La declaración como profesionales de riesgo de sólo una parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas españolas parece una cuestión abocada a acabar en los juzgados. Así lo advierte la Unión de Militares de Tropa (UMT), que ha anunciado que estudia acciones legales contra el Ministerio de Defensa por dejar fuera a miles de militares en función de su régimen de cotización.
El origen del conflicto está en la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer la profesión militar como actividad de riesgo sin incluir a todo el personal. La UMT denuncia que esta medida podría excluir a los efectivos que se encuentran adscritos a Clases Pasivas. "Un soldado y un marinero es un profesional de riesgo desde su ingreso", sostienen desde la asociación.
La asociación profesional rechaza que el sistema de cotización sirva para establecer diferencias entre militares que desempeñan las mismas funciones. Consideran que esta distinción vulnera el principio de igualdad y afecta directamente a derechos clave como la jubilación. Por ello, advierten de que acudirán a los tribunales si el desarrollo de la medida mantiene cualquier tipo de exclusión.
En el ámbito sanitario, la asociación también ha elevado el tono contra el Ministerio de Defensa por la falta de avances en prevención oncológica. Denuncian que el acceso a cribados de cáncer depende del lugar de residencia del afiliado a ISFAS, una situación que califican de "inadmisible" y contraria a la equidad dentro del sistema sanitario militar.
Por último, la UMT ha criticado la actualización del Componente Singular del Complemento Específico, que oscila entre los 10 y 40 euros mensuales. La consideran un "parche" que llega con cuatro años de retraso y que no soluciona la brecha salarial con otros cuerpos, pese a algunos avances limitados en formación y salidas profesionales.