L D (EFE) Así lo ha establecido la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el auto se decreta la ejecución de la sentencia dictada en relación con el "caso Atlético" por el Tribunal Supremo (TS), al haber adquirido así firmeza, aunque "por el momento" sólo en lo que se refiere a su parte dispositiva ya que el TS aún debe remitir todo el procedimiento.
La Audiencia Nacional entiende que, en aplicación de la sentencia del TS, "procede dejar sin efecto todos y cada uno de los extremos" del auto que dictó el juez Juan del Olmo, instructor de esta causa, por el que se estableció la intervención judicial del club Atlético de Madrid, Gerencia Atlética, Fundación Club atlético de Madrid y Policlínica Atlético de Madrid, "quedando la función de los interventores judiciales circunscrita únicamente a la ejecución del fallo" del alto tribunal.
El pasado 8 de julio, el Supremo decidió absolver a Jesús Gil y al actual presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, del delito de apropiación indebida de fondos del club, por el que la Audiencia Nacional les condenó a dos y un año de cárcel, respectivamente, al estimar que había prescrito.
La Sala de lo Penal del TS ha acordado, además, dejar sin efecto la obligación de devolución al club de las 236.056 acciones que poseían y ha mantenido, sin embargo, la condena de un año y seis meses para Miguel Angel Gil, director general del Atlético de Madrid, por el delito de estafa por simulación de contrato.
El TS recuerda que, al haber fallecido Jesús Gil, la otra condena impuesta a éste por la Audiencia Nacional, de un año y medio de cárcel por el delito de estafa, lógicamente queda extinguida, pero mantiene que tanto Miguel Angel Gil como el resto de sus herederos deben devolver al club 2.700 millones de pesetas para reponer la situación contable del Atlético al estado anterior a los contratos ficticios que constituyeron la estafa.
Dichos contratos se firmaron en 1998 cuando Jesús Gil, a través de la empresa de su propiedad -Promociones Futbolísticas-, vendió al club los derechos de cuatro jugadores nigerianos por 16,23 millones de euros, "siendo el valor de esos derechos casi inexistente" con el objeto de cancelar la deuda que tenía con el Atlético, recordaba el Supremo en su sentencia.