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La Federación responsabiliza al juez del caso Negreira de una "escalada de violencia y agresividad" contra los árbitros

En un escrito, al que ha tenido acceso LD, la Federación señala que las afirmaciones del juez son "verdaderamente desafortunadas y desconcertantes".

En un escrito, al que ha tenido acceso LD, la Federación señala que las afirmaciones del juez son "verdaderamente desafortunadas y desconcertantes".
El jugador del Real Madrid, Vinicius. | Europa Press

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que preside de forma interina Pedro Rocha responsabiliza al titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el caso Negreira de una "escalada de violencia y agresividad" contra los árbitros.

El pasado mes de octubre, el instructor destacaba en un auto que "los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español, lo cual no significa que todos y cada uno de los árbitros fueran corruptos, pero sí un grupo de ellos. No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica".

En un escrito de 4 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Federación en representación del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que preside Luis Medina Cantalejo señala que las afirmaciones del instructor son "verdaderamente desafortunadas y desconcertantes. Queremos poner de manifiesto nuestra preocupación por el cariz que está tomando la presente instrucción. De un tiempo a esta parte venimos observando que se ha convertido en una investigación totalmente prospectiva y basada en la petición de principio del instructor consistente en que ha habido árbitros que se habrían dejado corromper por Enríquez Negreira para favorecer al F.C. Barcelona".

"Así, el juez ha asumido como verdad absoluta que, durante el tiempo en que Enríquez Negreira ocupó una de las tres vicepresidencia de la RFEF, existió una corrupción sistémica y hubo un ‘grupo de árbitros’ corruptos. Y no solo eso. También se ha empeñado en demostrarlo con su particular interpretación sobre la naturaleza jurídica de la RFEF y a base de apelar a la Guardia Civil para encontrar unos indicios que prueben su deducción", añade.

Según la Federación, el magistrado "no se está dando cuenta que un planteamiento así se alejaría de los principios. en los que se basa la instrucción penal en nuestro ordenamiento jurídico. En el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional, el juez de instrucción recopila los indicios de criminalidad y les da una traducción jurídico-penal, que es bien diferente a establecer una conclusión apriorística sobre el asunto y centrarse exclusivamente en probar dicha conclusión. Con este enfoque hacemos un flaco favor al buen fin de la instrucción y al servicio público de la Administración de Justicia".

"’Se deduce, ‘debió existir’... son términos inasumibles en una instrucción penal de una Estado democrático y de Derecho. La instrucción penal no puede basarse en sospechas, deducciones o inferencias lógicas, sino única y exclusivamente en indicios. Por eso, antes de formular unas acusaciones tan graves al colectivo arbitral, el Juzgado debe decir qué indicios hay de que efectivamente se produjeron esos efectos arbitrales deseados por el F.C. Barcelona, qué indicios existen de que hubo equipos que fueron tratados desigualmente, qué indicios hay de que hubo una corrupción sistémica y qué árbitros formaron parte de ese grupo de árbitros corruptos", continúa el escrito.

"El propio Ilmo. Juzgado se encarga de decir que no está en posesión de tales indicios (‘No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica’) y ello nos adentra en el peligroso terreno de la arbitrariedad. ¿Cambiará el Juez su conclusión en caso de que la Guardia Civil no encuentre un solo árbitro al que le hayan propuesto pitar a favor del F.C. Barcelona a cambio de dinero? Y es que, no se puede lanzar la sospecha pública sobre la integridad del colectivo arbitral de una manera tan ligera. Sobre todo si se tiene en cuenta que llevamos siete meses de instrucción y todavía no se sabe qué hizo el Sr. Enríquez Negreira con el dinero recibido", apunta la RFEF.

Según el escrito, "las manifestaciones del Auto respecto del colectivo arbitral sin indicio alguno que las respalde son además irresponsables y contribuyen a aumentar el nivel de crispación que existe en el fútbol desde que este asunto saltó a la palestra informativa. Realizar afirmaciones del calado que tienen las contenidas en el Auto de 18 de octubre no hace sino elevar las sospechas en torno a la integridad de quienes componen la actual plantilla arbitral de Primera División y de todo el colectivo arbitral en su conjunto, pese a que el Sr. Enríquez Negreira abandonó el CTA hace ya cinco años y medio".

"Por ello, sería conveniente que el Juzgado calibrara con más atención el impacto mediático y social que tiene todo cuanto sucede en el presente procedimiento y pensar en los miles de árbitros, muchos de ellos menores de edad, que todos los fines de semana arbitran en todas las categorías del fútbol español, y que al final son los que sufren esa crispación que está provocando este caso, traducido en una escalada de violencia y agresividad en partidos donde se encuentran totalmente desprotegidos. Al igual que sucede con la Administración de Justicia, no podemos estar continuamente sospechando de los árbitros ni generar artificialmente sospechas si no tenemos un indicio sólido que lo soporte", destaca.

La inocencia se presume y la culpabilidad se prueba

La Federación apunta además que no se deben tomar "estas líneas como una cortina de humo para proteger a las partes implicadas, o a cualquier árbitro que se hubiese podido dejar corromper, para el hipotético caso que hubiese sucedido algo así. Si se encontrara el más mínimo indicio de que un árbitro hubiera faltado a su deber para beneficiar al F.C. Barcelona, no tenga ninguna duda el juez, el Ministerio Fiscal y el resto de partes de que esta representación procesal será absolutamente implacable y pediremos las máximas penas que corresponda".

"Hasta entonces, la prudencia aconseja no lanzar públicas sospechas como las contenidas en el auto de 18 de octubre de 2023. La inocencia se presume y la culpabilidad se prueba", concluye.

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