La Operación Soule, más conocida como caso Villar, ha eclosionado en su vertiente en Cataluña. La Guardia Civil despliega una operación que afecta a la Federación de Fútbol de dicha autonomía, además de la Mutualidad Catalana de Futbolistas y más empresas relacionadas con estos organismos. La Guardia Civil recopila información sobre la supuesta inflación de los presupuestos para las obras de reforma de sedes en Barcelona, Sabadell, Villafranca del Penedés y Tarragona.
El pelotazo se habría producido durante el mandato de Andreu Subies. Según fuentes de la investigación, el expresidente de la FCF es uno de los dos detenidos. El otro, el también exdirectivo José Contreras, un amigo íntimo de Villar cuyas empresas se habrían beneficiado de la adjudicación amañada de los contratos mencionados. Se están practicando, tal y como estaba previsto, seis registros.
Subies ostentó el máximo cargo en la Federación Catalana hasta julio de este año, cuando se incorporó al proyecto de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol como vicepresidente económico. Está inmerso en la investigación del saqueo de 45 millones de euros en las arcas de la RFEF durante el mandato de Villar.
Ángel María Villar y su hijo Gorka, detenidos en julio de 2017, estuvieron diez días en prisión provisional como principales imputados por la Operación Soule. El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, investiga tratos de favor del expresidente de la RFEF a empresas de familiares y directivos a cambio de apoyo a su candidatura. Permaneció durante 30 años en el cargo a través de este método.
Vertiente de la investigación en Cataluña
La pieza investiga las supuestas bondades de Villar para el reclamo de apoyos en la Comunidad Autónoma. Nació de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción a la que ha tenido acceso Libertad Digital. Solo en la remodelación de la sede de la FCF en Barcelona, adjudicados a la inmobiliaria Tastavins propiedad de Contreras, el empresario se habría embolsado 518.702 euros. Una factura pagada por la RFEF que, a juicio de los investigadores, no responde a servicios reales.
No consta que la sociedad adjudicataria disponga de empleados. Además, impulsó una subcontrata por valor de 239.000 euros. El resto se habría desviado al abono de las reformas de un restaurante de Cambrils (Tarragona) con la esposa de Subies como administradora y en el domicilio particular del expresidente de la FCF en la misma localidad. Este modus operandi se habría trasladado a la reforma de otras sedes territoriales de la federación, adjudicadas todas a la empresa Tastavins.
La Guardia Civil subraya la estrecha relación existente entre Villar y Contreras, que se veían siempre que el presidente de la RFEF viajaba a Barcelona. La Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado que expresa "el máximo respeto por las acciones judiciales" y pide "el respeto necesario por la presunción de inocencia".