Los médicos forenses han concluido que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, está capacitado para declarar. Por ello, el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha decidido citarlo en calidad de investigado el próximo día 21 de febrero.
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que en su informe los facultativos han constado que sufre Alzheimer, aunque sostienen que esto no le incapacita para poder comparecer ante el juez.
El pasado 10 de octubre, un forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña examinó por orden del instructor a Negreira para determinar si podía declarar en el procedimiento judicial. Éste había presentado previamente ante la Fiscalía y el Juzgado informes en los que exponía que sufría Alzheimer. Por ello, su defensa concluía que su estado de salud y su avanzada edad, 78 años, imposibilitaban su comparecencia en la causa.
Al llegar al Instituto de Medicina Legal, el exvicepresidente del CTA, que iba acompañado de su pareja y de su abogado, sufría una caída tras un tropiezo. Posteriormente, fue examinado por un forense que debía emitir un informe sobre su salud y enviárselo al juez, para que éste decidiera si podía citarlo a declarar como investigado en función del resultado de las citadas pruebas médicas.
El exvicepresidente del CTA acudió al examen del forense con documentación médica que acreditaba las enfermedades que supuestamente padecía y la medicación que tomaba. En un informe de la Fundación ACE Alzheimer Center de Barcelona entregado en el Juzgado se le diagnosticaba "un principio de Alzheimer" por lo que las pruebas estaban encaminadas a saber si dicha demencia aumentaría e impediría su declaración judicial, ya que no sería consciente de sus respuestas.
Dicho informe apuntaba además que la enfermedad neurodegenerativa causa pérdida de autonomía por lo que convierten al paciente en alguien muy dependiente, por pérdida de memoria y movilidad, y debe tener supervisión en la toma de decisiones. Por eso, se instaba a la familia a recibir formación sobre cuidados así como iniciar los trámites para un reconocimiento de grado de dependencia por los servicios sociales para determinar si necesita ayuda.
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