Corren malos tiempos para la Seguridad Social. La enorme destrucción de puestos de trabajo iniciada en 2007 está afectando a las cuentas de este sistema de protección. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) los cotizantes ascienden a 17,90 millones, mientras que los pensionistas son 7,78 millones. De esta manera la ratio es del 2,3, una tasa que aboca a la caja de la Seguridad Social a los números rojos.
Esta proporción es preocupante. Según revelaba el boletín de Afi-Agett del pasado abril:"el superávit de la Seguridad Social disminuirá apreciablemente en 2009 ybastará con una ratio de 2,3 afiliados por pensionista para que las cuentas de la Seguridad Social rocen el déficit. Esto sucederá en 2010 aunque se estabilice el número de cotizantes". Pues bien, ha ocurrido ya.
El máximo deterioro de la ratio cotizantes-pensionistas se produjo en 1996, cuando la proporción descendió hasta 2,06 veces. A partir de ese momento, y como consecuencia del ciclo expansivo que abrazó la economía española durante casi tres décadas, la proporción fue mejorando, hasta el año 2007, que marca el punto de inflexión. Y ahora, tal como se desvela en un documento de la Comisión del Pacto de Toledo al que ha tenido acceso LD, la situación es de alto riesgo.
A pesar de este descenso de la proporción entre afiliados y pensionistas, el Ministerio de Trabajo niega la mayor y se agarra a la ratio del 2,62 contabilizada al cierre del pasado marzo. Se trata de una muestra más de la opacidad informativa del departamento que dirige Celestino Corbacho. Como denuncia Tomás Burgos, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo: "no dicen la verdad ni en aquello que es fácilmente comprobable, incluso con una sencilla regla de tres ¿Qué no harán con la ingente maquinaria estadística de la Seguridad Social?".
Pero aquí no acaban las falsedades del Ejecutivo. Nadie conoce en realidad cuál es el estado de la tesorería de la Seguridad Social. Trabajo cada día presenta una estimación distinta del dinero que queda para este año "y ya hemos escuchado tres anuncios distintos de los responsables ministeriales sobre resultados de 2009, con 4.000 millones de euros de diferencia", señala Burgos.
De momento, lo único que está claro es que el Gobierno intenta bordear la Ley para no dotar el superávit del pasado año (8.073 millones de euros), tal como ha confirmado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que, lejos de ahuyentar los temores, los ha acrecentado. Granado estudia suspender este año la dotación a la "hucha de las pensiones" utilizando como excusa los aplazamientos de las cotizaciones sociales que pagan las empresas.
Aunque no siquiera es necesario suspender la dotación mediante una reforma, ya que los propios Presupuestos Generales del Estado no contabilizan la citada aportación de más de 8.000 millones (a los que habría que sumar otros 3.000 millones liberados del sistema por el descenso del IPC). Tomás Burgos confirma esta estratagema y señala que "en ningún caso vamos a aprobar un presupuesto que contiene ni más ni menos que la previsión y la autorización encubierta de no hacer efectivo el ingreso de tal cantidad de recursos al Fondo de Reserva".
Además, el Gobierno también incumple la Ley en lo referente a las fuentes de financiación y los complementos a mínimos. Según los PGE, en 2010 la Seguridad Social afrontará un 62% del gasto de estos complementos y el texto indica que la aportación del Estado crecerá en 300 millones de euros, hasta alcanzar los 2.706 millones, y que el Estado con esta cantidad cubre un poco más del 38%.
"Es decir que, y eso no lo dicen en los PGE, la Seguridad Social tendrá que hacer frente a 7.121,9 millones de euros en 2010. Una cantidad sin parangón. No cumplen con el Pacto de Toledo y, aunque no sea una novedad, tampoco cumplen la Ley", afirma el portavoz popular.
23 años para asumir los costes
La razón de este incumplimiento es sencilla. La Ley General de la Seguridad Social establece un plazo de 12 años (a concluir en 2014) para completar la financiación íntegra del Estado. A 300 millones de euros al año –y suponiendo que los complementos no aumentarán aún más- el Estado tardará 23 veces en asumir los costes y liberar a la Seguridad Social de gastos no le corresponden.
"Que el Gobierno presuma de incrementar su aportación en 300 millones de euros, cuando está detrayendo del sistema 23 veces más nos parece desde luego un buen negocio para el Gobierno, pero una práctica muy lesiva para la Seguridad Social", declara Burgos.
Todos estos factores hacen indispensable una reforma del sistema y mecanismos que obliguen al Gobierno a cumplir la Ley. Sobre todo ahora que el sector público español se ha endeudado a niveles nunca vistos en democracia para financiar la brecha entre ingresos y gastos. Sirva a modo de ejemplo que el Estado cerrará 2009 con un déficit público superior a los 100.000 millones de euros, y los PGE anticipan la emisión bruta de 210.000 millones de euros de deuda.
Como ha recordado el Banco de España, el elevado gasto público amenaza la salud del sistema de pensiones. Un modelo que, según la Comisión Europea está en la "tercera división" del área comunitaria y que es insostenible. Mientras, el Gobierno sigue proclamando que garantiza las pensiones a los que ahora tienen más de 50 años y encima se basa en un informe irreal plagado de errores.
Las pensiones salvan a los bancos
Finalmente, el PP denuncia que el Gobierno quiere utilizar "el dinero de los pensionistas" que forma parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para comprar deuda de las entidades financieras y activos de distintas empresas. Esta intención ya fue revelada por LD el pasado marzo cuando Granado manifestó su interés en modificar los criterios de inversión del Fondo, que están establecidos por Ley.
El problema de este enfoque es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no debe buscar criterios de proteccionismo económico ni dar apoyo a las decisiones de gasto del inquilino de La Moncloa. El dinero de la hucha de las pensiones se debe invertir en los productos financieros más seguros para que no se pierda ni un euro de la misma.
De ahí que el dinero esté invertido en deuda pública que, en principio, suele gozar de mayor seguridad y garantías, aunque el riesgo de suspensión de pagos (default) también existe para el Estado. Desde este punto de vista, habría que invertirla en deuda soberana de países que tengan la más alta calificación, y este no es el caso de España.
De momento, el Gobierno está vendiendo deuda pública a los propios bancos, que piden dinero al BCE a un tipo de interés del 1% durante un año (esto se va a acabar a partir de diciembre). La operación es redonda para las entidades financieras, que logran rentabilidades superiores al 3% con la deuda estatal.