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Jaime Piniés y Ramón Marcos (UPyD)

"La clase política española está dispuesta a hundirnos"

Tras el informe sobre el despilfarro de las CCAA elaborado por UPyD, hemos hablado con sus responsables, Jaime Piniés y Ramón Marcos, que describen una situación económica “en el límite”. “Con esta clase política nos hundimos”, alertan.

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Jaime Piniés y Ramón Marcos, en un momento de la entrevista | C.Jordá
C. Jordá

Jaime Piniés y Ramón Marcos han sido los responsables de la elaboración del estudio que ha publicado la Fundación Progreso y Democracia sobre el despilfarro autonómico, que ha puesto sobre la mesa cifras espectaculares: hasta 26.000 millones de euros podrían estar despilfarrando las administraciones autonómicas.

Hemos mantenido una conversación con ellos sobre el contenido del mismo y sobre la situación económica española, que califican de muy grave. Precisamente, en su estudio, Jaime Piniés, que por cierto es columnista de Libertad Digital, y Ramón Marcos señalan por dónde debe empezar la mejora: racionalización de las estructuras y recortes del gasto, pero uno se pregunta si es posible ahorrar, como proponen, 26.000 millones de euros.

La respuesta es contundente: “Se puede ahorrar más”, nos dice Ramón Marcos, “porque la comparación que estamos haciendo es con las tres comunidades más eficientes, pero éstas también hacen algunas cosas mal: también hay duplicidades, redundancias, excesos…

Piniés refuerza la opinión de su compañero: “Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de las CCAA y no hemos entrado a considerar a los ayuntamientos que, simplemente, por el presupuesto que están manejando hoy en día probablemente podrían aportar una cantidad importante de ahorro". No sólo eso: “Al estado también hay que hincarle el diente porque sabemos que hay muchos gastos que un número importante de españoles consideramos superfluo”.

Sin embargo, no todo es negativo, hay algunos buenos ejemplos que, aunque sean pocos, hay que tener en cuenta. Marcos nos da uno que conoce bien por su labor profesional: “La Seguridad Social con 27.000 empleados gestiona un tercio del presupuesto nacional y en los últimos años, con un millón más de afiliados, no se amplió el personal sino se que redujo”.

Pero no parece que cunda mucho el ejemplo: “En el mismo Ministerio de Trabajo, con el incremento en el desempleo, han pedido más personal y se lo han dado. ¿Era necesario? No, se podía haber hecho con menos, pero como no habían previsto medidas de eficiencia y una adecuada gestión del personal lo han hecho mal”.

Un problema de estructura

Situaciones que se repiten en distintas administraciones con una frecuencia muy superior a lo deseable, aunque el problema es todavía más grave, como apunta Jaime Piniés: “Dentro de lo que es la Administración General del Estado hay que tener en cuenta cómo son algunos de los ministerios creados en los últimos años, que parecen de broma”, citando como ejemplos Igualdad o Vivienda. “Por ahí seguro que habría posibilidades de ahorro”, indica.

Sin embargo, lo importante es recordar que “cuando se da el paso a 17 nuevos gobiernos para hacer lo que se venía haciendo de una forma centralizada hay, lógicamente, 17 veces más posibilidades de despilfarro de las que había”. Esto podría evitarse estableciendo severos controles a la gestión y el gasto autonómico, pero este control “es inexistente en España”.

En los ayuntamientos, el proceso ha sido distinto pero las consecuencias similares, como nos dice Ramón Marcos: “Al albur de la burbuja inmobiliaria se han creado un montón de servicios que no están dentro de sus competencias y que se pensaba que se podrían financiar siempre, pero al estallar la burbuja se encuentran con que no se puede pagar”.

Ahora todos los ayuntamientos piden más dinero: “¿Hay que pagar todos esos gastos, tenemos que sufragarlos entre todos los españoles o habría que suprimirlos porque, en realidad, son cargos de confianza colocados por el partido y que no sirven a los ciudadanos? Eso es lo que hay que estudiar”.

Infidelidad al Estado

Ambos autores reclaman que el Estado pueda supervisar las cuentas de las comunidades, tal y como la Unión Europea está planteando hacer con las de los estados miembros. Sería una medida polémica pero, tal y como apunta Jaime Piniés, “si lo hace la UE cómo no se va a poder hacer aquí. Lo que hace falta es voluntad política y, por supuesto, darle al Estado los mecanismos necesarios”.

