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HASTA DEVOLVER EL FROB

Caja Madrid acuerda no pagar el bonus de 25 millones aprobado por Blesa

Algunos de los afectados se plantean acudir a los tribunales a recurrir la decisión de la nueva directiva.

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El consejo de administración de Caja Madrid ha aprobado por unanimidad finalizar, no renovar, y no reconocer, el derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección de la entidad durante el periodo 2007-2010.

La decisión del máximo órgano de gobierno de la entidad se ha basado en dos puntos: la percepción de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la existencia de legislación europea sobre la materia que afectará a esta cuestión cuando se traslade a la normativa española (algunas fuentes han cuestionado, incluso, la legalidad de estos bonus y creen que podrían ser anulados una vez que se traslade a la legislación nacional lo aprobado en los órganos comunitarios).

Esta decisión se produce después de que la Comunidad de Madrid trasladara a Caja Madrid su oposición al pago de bonus a diez directivos de la caja, entre ellos el ex presidente, Miguel Blesa, que se embolsarían 25 millones de euros en función de un plan de incentivos impulsado por el propio Blesa. Su sucesor en el cargo, Rodrigo Rato, ha decidido acabar con estos bonus.

La lista de los beneficiarios

Además de Blesa, figuran entre dichos directivos, el actual director de participadas de Caja Madrid, Matías Amat, y el director de riesgos, Ildefonso Sánchez. Asimismo, el plan incluye a Ramón Ferraz, Juan Astorqui, Carlos Martínez, Rafael Spottorno, Mariano Pérez Claver y Carmen Contreras.

Algunos de estos exdirectivos se plantean recurrir la decisión ante los tribunales a partir del 1 de abril, informaron a Europa Press en fuentes próximas a los afectados. Las mismas fuentes explicaron que es previsible que la mayoría de exdirectivos afectados por la medida esperen hasta el 31 de marzo, fecha en la que estaba programada la nueva dotación al plan de incentivos, para adoptar una decisión sobre la defensa de sus intereses, que podría pasar en algunos casos por una negociación directa con la caja y en otros por acudir a los tribunales de Justicia.

Lo que descartan los afectados es agruparse y plantear una iniciativa legal conjunta en defensa de sus derechos, dado que el plan de incentivos tenía un carácter individual, pero sí ven probable que algunos opten por entrar en una "batalla judicial". Las mismas fuentes entienden que, con la decisión aprobada por unanimidad del consejo de administración de Caja Madrid de finalizar, no renovar, y no reconocer el derecho de cobro del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección, se han "conculcado los derechos" de un grupo de trabajadores con quienes la entidad mantenía un "compromiso salarial".

La decisión

La comisión de retribución de Caja Madrid propuso esta mañana al consejo de administración de la caja madrileña la finalización y no renovación del plan de incentivos a largo plazo para la alta dirección. Asimismo, trasladó una petición para aplazar el abono de la primera prestación a los beneficiarios hasta la devolución de las ayudas recibidas del FROB.

Las propuestas que la comisión de retribución de la caja ha trasladado al consejo de administración obedecen a que la caja ha recibido ayudas públicas, que está inmersa en un proceso de reestructuración tras su fusión y a la actual situación de crisis económica y financiera.

Las ayudas del FROB

El Sistema Institucional de Protección (SIP) que lideran Caja Madrid y Bancaja, que se articula bajo el Banco Financiero y de Ahorros e integra a otras cinco cajas de ahorros, ha recibido ayudas del FROB por importe de 4.465 millones de euros para reforzar su solvencia.

El nuevo banco ha anunciado su intención de salir a bolsa y cuenta con un capital básico del 7,4%, lo que supone seis décimas por debajo del mínimo del 8% exigido por el Gobierno para las entidades cotizadas, con presencia de inversores privados en el 20% de su capital y con una dependencia de financiación minorista de menos del 20%, según las medidas anunciadas por Economía el pasado 24 de enero.

En la actualidad, Banco Financiero y de Ahorros es la entidad con mayor riesgo inmobiliario de todo el sistema financiero español, ya que dispone de una exposición potencialmente problemática al ladrillo de 41.280 millones de euros, con una cobertura de riesgos del 32%.

Esta exposición supone casi la quinta parte de su inversión crediticia total, mientras que la morosidad de los promotores alcanza el 18%. Además, el 39% de la exposición corresponde a suelo, el 43% a edificios terminados y el 18% edificios en construcción. En cuanto al saldo de inmuebles adjudicados y adquiridos en balance, se situó en 7.400 millones, de los que 4.777 millones de euros procedían de promotores, 2.206 millones de adquisición de viviendas y 419 millones al resto de activos adjudicados.

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