La investigación del Barçagate sigue su curso. La Fiscalía denunciará al FC Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos de un total de unos 7 millones de euros realizados a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre los años 2001 y 2018.
Además del delito de corrupción continuada, que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo, el Barça se enfrenta a otros dos posibles delitos: falsedad documental y administración desleal. El castigo por vía deportiva ya ha prescrito con la nueva Ley del Deporte (tres años), pero no así por la vía penal.
Mientras tanto, la Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue lavándose las manos en todo este asunto. Luis Rubiales mantiene a Joan Laporta como miembro de la Junta Directiva del organismo, entre cuyos cometidos está "controlar el desarrollo y buen fin de las competiciones de ámbito nacional e internacional, en los casos que le corresponda". Curioso apartado, teniendo en cuenta que el Barça sigue implicado en este asunto y que Laporta ya había sido presidente del club en un primer mandato entre 2003 y 2010.
De todo ello habla Guillermo Domínguez, jefe de Deportes del Grupo Libertad Digital, analizando a fondo el caso Negreira.