Pese a ello, puede que los controles no sean aplicables o no sean suficientes: “Parte del problema deriva de que no se está siendo fiel al Estado. Hay algunas instancias de las CCAA que más que actuar como fieles descentralizadores lo que persiguen es otro objetivo: hundir al Estado”.

Ramón Marcos también lo tiene claro: “Los estados tendrán que entregar a la UE sus presupuestos antes de que lo aprueben sus propios parlamentos para comprobar gastos e ingresos. ¿Y esa competencia no la tiene el Estado respecto a las CCAA? ¿No puede controlar sus ingresos y sus gastos o sus previsiones para ver si son realistas o van a generar más déficit?”

Una situación límite

Las medidas son urgentes porque, según el análisis de UPyD y sus expertos, la situación es realmente grave,. Así, según Piniés, “dentro de poco, si no tenemos cuidado, nos van a controlar el presupuesto. Nos encontramos en una situación económica muy delicada”.

Y el ejemplo está cerca: “Grecia está padeciendo un problema terrible porque no tiene dinero para afrontar pagos de su deuda y, lamentablemente, son muchos los que pronostican problemas similares para ciertos países. Entre ellos, está España como el que peor lo puede tener”. Efectivamente, a este respecto el análisis de los expertos no puede ser más claro.

Para Piniés todavía es posible una solución que llegue de nosotros mismos, interna, española, pero cada vez hay menos tiempo, y “si las reformas nos vienen impuestas serán mucho más traumáticas y duras", alerta.

Marcos también lo ve claro o, mejor dicho, muy oscuro en caso de que “en España no nos pongamos de acuerdo para tomar medidas de verdad, no de maquillaje como el decreto de Zurbano”. Eso sí, tal y como advierte, “estas medidas de verdad exigen liderar un proceso de cambio en el país, hacer que la política sirva para mejorar la vida de los ciudadanos, no para alimentar el propio sistema”.

Soluciones difíciles

Y es que por complejo que sea, “todos ven muy claro el diagnóstico... salvo el Gobierno”. Y las soluciones también están bastante claras, al menos, en el grupo de economía de UPyD: “Hace falta una reforma laboral urgente, y no porque lo digan los 100 economistas más influyentes del país, es que ya lo dice el FMI, el BCE, el Banco de España...”

Además, es necesario atajar el gasto de las Comunidades Autónomas y el Estado: “Es un escándalo tener un déficit como el que estamos manejando”; no sólo eso, “en las administraciones locales también habrá que estudiar la financiación”. Pero, por desgracia, no parece haber muchas esperanzas, según Marcos, “con esta clase política nos hundimos, están dispuestos a hundirnos”.

¿Dónde está la solución entonces? Ésta pasa por "reformas sustanciales que alteren, mediante el voto popular obviamente, el mapa político”. Y es que, mientras “unos lo hacen muy mal” (el Gobierno), “otros tampoco son una solución fiable” (la oposición del PP), asegura.

¿Consciencia o inconsciencia en la ciudadanía?

Ante este panorama cabe preguntarse si los ciudadanos somos conscientes de la que nos puede caer encima. Ramón Marcos cree que todavía no, pero Jaime Piniés sí ve signos de ese despertar: “Se va concienciando en la medida en que ese dinero que tiene el Estado para pagar subsidios se agota y ya hay más de un millón de personas que se han quedado sin ningún tipo de subsidio en España”.

Además, “hay colectivos enteros que ya no tienen recursos y algunos, como los inmigrantes, que están completamente desamparados: ni siquiera tienen el apoyo de la familia y no pueden volver a su país porque, por lo general, está aún peor”.

“Es una situación delicada, en el límite”, apunta Piniés, “y vemos que en este contexto las soluciones del gobierno pasan siempre por más gasto, incluso cuando ya todas las entidades internacionales responsables nos dicen que estamos entrando en un territorio extremadamente peligroso. Los mercados ya están dejando de confiar en España”.

Una situación que, de no cambiar, tendrá serias consecuencias sociales, como nos dice Ramón Marcos: “En los próximos años veremos cómo los servicios públicos van a empezar a cambiar a peor. La sanidad está a punto de estallar, por ejemplo. La reunión entre los consejeros autonómicos y la ministra es porque hay una deuda que no está todavía computada y llegará un momento en el que no se va a poder pagar ¿Qué haremos entonces?”.

Así las cosas, buena parte del problema está en los dos grandes partidos: “El PP y el PSOE están en una dinámica que nos hace mucho daño porque no son capaces de afrontar los problemas, de ponerse delante del toro y cogerlo por los cuernos”.

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