Este lunes ha comenzado el juicio que enfrenta a Anna Tarrés y a la Real Federación Española de Natación (RFEN). La exseleccionadora del equipo de sincronizada reclama la suma de 350.000 euros por atentar contra sus derechos fundamentales en el ámbito laboral. Cabe recordar que fue relevada de sus funciones tras los Juegos Olímpicos de Londres.
La compensación económica se estima de sumar dos años de salario, unos 85.000 euros, más los premios por medallas -65.000 euros en 2012- a lo que hay que añadir otros 50.000 euros de indemnización por daños morales.
Además, Tarrés considera que la Federación está detrás de la carta que quince exnadadoras firmaron contra ella, acusándola de trato vejatorio durante las concentraciones, y que la misma ha atentado contra su dignidad y su propia imagen. "Antes de esa carta, en la que se le describe como un monstruo, Anna Tarrés era una persona reconocida internacionalmente a la que otra selecciones se rifaban", ha explicado el letrado Jorge García, abogado de la exseleccionadora.
Tarrés ha intentado acreditar que toda está polémica le ha salpicado profesionalmente. Su abogado ha explicado que la entrenadora catalana tenía ofertas de México, Brasil, Italia y Canadá para dirigir el equipo de natación sincronizada. "Algunos de esas ofertas doblaban lo que cobraba en la federación y a raíz de todo este escándalo, se ha roto cualquier negociación", ha añadido García.
La Federación niega estar tras la misiva
Por su parte, el máximo mandatario de la RFEN, Fernando Carpena, ha declarado durante la vista que el escándalo de la misiva "ha perjudicado más a la federación que otra cosa" y que en el caso de Tarrés "no ha habido ningún cese, sino una comunicación de que no se le renovaba el contrato el próximo 31 de diciembre".
En la vista ha declarado como testigos tres de la exnadadoras que firmaron la carta contra Tarrés: Cristina Violán, una de la impulsoras de la carta, Neus Seguí, la autora de la última versión de la misma, y Julia Casals. Todas ellas han asegurado que Carpena no tuvo ninguna intervención en la redacción del escrito -las dos últimas han asegurado no conocerlo personalmente- pero tampoco han precisado nada respecto a las supuestas vejaciones que ellas o sus compañeros presuntamente padecieron de Tarrés durante los entrenamientos.
A la conclusión del juicio, Anna Tarrés se ha mostrado disgustada por lo que considera "un desagradable final" a sus quince años al frente de la sincronizada. "Nunca se restituirá el daño que se me ha hecho a mí, a mi familia y a la sincronizada", ha asegurado Tarrés, quien no ha querido valorar las declaraciones de las nadadoras -"ellas han explicado su verdad", ha dicho- y cree que "todo lo ocurrido se ha orquestado desde la federación".