Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han exigido a la Comisión Europea que detalle la operatividad de la cláusula de defensa mutua. El objetivo de los mandatarios es saber exactamente cómo actuar en caso de que uno o varios socios activen este mecanismo para solicitar el respaldo del bloque ante una agresión externa.
El debate sobre la seguridad continental se ha reabierto de urgencia después de que, el pasado mes de marzo, un dron iraní atacara una base británica situada en Chipre. Este preocupante incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de prever el modo de aplicación de los mecanismos comunitarios frente a las crecientes amenazas de regímenes hostiles al mundo libre.
A su llegada a la segunda jornada de la cumbre informal del Consejo Europeo celebrada en Nicosia, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha explicado que hay consenso sobre este asunto. "Hemos acordado que la Comisión prepare una propuesta sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7, porque hay una serie de preguntas que necesitan respuesta", ha asegurado a los medios de comunicación presentes.
El artículo 42.7 del Tratado de Lisboa dice exactamente lo siguiente: "Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros".
La citada cláusula es la alternativa en el marco europeo al artículo 5 de la OTAN y exige la cooperación firme entre gobiernos ante agresiones extranjeras. Hasta la fecha, tan solo se ha activado una vez en toda la historia de la organización comunitaria: cuando Francia solicitó el apoyo del resto de miembros de la Unión tras los brutales atentados islamistas perpetrados en París en 2015.
Las autoridades chipriotas han destacado especialmente la importancia de abordar esta reflexión y preparar un plan claro de operatividad. Este precepto cubre a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no forman parte de la Alianza Atlántica –como es el caso de Malta, Irlanda, Austria y la propia Chipre– y que, por tanto, carecen de la cobertura disuasoria que ofrece la organización militar occidental.
En paralelo a estas exigencias, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, adelantó esta misma semana que su departamento ya trabaja en la preparación de ejercicios de simulación para testar el artículo 42.7. Tal y como confirmó al consorcio de agencias European News, la intención fundamental es garantizar una reacción mucho más ágil y coordinada entre las capitales nacionales.
El político lituano constató que los distintos Ejecutivos necesitan disponer de una información mucho más precisa sobre la asistencia civil y militar que pueden recibir de sus socios. Por ello, aboga por elaborar un manual de instrucciones que detalle qué ayuda se puede recabar, evitando así que cualquier país europeo se quede desamparado ante la amenaza del totalitarismo.