El Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, ha anunciado la creación del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA). Según ha explicado el portavoz presidencial, Manuel Adorni, esta iniciativa tiene como objetivo fundamental fortalecer las capacidades operativas de las instituciones castrenses utilizando fondos derivados de la venta, el alquiler o la privatización de los distintos bienes del Estado.
En concreto, el Ejecutivo ha establecido que el 10% de los ingresos generados por estas operaciones estatales se destinará de forma íntegra al reequipamiento, la modernización y la recuperación de las mermadas capacidades bélicas del país. Además, se ha incluido una cláusula específica: cuando los bienes enajenados o alquilados sean propiedad originaria de las propias instituciones militares, ese porcentaje de recaudación ascenderá al 70%, inyectando un importante flujo de capital directamente en el sistema de defensa nacional.
"Esta medida se enmarca en un proceso de fortalecimiento de las fuerzas", ha detallado Adorni durante su habitual rueda de prensa desde la Casa Rosada. El objetivo, según ha subrayado, es permitir el avance en la incorporación de nuevos sistemas y en el desarrollo de áreas vitales como la vigilancia, el control y el apoyo logístico. Todo ello ha quedado plasmado en un decreto rubricado por el presidente que advierte de que el deterioro actual de los materiales exige "acciones urgentes".
El texto oficial insiste en la necesidad imperiosa de adaptarse a los vertiginosos cambios tecnológicos y al inestable contexto internacional. En este sentido, la normativa hace hincapié en la protección del ciberespacio, al que califica como un ámbito estratégico de creciente relevancia para salvaguardar la soberanía. El Gobierno asegura que este esquema de financiación actuará como una fuente complementaria a instrumentos ya vigentes, como el Fondo Nacional de la Defensa, y que en ningún caso alterará el innegociable equilibrio fiscal que vertebra la política económica del Ejecutivo liberal-conservador.
En paralelo a esta inyección de recursos para las tropas, el portavoz gubernamental ha comunicado una serie de modificaciones sustanciales en el régimen legal que regula la tenencia y portación de armas para la sociedad civil. Las nuevas directrices actualizan los requisitos exigidos para alcanzar la categoría de usuario legítimo y endurecen los criterios de autorización previa.
A partir de ahora, la Administración requerirá la presentación de certificados médicos exhaustivos que acrediten la aptitud física y psíquica del solicitante, así como pruebas formales de idoneidad en el manejo de armamento. Como contrapartida a esta mayor rigurosidad en los controles, se ha extendido hasta un máximo de cinco años el periodo de vigencia de los permisos de portación.
Por último, en una medida de profundo calado para las operaciones de seguridad ciudadana, se ha habilitado a los agentes federales a utilizar munición de punta hueca. Tal y como ha precisado Adorni, el uso de estos proyectiles está justificado táctica y operativamente porque ofrecen un mayor poder de detención frente a la amenaza y una menor sobrepenetración. Esta característica balística resulta clave en entornos urbanos, ya que reduce drásticamente el riesgo de que la bala atraviese el objetivo principal y termine hiriendo a terceras personas inocentes que se encuentren en la línea de fuego.