L D (EFE)
Abogado especializado en derecho deportivo, ex letrado de la Secretaría General del Deporte de la Generalidad y encargado como tal de validar la modificación de los estatutos del Barcelona en 2001, Giralt ha explicado que su decisión de denunciar a los miembros de la directiva -con excepción de las dos últimas incorporaciones, Rafael Yuste y Albert Perrín- pretende "que se deje de especular con la fecha" de los comicios.
El actual presidente, Joan Laporta, tomó posesión de su cargo el 22 de junio de 2003, ocho días antes de que se cerrase el ejercicio 2002-03. Giralt justifica su postura argumentando que "esos ocho días, aunque sean pocos, cuentan como un año entero de mandato desde el punto de vista jurídico". "Los estatutos prevén la convocatoria de unos comicios en circunstancias extraordinarias, como la dimisión del 75 por ciento de los directivos o la mitad de ellos más el presidente, por ejemplo, y en tal caso explican con claridad en su artículo 28 que la junta resultante inicia su mandato desde la toma de posesión y su primer año se contará a partir de entonces. Jurídicamente es incontestable: las elecciones deben celebrarse en 2006", añade Giralt.
Para ilustrar su tesis, el abogado ha recurrido al ejemplo de "dos bebés que nazcan con unas horas de diferencia, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Con la ley en la mano, uno pertenecerá al año 1970, por ejemplo, y otro a 1971". Giralt también ha querido rememorar que, después de la dimisión de Joan Gaspart, todos los candidatos exigieron que las elecciones se celebrasen cuanto antes, pese al riesgo de adelantar la toma de posesión y, por lo tanto, el primer año de mandato. Además, el socios azulgrana carga contra el dictamen de la Secretaría General de Deportes de la Generalidad, que aconsejó convocar los comicios en 2007 recurriendo al espíritu de la ley.
Según el abogado, esta resolución "es política" y presenta "defectos formales": En este sentido, Giralt califica de "gravísimo" el hecho de que el Barca "utilice los servicios jurídicos del gobierno catalán y que éste se deje utilizar". "La ley no permite utilizar los servicios jurídicos de la administración por la junta directiva de una entidad privada, es un abuso", lamenta el socio barcelonista. Pese a sus críticas, el letrado muestra su confianza en los miembros del TCE y recuerda que el curso natural del proceso será "trasladar a las personas en cuestión (los directivos) la denuncia, abrir un período de alegaciones y emitir una resolución".
Convencido de que el TCE le dará la razón -"no contemplo la opción contraria", subraya- y tras apuntar que ha recurrido al órgano catalán y no a la justicia ordinaria, "porque en ese caso no se sabría nada hasta 2008 ó 2009", Giralt hizo hincapié en que su denuncia no busca que los directivos sean sancionados. "No es mi finalidad, lo que ocurre es que no acepto que quieran alargar el mandato", agrega el abogado. Curiosamente, Giralt también apunta la posibilidad de que "una de las posibles sanciones sea la inhabilitación a perpetuidad" y recordó que existe la posibilidad de presentar un recurso por la vía contencioso administrativa para pedir la suspensión cautelar del fallo del TCE.
A la hora de añadir motivos para la denuncia, el socio barcelonista explicó que, en dos ocasiones, se dirigió por carta a la junta para solicitar su opinión al respecto, pero que recibió respuesta por parte del Síndic y de la Oficina de Atención al Socio. "Si me dirijo a la directiva, me tiene que contestar la directiva, no el Síndic o el portero de la puerta 22, con todos mis respetos", sentenció el abogado, empeñado en dejar claro que la presentación de la denuncia se ha producido en "un buen momento deportivo para que nadie pueda decir que hago leña del árbol caído". "En otras circunstancias, habría esperado para presentar esto y hacerlo público, pero ahora nadie puede decir que desestabilizo al club porque yo soy incapaz de hacer nada contra el Barça", dice.
