
La Unión Europea y la OTAN han puesto al Gobierno español contra las cuerdas. Exigen que se cumpla con una inversión mínima en materia de Defensa de la que España se encuentra en estos momentos muy lejos. La dificultad se acrecienta porque los socios de Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios son mayoritariamente antimilitarista y partidarios de no invertir prácticamente nada en esta materia.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, repiten de forma machacona que nuestro país es un "socio fiable y comprometido", pero en Europa lo empiezan a ver de otro modo, después de que España fuera el aliado que menos invirtió en Defensa en el año 2024, el 1,29 por ciento de su PIB, precisamente el año en el que se había comprometido a alcanzar como mínimo el 2 por ciento del PIB.
Ahora el Gobierno busca de forma desesperada dinero en los presupuestos prorrogados de 2023 para intentar llegar a ese 2 por ciento del PIB, cuando la gran mayoría de los países se encuentran haciendo cálculos para llegar al 3 por ciento. Es más, la previsión es que la OTAN acuerde en la próxima cumbre de Países Bajos del mes de junio un nuevo mínimo situado en el 3 ó 3,5 por ciento que debería cumplirse para el año 2030.
Las cifras que maneja en estos momentos la UE son similares a las de la OTAN. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apostó también por el 3 por ciento hace unos días en Bruselas cuando explicó en el Parlamento Europeo los detalles del histórico plan de rearme del club comunitarios. El problema de España va a pasar a llamarse en poco espacio de tiempo 3 por ciento y no 2 por ciento.
La UE no ha explicado cómo va a calcular ese porcentaje del PIB destinado a Defensa. Lo que parece es que, al ser la mayoría de los países de la UE miembros también de la OTAN, se van a adaptar a los estándares de la OTAN, aunque esto tampoco está claro en estos momentos y es posible que puedan introducir particularidades propias. El único baremo que existe ahora es el de la OTAN, que no ha cambiado mucho desde que se instauró sobre 1950.
¿Qué entiende la OTAN por gasto en Defensa?
La última definición de gasto en Defensa de la OTAN, actualizada a 2024, decía que gasto en defensa "son los pagos efectuados por un gobierno nacional (excluida las autoridades regionales, locales y municipales) específicamente para satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas, las de los aliados o de la Alianza". A ello, se unen también las aportaciones realizadas para el funcionamiento de la OTAN y sus fondos fiduciarios.
Como todo el mundo puede comprender, el grueso de la inversión en Defensa se encuentra en el presupuesto que cada Gobierno asigna al Ministerio de Defensa. Pero ese dinero no es el único que se contabiliza, sino que se suman también otras partidas que vienen de ministerios como Industria, Interior o Hacienda, además de algunas aportaciones destinadas de los Fondos de Contingencia o créditos extraordinarios, así como la ayuda militar a otros países aliados.
Fuera del presupuesto de Defensa, las partidas más conocidas destinadas a la inversión en Defensa son las que están dentro de los presupuestos del Ministerio de Industria, que suelen figurar como inversiones en I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación). Son las más conocidas porque han sido demonizadas durante décadas por los partidos de extrema izquierda que ahora sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez.
Estas partidas son un adelanto económico a las empresas que están implicadas en el desarrollo de nuevos y novedosos sistemas relacionados con la Defensa, a los que se adelanta dinero que luego deben devolver para que no inicien los proyectos con fondos propios. Una vez que ese programa entra en los presupuestos de Defensa y se empiezan a recibir pagos y obtener rentabilidad, las empresas deben empezar a devolver el dinero a Industria.
Hacienda, Interior y Fondos de Contingencia
La OTAN incluye como gasto en Defensa "las pensiones de jubilación hechas directamente por el gobierno a empleados militares y civiles jubilados de los departamentos militares". Esto supone que hay una pequeña parte del gasto del Ministerio de Hacienda que va destinado a cubrir pensiones que se contabiliza como inversión en Defensa. Esto puede resultar extraño, pero es una herencia de cómo se gestionan estas pensiones en Estados Unidos, donde las paga directamente el Departamento de Defensa.
También hay una parte del presupuesto del Ministerio del Interior que puede computar. Dice la OTAN que entrarían: "tropas del Ministerio del Interior, fuerzas policiales nacionales, guardacostas, etc. En tales casos, los gastos se incluyen sólo en proporción a las fuerzas que están entrenadas en tácticas militares, están equipadas como fuerza militar, pueden operar bajo autoridad militar directa en operaciones desplegadas y, de manera realista, pueden desplegarse fuera del territorio nacional en apoyo de una fuerza militar". Esto incluiría el presupuesto de algunas unidades de la Guardia Civil.
Los Fondos de Contingencia son una partida de los Presupuestos que no son asignados a ningún ministerio y que se emplean para pagar gastos imprevistos o resolver emergencias. El empleo de dinero de esta partida en fines militares también computa como gasto en Defensa. Como ejemplo, el Gobierno los usó hace sólo un mes para pagar las misiones en exterior y no descapitalizar al Ministerio de Defensa. También computan los créditos extraordinarios que son destinados a comprar material militar y que tampoco forman parte de los presupuestos.
La ayuda a Ucrania y los ajustes de la OTAN
También se incluye entre los gastos computables en Defensa la asistencia militar o financiera que se preste a los países aliados. En este caso, España ha firmado un acuerdo bilateral de seguridad con Ucrania por valor de 1.000 millones de euros anuales. Al no haber ahora mismo presupuestos, no está claro de dónde está sacando el dinero el Gobierno, pero sí está claro que esos 1.000 millones sí van a ser reconocidos por la OTAN como destinados a Defensa.
Por último, la OTAN contabiliza también como dinero destinado a Defensa inversiones en aeródromos, servicios meteorológicos, ayudas a la navegación y servicios conjuntos de adquisiciones de compenentes militares de actividades civiles y militares mixtas, pero sólo en el caso de que "el componente militar puede contabilizarse o estimarse específicamente". Si no es así, no lo considera válido.
El protocolo establece que los países indican a la OTAN su inversión en Defensa y luego es la organización la que comprueba que esos datos son exactos. En las últimas décadas ha sido habitual que los países faciliten unas cifras a la Alianza Atlántica y luego los técnicos de este, después de haber comprobado facturas, contratos… rebajen la cifra aportada inicialmente por el país.
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