(26-07-04) El Consejo Económico y Social advierte del peligro del Protocolo de Kioto

El Consejo Económico y Social (CES) ha advertido al Gobierno del impacto que la aplicación de los compromisos asumidos por España en el marco del Protocolo de Kioto puede tener sobre la competitividad, inversión y el empleo para el periodo 2008-2012, según se desprende del dictamen sobre el proyecto de Real Decreto Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de los denominados “gases de efecto invernadero”.

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(Libertad Digital) El CES considera que las medidas incluidas en el Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones contaminantes elaborado por el Ejecutivo para 2005-2007 forman parte de un "instrumento útil" para la reducción de emisiones. Sin embargo, alerta de los efectos que la aplicación definitiva de Kioto (periodo 2008-2012) puede tener para la productividad española y europea.
 
El solicita al Gobierno "flexibilidad" en la aplicación del PNA para garantizar la viabilidad de las empresas y evitar sus posibles efectos negativos sobre el empleo. Por eso, defiende la creación de mesas tripartitas entre la Administración, los sindicatos y los empresarios que hagan un seguimiento de la aplicación del Plan y puedan acordar ajustes durante la vigencia del documento.
 
En su dictamen, que no es vinculante, el CES insiste en manifestar su "preocupación" por los efectos que puedan tener sobre la producción, la inversión y el empleo de las empresas españolas los objetivos de reducción de emisiones previstos a partir de 2008-2012, "con los datos disponibles en este momento y dadas las incertidumbres sobre la disponibilidad de nuevas tecnologías económicamente viables".
 
El Consejo alerta de la posibilidad de que, al final, suponga un aumento de costes para las empresas "cuyas posibles repercusiones en precios y tarifas deberían contar con compromisos suficientes para que no repercutan negativamente en la competitividad, el proceso inversor y el empleo de las empresas, así como en los consumidores".
 
También ve necesario que se realice un análisis territorial de los efectos del PNA y de su repercusión en el desarrollo económico de las Comunidades Autónomas, "si no se quieren aumentar las diferencias que ya existen actualmente". Por todo ello, el CES considera que el Gobierno debería impulsar medidas de apoyo a las empresas y de minoración del proceso de internalización de los costes derivados de la aplicación de Kioto.
 
Por último, el Consejo expresa su "legítima preocupación" por el posible aumento del precio de la energía eléctrica como consecuencia del PNA que, "si se traslada a costes, mermará su competitividad".
 
El Consejo Económico y Social español previsto en la Constitución de 1978 (art. 131.2) vio la luz en 1991, año en que se aprobó su ley de creación. Se configura como un órgano consultivo del Gobierno y a través de él se prevé la participación de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones de la política económica, y sociolaboral.

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