El pulso judicial entre LaLiga y dos de sus clubes más poderosos, el Real Madrid y el FC Barcelona, ha sumado un nuevo capítulo tras la sentencia del Tribunal Supremo. En esta ocasión, el alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por la patronal, confirmando la nulidad de la decisión que impidió a ambos equipos participar en votaciones sobre derechos audiovisuales en 2022.
Pero LaLiga no se ha quedado callada y, pese al revés judicial, ha reaccionado con un comunicado en el que defiende la actuación de su presidente, Javier Tebas, y sostiene que el fallo no cuestiona el fondo de sus argumentos jurídicos.
De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo concluye que el recurso presentado por LaLiga carecía de "efecto útil", un aspecto clave que ha marcado la resolución del caso. Tanto que el tribunal considera que, incluso en el supuesto de aceptar los argumentos de la patronal, el resultado no habría cambiado debido a otro elemento fundamental no impugnado.
Ese elemento es el procedimiento seguido para apartar a los clubes de las decisiones. Según los tribunales, la recusación debió ser resuelta por un tercero imparcial y no por el propio Tebas, quien había promovido dicha exclusión, actuando como "juez y parte". Recordemos que este punto ya había sido determinante en las resoluciones previas del Juzgado de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial de Madrid, que dieron la razón a los clubes.
LaLiga: defensa de su actuación
En su respuesta oficial, LaLiga ha querido matizar la interpretación del fallo. El organismo insiste en que el Tribunal Supremo no ha entrado a valorar los fundamentos jurídicos que sustentaban su recurso.
Según explica, la desestimación se produce únicamente por una cuestión técnica —la falta de "efecto útil"— y no por un rechazo de sus argumentos sobre el conflicto de interés o la denominada doctrina de la "base razonable".
Además, la patronal discrepa de la interpretación del tribunal sobre el alcance del recurso y asegura que sí se abordó la cuestión de quién debía resolver la recusación. Por ello, no descarta explorar nuevas vías procesales.
El conflicto de los derechos audiovisuales
En el centro de la disputa se encuentra la gestión de los derechos audiovisuales del fútbol español, uno de los pilares económicos de la competición. LaLiga sostiene que las decisiones adoptadas por su presidente respondieron a la necesidad de "preservar la integridad" de este sistema en beneficio del conjunto de los clubes. Según el organismo, existían circunstancias objetivas que justificaban la exclusión temporal de Real Madrid y Barcelona de determinadas decisiones.
El origen del conflicto se remonta a la implicación de ambos clubes en el proyecto de la Superliga, lo que, a juicio de LaLiga, generaba un posible conflicto de interés en la toma de decisiones estratégicas.
Victoria judicial de los clubes
Para el Real Madrid y el FC Barcelona, la sentencia supone un respaldo a su postura. Ambos clubes habían denunciado la vulneración de su derecho de asociación al ser excluidos sin un procedimiento adecuado.
Los tribunales han coincidido en que no se justificó suficientemente el conflicto de interés alegado y, sobre todo, en que el proceso de recusación no respetó las garantías necesarias al no ser resuelto por un órgano independiente. No obstante, lejos de cerrar el debate, la resolución del Supremo mantiene abierto el conflicto institucional entre LaLiga y algunos de sus clubes más influyentes.
La patronal ha dejado claro que no comparte el criterio judicial y que seguirá defendiendo su actuación, mientras analiza posibles pasos legales. Por su parte, los clubes refuerzan su posición en un contexto marcado por tensiones sobre el modelo de gobernanza del fútbol europeo.