El empresario catalán Gerard Romy, fundador de Mediapro y accionista de referencia de la compañía hasta 2015, ha sido procesado por un tribunal federal de Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos), tras ser acusado de soborno para que Imagina (el holding de Mediapro) obtuviese los derechos audiovisuales de los partidos clasificatorios para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Romy, antiguo socio de Jaume Roures, tendrá que sentarse en el banquillo tras ser acusado de los delitos de fraude, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, delitos que en Estados Unidos pueden ser castigados con penas de hasta 20 años de prisión cada uno de ellos.
Mediapro ya reconoció en julio de 2018 su implicación en este caso, conocido popularmente con el nombre de FIFA Gate. El grupo audiovisual, fundado en 1994 y con sede en Barcelona, admitió su participación en los sobornos y pagó una multa de 20 millones de euros, aunque la investigación sobre Romy prosiguió su curso. En el momento de los hechos, el empresario catalán, que ahora tiene 65 años, era uno de los máximos directivos de Mediapro con un 12,2% de las acciones —la misma participación que entonces tenían Roures y Taxto Benet, el otro fundador del grupo—.
Según la investigación, este empresario y otros "colaboradores en la conspiración", según recoge el escrito de la Fiscalía —entre ellos el exdirectivo de Imagina en Estados Unidos, Roger Huguet, y los ejecutivos de la compañía estadounidense de radiodifusión 21st Century Fox, Hernán López y Carlos Martínez—, habrían abonado tres millones de dólares a Jefrey Webb, en su día directivo de la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y presidente de la Concacaf, para asegurarse la adjudicación de los citados derechos.
Romy, que es calificado por la Fiscalía como "ejecutivo de alto rango y accionista de Imagina, un conglomerado multinacional de medios privados con sede en Barcelona (España)", será reclamado por la Justicia estadounidense para la vista oral. En el caso de que se entregue voluntariamente, tiene opciones de quedar en libertad bajo fianza hasta que comience el juicio, aunque su futuro judicial se antoja complicado porque Roger Huguet y la propia Mediapro, además de haber reconocido los hechos, sitúan a Gerard Romy en medio de la supuesta trama.