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Neymar declara en la Audiencia Nacional: ¿podría acabar en la cárcel?

El jugador estuvo declarando en la Audiencia Nacional durante hora y media por presunto fraude y corrupción en su fichaje por el Barcelona.

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"Muito tranquilo" están el padre de Neymar y el propio futbolista. Neymar sénior solo se explica su imputación por un deseo del juez para esclarecer la causa, puesto que "solo vinieron a prestar declaraciones pero no tienen nada que ver". A su juicio, se trata de un conflicto específico entre la agencia de representación DIS y el Santos, la reclamación pesa sobre el club brasileño. Preguntado por el testimonio de su hijo, ha exclamado que Júnior repitió una y otra vez: "No sé, no sé, no sé. Neymar es futbolista, no sabe de contratos". En cualquier caso, sostiene que han pagado todos los impuestos y, por lo tanto, no piensan en ningún acuerdo con las partes: "Estamos muy molestos por estar aquí, mi hijo tiene más cosas que hacer. No merecemos esto", reprochaba el padre del delantero.

Y la defensa acude a la famosa Ley Pelé, por la que cualquier futbolista tiene la última palabra para recalar en otro club, es decir, se puede negar a fichar por el club que presenta la mejor oferta si así lo desea. En declaraciones a LD, el abogado ha asegurado que "ha quedado todo muy claro. Siempre depende de la voluntad del jugador ir al club que quiera". Y, como ha añadido el padre, "Neymar está muy feliz en Barcelona y no piensa salir de allí". Aunque luego ha reconocido que la renovación está parada porque "depende de que se resuelva esta cuestión". Queda por tanto en el aire, puesto que la cuestión judicial no está en manos del Barcelona.

Pulgar en alto

Decenas de medios de comunicación esperaban a Neymar a las puertas de la Audiencia Nacional en su sede de la calle Génova en Madrid. También grupos de aficionados -ha firmado algún autógrafo a la entrada y la salida- y un hombre que portaba una pancarta decorada con billetes: "Aquí hasta en el fútbol ganan los más corruptos". El futbolista, acompañado por su padre y representantes legales, ha acudido a dependencias judiciales poco antes de las cinco de la tarde y ha abandonado las mismas después de hora y cuarto con el pulgar en alto. Cumple así con la citación del juez José de la Mata que le investiga en el marco del llamado Caso Neymar 2, junto a sus dos progenitores, el FC Barcelona y el Santos FC.

Recogía el testigo Neymar da Silva padre que sigue respondiendo. Tal y como afirman fuentes jurídicas presentes en la declaración, ha desvinculado a su hijo de la negociación, detallando punto por punto el contrato. En relación a la madre, Nadine Gonçalves, también llamada para dar su versión, no se ha presentado y probablemente declare en los próximos días por videoconferencia desde Brasil.

Según la defensa de Neymar, el delantero ha contestado a todas las preguntas salvo las formuladas por DIS. Dieron cuenta de su presunta implicación este lunes el actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell. Ambos ratificaron los argumentos que prestaron ante la Audiencia Nacional por el denominado Caso Neymar 1 alrededor de supuestos delitos fiscales en el fichaje. Compete ahora a los Juzgados de Barcelona investigar un pago de 40 millones al jugador: si era parte del sueldo o del traspaso. También sostuvo su versión un representante del Santos como persona jurídica, que cifró su ingreso por el traspaso en 17.1 millones de euros y aseguró sentirse estafado por quien fuera su estrella.

Estafa y corrupción entre particulares

Tanto a Neymar como a su padre se les imputan delitos de estafa y corrupción entre particulares en relación al traspaso del brasileño desde el club de su eclosión, el Santos, al equipo azulgrana. La investigación surge a raíz de una querella interpuesta por la empresa de representación DIS, propietaria del 40% de los derechos federativos del astro culé. Como tal, le correspondía ese porcentaje del total de la operación y, según expone la queja, lo cobró sobre los 17 millones tasados inicialmente por las entidades, una cifra lejana a los más de 83 millones en los que la investigación cifra la compra o los 94 que sostiene la Fiscalía Anticorrupción. En otras palabras, el movimiento habría encerrado una estafa de más de 20 millones a DIS.

También se deriva en una serie de "contratos simulados", en palabras del juez, que "pretendían disfrazar lo que en realidad era el pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad". Habrían consistido en el pago de 7,9 millones de euros por un convenio de colaboración en materia de fútbol base que habría permitido la adquisición por parte del Barça de los jugadores Víctor Andrade Santos (3,2 millones), Givanildo Pulgas Da Silva (1,8 millones) y Gabriel Barbosa Almeida (2,9 millones). Por último, la celebración de un partido amistoso en Brasil con Neymar como jugador del Barça, que de no celebrarse, como así ha sido hasta la fecha, suponía un pago de 4,5 millones al Santos.

La corrupción entre particulares se habría cometido en la firma de un preacuerdo entre el Barcelona y Neymar. Al parecer, pactaron un pago de 40 millones de euros para que se incorporara una vez finalizado su vínculo con el Santos en 2014 con cláusula de incumplimiento por el mismo valor a través del cual, si el futbolista firmaba por otro club, tendría que acometer el ingreso de la mencionada cantidad. El Barça le abonó de primeras 10 millones y, dado que finalmente se incorporó un año antes de lo previsto, acometió los otros 30 millones. Según el magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional, ese acuerdo habría vulnerado la libre competencia en el mercado de fichajes. De hecho, el Real Madrid aportó a las diligencias una oferta de 45 millones de euros que supuestamente se vio obligado a declinar.

Condenas en el Código Penal

Si se confirma la culpabilidad de Neymar y, en función del grado de los hipotéticos delitos, Neymar podría ingresar en prisión. El Código Penal tipifica el delito de estafa en su artículo 248 y, para la conducta que ocupa en concreto, prevé penas de cuatro a ocho años de cárcel. En relación a la supuesta corrupción entre particulares, el reglamento impone condenas privativas de libertad de seis meses a cuatro años.

En cualquier caso, la causa permanece en fase de instrucción. Con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones, principalmente DIS, la Audiencia Nacional conduce la investigación alrededor del presunto ilícito. Una vez concluya esta fase y previa elaboración del escrito final de acusación, los hechos podrían ir a juicio en un plazo de varios meses-no existe un período fijado- y tras su celebración el tribunal dictaría sentencia.

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