El Ministerio de Defensa ha dictado una nueva instrucción operativa dirigida a las unidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad autónoma de Ceuta, autorizando por primera vez el uso de armamento reglamentario dotado con munición real durante los servicios de patrullaje. Esta medida responde al incremento de la tensión en la frontera y a la necesidad de los uniformados de poder defenderse ante los ataques recibidos en los últimos días.
La directriz técnica establece un esquema de dotación en el que solo un integrante de cada equipo portará armamento municionado. De este modo, si el elemento de patrulla es un soldado de la escala de tropa, llevará su fusil de asalto dotado de munición, mientras que si la labor recae sobre un cuadro de mando o jefe de equipo, este irá provisto de su arma corta reglamentaria, la pistola.
Esta regulación modifica el escenario operativo mantenido durante el primer mes de crisis. Hasta la fecha, las tropas desplegadas en labores de contención y vigilancia perimetral realizaban sus funciones completamente desarmadas o portando sus fusiles de dotación sin cartuchería. La ausencia de munición impedía la capacidad de respuesta inmediata de las patrullas ante situaciones de riesgo extremo o ataques violentos contra la fuerza.
La medida no ha sido acogida de buen grado en el seno de las Fuerzas Armadas. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha advertido del peligro de depositar en los hombros de un solo militar la seguridad del resto del grupo, debiendo evaluar en cuestión de segundos si sus compañeros sufren un riesgo inminente para la vida, según ha detallado el portavoz de la asociación, Marco Antonio Gómez.
Desde la asociación ha señalado la extrema complejidad jurídica que afrontaría el militar en caso de tener que abrir fuego para repeler un ataque contra el contingente. Gómez ejemplifica esta indefensión recordando los episodios de pedradas recibidos en la frontera: de haber utilizado el fusil para neutralizar la amenaza, el soldado tendría serias dificultades para justificar ante un juez que actuó bajo una percepción de peligro vital inminente.
ATME sostiene que la solución no pasa por restringir el armamento a un solo efectivo por binomio o equipo, sino por dotar a cada soldado de su propia arma de fuego reglamentaria bajo un criterio de responsabilidad individual. A juicio del colectivo, resulta inadmisible condicionar la integridad física de todo un grupo a la decisión y capacidad de respuesta de un tercero ante situaciones de violencia o agresión.
Para solventar este limbo operativo, ATME ha exigido al Gobierno que otorgue de manera urgente la condición legal de agentes de la autoridad a los militares desplegados. Gómez ha recordado que esta figura jurídica ya se activó durante la pandemia y la DANA, dotando a las tropas del marco normativo y la formación necesaria para identificar, reducir o detener a personas en territorio nacional con plena salvaguarda legal.