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TAGUAS Y PÉREZ, AL FRENTE DE LOS LOBBIES INMOBILIARIOS

Dos ex altos cargos del PSOE negociarán con Zapatero el rescate público del ladrillo


El Gobierno autoriza el fichaje de Taguas
Piden a Solbes que inyecte 40.000 millones

Noticia publicada el 14-05-2008

LD (M. Llamas) El Gobierno acaba de dar el visto bueno al fichaje de David Taguas al frente de la patronal de la construcción Seopan. Taguas era, hasta hace poco, el director de la Oficina Económica de Moncloa. Al mismo tiempo, Pedro Pérez, ex secretario de Estado con el PSOE, dirige el principal lobby inmobiliario del país (G14), que acaba de solicitar al Gobierno una inyección pública de 40.000 millones de euros para rescatar de la crisis al sector del ladrillo. De este modo, dos ex altos cargos socialistas se encargarán a partir de ahora de defender ante Zapatero los intereses económicos de las principales compañías inmobiliarias y constructoras del país.
 
Hasta hace poco, el Gobierno centraba su lucha política y económica en combatir la denostada especulación inmobiliaria en España. A tal fin, ideó la Ley de Suelo, cuyos resultados han abaratado en cerca de un 90 por ciento la expropiación de terrenos privados bajo la excusa de abratar la vivienda, tal y como adelantó Libertad Digital.
 
Sin embargo, las tornas han cambiado tras la profunda crisis que vive el sector del ladrillo en España. A partir de ahora, las principales compañías del sector contarán con una representación muy bien relacionada.
 
Y es que, tras la luz verde del Gobierno, el ex director de la Oficina Económica de Moncloa (es decir, principal asesor del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en materia económica), David Taguas, presidirá el lobby de la construcción (Seopan). Pero no es el único. Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía con el PSOE, ejerce, desde el pasado mes de septiembre, como secretario general y máximo representante del Grupo de las Grandes Inmobiliarias Internacionales (G14).
 
Ambos se encargarán a partir de ahora de defender ante Zapatero y el Gobierno socialista ( es decir, ante sus ex colegas, compañeros y amigos) los intereses económicos de las principales compañías inmobiliarias y constructoras del país, cuya situación económica se ha visto gravemente afectada por la crisis que vive el sector de la vivienda.
 
Así, las seis grandes constructoras cotizadas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL) obtuvieron un beneficio neto conjunto de 1.170 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 11,52 por ciento respecto al mismo periodo de 2007. A cierre de marzo, estas compañías sumaban una deuda total de casi 100.000 millones de euros (un 18,2 por ciento más que hace un año).
 
Además, las principales inmobiliarias del país (Realia, Metrovacesa, Vallehermoso, Acciona Inmobiliaria, Martinsa-Fadesa, Reyal Urbis y Parquesol) vendieron viviendas por un importe conjunto de 299,1 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un desplome del 73,53 por ciento respecto a los 1.131 millones del mismo periodo de 2007.
 
La situación es grave, y va a más. El desplome de las ventas y la drástica restricción del crédito hacia el sector han agravado la ya de por sí preocupante situación financiera de estas empresas. No por casualidad, el ministro de Economía, Pedro Solbes, aprobó un plan de rescate centrado en facilitar liquidez al sector inmobiliario.
 
Las compañías del ladrillo piden más fondos públicos
 
Pese a ello, el flotador económico del Ejecutivo parece no resultar suficiente: El grupo de las principales inmobiliarias nacionales (G14) ha valorado en 40.000 millones de euros las necesidades de liquidez del sistema crediticio español. Por eso, ha pedido a Solbes que inyecte más fondos públicos al sistema, y que se deje de aplicar medidas que ha calificado de "parchecillos". De hecho, no se descarta, incluso, meter la mano en el Fondo de Reserva de las pensiones públicas (Seguridad Social) para impulsar el mercado de la vivienda.
 
Al mismo tiempo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se muestra partidario de facilitar más avales públicos a fin de poder prestar dinero a los promotores que apuesten por la construcción de vivienda protegida (VPO). Hasta ahora, el ICO ha abierto una línea de financiación de hasta 5.000 millones. Un cifra que a los afectados ha resultado del todo insuficiente, por lo que organismo dependiente de Economía estudia ya la posibilidad de ampliar tal cantidad hasta cerca de los 10.000 millones, según las fuentes consultadas. 
 
De este modo, Taguas y Pérez serán los principales encargados de negociar ante el Gobierno el rescate público multimillonario que solicita un sector, hasta hace poco duramente criticado por el propio Ejecutivo. Tras poco más de un año al frente de la Oficina Económica de Moncloa, Taguas desempeñará un cargo de gran responsabilidad al frente de uno de los mayores consorcios empresariales de España, como nuevo presidente de la patronal de las constructoras (Seopan).
 
La figura del negociador Taguas
 
Taguas ostentaba rango de secretario de Estado, y ejercía un amplio abanico de competencias, no del todo definidas. En concreto, ha sido un receptor directo de las demandas e intereses del sector inmobiliario y de la construcción a lo largo de los últimos meses (como los citados avales del ICO). El Ejecutivo ha decidido dar luz verde a su fichaje pese a las serias dudas de legalidad que arrojaba su nombramiento, según la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
 
Mientras, el Grupo de las Grandes Inmobiliarias Internacionales nació el pasado mes de septiembre. El denominado G14 agrupa a las 14 inmobiliarias más importantes del país, y fue concebido como un lobby empresarial para “favorecer la excelencia en nuestra actividad inmobiliaria en los ámbitos y mercados nacional e internacional en los que operamos”.
 
Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa, preside oficialmente el grupo. Sin embargo, el secretario general y máximo representante de la asociación es, en realidad, Pedro Pérez, ex director ejecutivo del FMI, ex presidente de Tabacalera y ex secretario de Estado de Economía. Su función consiste en mantener contactos con la Administración Pública y el resto de agentes del sector, con el objetivo de defender, contra viento y marea, los intereses económicos y empresariales del poderoso lobby inmobiliario.



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