La Guardia Civil investiga al F.C. Barcelona durante la primera presidencia de Joan Laporta por utilizar "mulas económicas" para ocultar los pagos millonarios al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga el pago de 7,6 millones de euros de la entidad blaugrana a Negreira por presuntos delitos de corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental. Laporta presidió el Barça entre 2003 y 2010, e inició su segunda etapa en la presidencia en el 2021. La Audiencia Provincial de Barcelona tumbó el pasado mes de mayo la imputación del propio Laporta en la causa acordada por cohecho al considerar que dicho delito estaba ya prescrito.
Un oficio de 5 páginas de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "de la documentación aportada por las entidades financieras en respuesta a los Mandamientos Judiciales, se comprobó que se recibieron ingresos directos del Fútbol Club Barcelona (FCB) en una cuenta en la que José María Enríquez Negreira figura como autorizado y Concepción Díaz Herbella (secretaria de Negreira) como titular. No se ha podido determinar si este fue un hecho aislado o si el FCB realizó más transferencias o pagos a través de estas cuentas".
"El FCB ordenó que se realizaran unas transferencias bancarias por un total de 35.555,87 euros (entre 2005 y 2006) a una cuenta bancaria de la que es titular Concepción Díaz, como persona física. Estas transferencias se justificaron como el pago de una serie de facturas a la sociedad Soccercam SL. Sin embargo, esta operación carece de coherencia, ya que no existe ninguna relación de dependencia, comercial, mercantil ni profesional entre esta empresa y la señora Diaz, ni entre el FCB y esta persona, que pudiera justificar dichos pagos", añade.
"En consecuencia, es esencial investigar si existen otras cuentas bancarias que hayan recibido fondos del FCB bajo circunstancias similares, para identificar posibles patrones de comportamiento y esclarecer la naturaleza de estas transacciones", afirma la Guardia Civil.
"La utilización de cuentas bancarias de personas físicas (mulas económicas), o de sociedades interpuestas, sin relación alguna con los beneficiarios reales de fondos, para recibir pagos, y transferirlos posteriormente a otras cuentas o retirarlos en efectivo, percibiendo una comisión por dicho servicio, es una práctica habitual utilizada por ciertas mercantiles y organizaciones", destacan los investigadores.
"Por lodo lo anteriormente expuesto, y ante la posibilidad de encontrarnos ante unos de los supuestos indicados, se considera necesario disponer de los movimientos bancarios de las cuentas asociadas de las que Concepción Díaz Herbella y José Martínez Alfonso son titulares, en distintas entidades financieras", concluyen los agentes.
Recordamos que Concepción Díaz Herbella fue secretaria de Negreira y José Martínez Alfonso, además de asistente arbitral, fue informador durante la vicepresidencia del CTA de Negreira. Ambos están relacionados con los cobros de cheques emitidos por las mercantiles Nilsad SCP y Dasnil95 SL, porque retiraron fondos en efectivo.
Tres millones en las cuentas de la pareja de Negreira
Tal y como avanzó este diario, la Guardia Civil ha localizado 3 millones de euros en las cuentas bancarias de la pareja del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Ana Paula Rufas. El informe hace referencia a unas cantidades de dinero que se extrajeron mediante talones bancarios de las cuentas bancarias de las sociedades de Negreira, Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, de aproximadamente 3 millones de euros.
Según la Guardia Civil, "se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legitimidad y conformidad con las normativas vigentes". El juez Aguirre decidió imputar a la pareja de Negreira por un delito de blanqueo de capitales tras recibir el citado informe del Instituto Armado. Además, acordó prorrogar la investigación de la causa otros 6 meses e instó a la Guardia Civil a realizar un nuevo informe.