Giralt ha desvelado que ha hablado con algunos de los ex candidatos a la presidencia del club, pero remarcó su independencia y recalca que no admitirá que ninguno utilice "este proceso en beneficio propio".
El actual presidente, Joan Laporta, tomó posesión de su cargo el 22 de junio de 2003, ocho días antes de que se cerrase el ejercicio 2002-03. Giralt justifica su postura argumentando que "esos ocho días, aunque sean pocos, cuentan como un año entero de mandato desde el punto de vista jurídico". "Los estatutos prevén la convocatoria de unos comicios en circunstancias extraordinarias, como la dimisión del 75 por ciento de los directivos o la mitad de ellos más el presidente, por ejemplo, y en tal caso explican con claridad en su artículo 28 que la junta resultante inicia su mandato desde la toma de posesión y su primer año se contará a partir de entonces. Jurídicamente es incontestable: las elecciones deben celebrarse en 2006", añade Giralt.
Para ilustrar su tesis, el abogado ha recurrido al ejemplo de "dos bebés que nazcan con unas horas de diferencia, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Con la ley en la mano, uno pertenecerá al año 1970, por ejemplo, y otro a 1971". Giralt también ha querido rememorar que, después de la dimisión de Joan Gaspart, todos los candidatos exigieron que las elecciones se celebrasen cuanto antes, pese al riesgo de adelantar la toma de posesión y, por lo tanto, el primer año de mandato. Además, el socios azulgrana carga contra el dictamen de la Secretaría General de Deportes de la Generalidad, que aconsejó convocar los comicios en 2007 recurriendo al espíritu de la ley.
Según el abogado, esta resolución "es política" y presenta "defectos formales": En este sentido, Giralt califica de "gravísimo" el hecho de que el Barca "utilice los servicios jurídicos del gobierno catalán y que éste se deje utilizar". "La ley no permite utilizar los servicios jurídicos de la administración por la junta directiva de una entidad privada, es un abuso", lamenta el socio barcelonista. Pese a sus críticas, el letrado muestra su confianza en los miembros del TCE y recuerda que el curso natural del proceso será "trasladar a las personas en cuestión (los directivos) la denuncia, abrir un período de alegaciones y emitir una resolución".
Convencido de que el TCE le dará la razón -"no contemplo la opción contraria", subraya- y tras apuntar que ha recurrido al órgano catalán y no a la justicia ordinaria, "porque en ese caso no se sabría nada hasta 2008 ó 2009", Giralt hizo hincapié en que su denuncia no busca que los directivos sean sancionados. "No es mi finalidad, lo que ocurre es que no acepto que quieran alargar el mandato", agrega el abogado. Curiosamente, Giralt también apunta la posibilidad de que "una de las posibles sanciones sea la inhabilitación a perpetuidad" y recordó que existe la posibilidad de presentar un recurso por la vía contencioso administrativa para pedir la suspensión cautelar del fallo del TCE.
A la hora de añadir motivos para la denuncia, el socio barcelonista explicó que, en dos ocasiones, se dirigió por carta a la junta para solicitar su opinión al respecto, pero que recibió respuesta por parte del Síndic y de la Oficina de Atención al Socio. "Si me dirijo a la directiva, me tiene que contestar la directiva, no el Síndic o el portero de la puerta 22, con todos mis respetos", sentenció el abogado, empeñado en dejar claro que la presentación de la denuncia se ha producido en "un buen momento deportivo para que nadie pueda decir que hago leña del árbol caído". "En otras circunstancias, habría esperado para presentar esto y hacerlo público, pero ahora nadie puede decir que desestabilizo al club porque yo soy incapaz de hacer nada contra el Barça", dice.
Giralt ha desvelado que ha hablado con algunos de los ex candidatos a la presidencia del club, pero remarcó su independencia y recalca que no admitirá que ninguno utilice "este proceso en beneficio propio".