El Consejo de Administración del Club Estudiantes acordó el pasado viernes convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo miércoles 30 de junio, a partir de las 19:30 horas, en el Polideportivo Antonio Magariños.
Entre los cuatro puntos del día se encuentra el nombramiento del empresario José María Sayago Lozano como nuevo miembro de la Junta directiva de la entidad colegial, en cuyas categorías inferiores jugó en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que acaba de consumar su descenso a la LEB Oro —segunda división del baloncesto español—.
Hasta ahí todo puede resultar normal. Sin embargo, según ha podido constatar Libertad Digital, Sayago es una de las cinco personas contra las que el juez del caso de los ERE, José Ignacio Vilaplana, ha acordado la apertura de juicio oral por presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, por valor de 34,26 millones de euros, al llamado "tándem empresarial" de la Sierra Norte de Sevilla.
En total, la Fiscalía pide penas que suman 23 años de prisión para estas cinco personas.
Cabe recordar que las empresas vinculadas a los empresarios y exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José María Sayago Lozano y José Enrique Rosendo Ríos —fallecido en 2016— recibieron un total de 34,26 millones de euros a través de una veintena de ayudas de la Junta con cargo al programa de los ERE. En su mayoría se trataba de sociedades sin actividad ni empleados: un entramado empresarial creado con el único fin de recibir subvenciones, según detalló el juez en su auto previo de procesamiento.
En el caso de José María Sayago Lozano, que es el principal acusado, este empresario y exconcejal socialista está acusado de los delitos de prevaricación administrativa, malversación y, alternativamente, delitos de estafa y de apropiación indebida. El Ministerio Fiscal eleva a seis los años de petición de cárcel y quince de inhabilitación absoluta para él.
Además de Sayago, los otros cuatro procesados son el exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera, para quien se pide dos años de cárcel y seis años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, y los empresarios Eduardo Lora, Manuel Valdecantos y Manuel Robles. Para ellos la Fiscalía solicita cinco años de cárcel como cooperadores de malversación.