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Acusan a Almunia de retrasar el expediente al fútbol español por ser socio del Athletic

La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, ha exigido al comisario de Competencia que "deje de retrasar" la investigación.

LD / EFE
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La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, ha exigido al comisario de Competencia que "deje de retrasar" la investigación.
Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia. | Archivo

La Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, exigió al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que "deje de retrasar la decisión" de poner en marcha una investigación formal contra España por las supuestas ayudas públicas ilegales a clubes de fútbol profesional.

El caso "puede parecer para el gran público un conflicto de intereses dados los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes de fútbol en cuestión", dijo O'Reilly en un comunicado en el que se refiere al hecho de que Almunia es socio del Athletic de Bilbao.

La defensora del pueblo europeo se refirió así al caso de las supuestas ventajas fiscales concedidas a Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Osasuna de Pamplona, los cuatro únicos clubes de Primera que no se convirtieron en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Quejas enviadas a Bruselas

La situación de estos clubes fue objeto de una queja enviada a Bruselas por parte de "inversores de otros clubes de fútbol europeos", que consideraban que su estatus fiscal podría concederles ventaja ante sus competidores.

Los denunciantes alegaban que a su juicio la "inacción" de la Comisión Europea en este caso "podría estar ligada" a que el bilbaíno Almunia "apoye a uno de los equipos en cuestión" y a que el titular de Competencia "haya sido ministro en el Gobierno español que concedió las ventajas fiscales en la época", según O'Reilly.

Cuatro años de retraso

La defensora del pueblo europeo afirmó que la Comisión "no ha respondido a esta queja durante más de cuatro años", lo que a su juicio "no sólo es un caso de mala administración", sino que también "puede parecer para el gran público un conflicto de intereses, dados los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubes en cuestión".

Las ventajas fiscales concedidas a los cuatro clubes españoles podrían elevarse a "varios miles de millones de euros", según los denunciantes, que también señalaron que España concedió estas ayudas ilegales "al mismo tiempo que reclamaba cientos de miles de millones de euros a los contribuyentes de la zona euro".

Los denunciantes se dirigieron a la oficina del Defensor del Pueblo europeo en diciembre de 2011 para protestar por la lentitud con la que el Ejecutivo comunitario estaba gestionando el caso y por la falta de conclusiones. Así, el Defensor del Pueblo abrió su propia investigación sobre esos retrasos y este año escribió a la Comisión para proponer una solución amistosa al expediente, propuesta que fue aceptada por el Ejecutivo comunitario.

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