Diversos dirigentes de Podemos señalaron con nombre y apellido, el pasado mes de octubre, a una propietaria de Barcelona por haber subido el alquiler a sus inquilinos. El partido así como la plataforma antideshaucios se posicionaron del lado de los inquilinos, que denunciaban una subida abusiva sin mencionar otros detalles, como el hecho de que la vivienda se situaba, pese a la subida, a un precio inferior al que se pedía en la zona, o su desahogada posición económica. Ahora, tras varios meses de pesadilla y señalamiento público y por fin con las llaves en la mano, Esther Argerich ha dado su versión en un artículo publicado por Idealista News.
La propietaria relata que el piso, muy próximo a la Sagrada Familia, consta de 140 m2 repartidos en cinco habitaciones y tres baños, y constituía una herencia de sus padres. Decidió alquilarlo hace doce años al matrimonio que finalmente la denunció por 1.100 euros al mes. Durante la crisis, la propietaria bajó el alquiler a 1.000 euros. Y, finalmente, en 2018 les manifestó su intención de recuperar su casa para habitarlo ella misma por ser un piso más grande al que ella tenía.
Argerich relata que les envió un burofax con cuatro meses de antelación y que finalmente, después de que en ese tiempo su marido sufriera un ictus, acordó con la administradora ofrecer un nuevo contrato a los inquilinos de tres años, no renovable, con un nuevo precio de 1.300 euros.
Este fue el momento en que empezó la pesadilla de la propietaria, según explica ella misma: los inquilinos se negaron a aceptar el nuevo precio y recurrieron al Sindicat de Llogaters y la Oficina d'Habitatge popular de Gràcia. Comenzaron las presiones, con cartas, concentraciones frente a la agencia inmobiliaria y señalamiento de su persona con nombre y apellidos en pancartas, folletos, carteles, llamadas a su lugar de trabajo… A ello se sumó la campaña de Podemos en Twitter y televisión y la difusión de versiones que, denuncia, son falsas: ella no es una "gran propietaria", como afirmó Pablo Iglesias.
Argerich lamenta el "linchamiento público" sufrido para que la familia y sus tres hijos se quedaran con su piso "a precio de ganga". Comenzó entonces el proceso judicial y el calvario personal, con "varias bajas laborales ocasionadas por la angustia y nervios que estaba pasando".
El proceso de desahucio duró varios meses. Entretanto, la propietaria se enteró de la familia había estado "realquilando habitaciones y haciendo negocio" con el piso. También señala que no estaban en situación de vulnerabilidad, sino que hacían "viajes por todo el mundo".
Ya con la sentencia firme, el apoyo de las plataformas evitó dos ejecuciones del desahucio. Finalmente, el pasado 20 de diciembre el desahucio se ejecutó, a pesar de "una fiesta en la calle hasta altas horas de la mañana", de que ocuparan las zonas comunes del bloque dejando aislados a los vecinos, y de que varias personas se quedaran a dormir en su casa "ensuciándolo todo". Livia y Juan fueron finalmente desahuciados aunque se resistieron hasta el final: los mossos tuvieron que tirar la puerta y desalojar a los manifestantes. El piso, ya por fin en su poder, está en un estado lamentable: ahora la propietaria tendrá que acometer una reforma para poder por fin disfrutar de él.