cuestión es que como el número de efectivos que sirven en el Ejército de Tierra es público, no era difícil calcular la desviación que había sido aplicada y, por tanto, conocer el número exacto de efectivos que prestan servicio en cada unidad.
Se podía conocer cuál casi el número exacto de militares que el Ejército de Tierra tiene en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla –que el Reino de Marruecos, por ejemplo, no reconoce como españolas y que aspira a anexionar–, o cuántos sirven en las instalaciones de la OTAN en Bétera (Valencia) –información que podría ser de relevancia para Rusia– o cuántos efectivos forman parte del Mando de Operaciones Especiales (MOE).
El documento, que era uno de los múltiples anexos que acompañan la licitación público, ha sido muy comentado en algunos foros militares en los últimos días, lo que ha hecho que el error terminase en conocimiento del Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, y que se ordenase su eliminación de la Plataforma de Contratación del Estado. De hecho, ahora mismo, ya no está accesible, aunque sí lo ha estado durante varios días.
Lo llamativo es que en el Ejército de Tierra tenían dudas sobre si era mejor lanzar un único contrato –que previsiblemente no habría provocado este error– o hacer una división en lotes. Finalmente, se decantaron por esta última opción tras hacer una consulta sobre cómo mejorar sus procesos de contratación a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que les recomendó esta opción el pasado julio.
Pero éste no ha sido el único error con información sensible que se ha producido en las últimas semanas. El anterior había sido cometido por Navantia, la empresa pública de astilleros que construye las embarcaciones de la Armada, y tuvo como protagonista a uno de los submarinos de la clase S-80, cuya primera unidad se está integrando en estos momentos en el arma submarina, con base en Cartagena.
Exactamente, se facilitaron datos detallados de algunas de las secciones del submarino S-82 Narciso Monturiol –como la ubicación de la zona de lanzamiento de torpedos– u otros sobre las características del aislamiento acústico del mismo –un elemento clave para dificultar su detección por radares–. Cuando el asunto saltó a las redes sociales, Navantia fue avisada y modificó el documento para eliminar esa información sensible.