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Bruselas no se fía del segundo Plan E y lo pone bajo vigilancia

Bruselas no se fía del Gobierno español. Tras varios meses en los que las estadísticas comunitarias no corresponden a las que elabora el Ejecutivo que preside Zapatero ahora le toca al nuevo Plan E, que despierta serias dudas en la Comisión Europea.

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La Comisión Europea acaba de "poner patas arriba el flamante Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, popularmente conocido como Plan E", tal como revelan J. M. Lamet y C. Morán en el diario Expansión.

Este programa de infraestructuras municipales destinará 5.000 millones en 2010 a proyectos de tecnología, medio ambiente, energía y protección social, entre otros. Tal como estipuló el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, el importe máximo por cada una de estas actuaciones debía ser de 5 millones de euros, cifra a la que se aferran en tromba los grandes ayuntamientos, que en muchos casos intentan trocear otras obras en grandes porciones equivalentes a este importe.

Pero una modificación de la normativa comunitaria retrasará esos proyectos y pondrá en tela de juicio la gestión del propio Plan E. Bruselas rebaja de 5,15 millones de euros (sin IVA) a 4,85 millones el importe máximo a partir del cual las obras están sujetas a la regulación armonizada de la Unión Europea. El cambio entrará en vigor el 1 de enero.

Bajar este pequeño peldaño en los importes de las licitaciones supone, de facto, invalidar la estrategia de subvención y seguridad gubernamental para los principales proyectos, y dificultar su puesta en marcha. Así se lo hizo saber, en una carta, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio (dependiente del Ministerio de Economía) a Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Política Territorial.

Por un lado, si es demasiado tarde y los proyectos no pueden rehacer su presupuesto, la Comisión Europea entraría a controlar estos contratos, los más importantes del Plan E. Esto significaría una vigilancia estrecha de los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato. Conceptos que podrían provocar la anulación de algunos de esos contratos.

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