La primera ronda de fusiones de cajas de ahorros estaba condenada al fracaso. Estas entidades no están logrando atraer el capital privado necesario para su necesaria reestructuración. Hasta el momento, el Fondo de rescate bancario (Frob) apenas ha inyectado en el sector unos 11.500 millones de euros en forma de créditos con un tipo de interés del 7,75%, una cuantía que se antoja del todo insuficiente para limpiar sus deteriorados balances (y a un precio muy alto).
Así, tanto Moody´s como Nomura estiman que el sistema financiero español precisaría una inyección de capital extra próxima a los 80.000 millones de euros. El problema es que el mercado no está dispuesto a invertir ni un solo euro en las cajas de ahorros, dada la opacidad de sus balances y el control mayoritario que siguen ejerciendo los políticos. La única salida viable es su privatización total, tal y como avanzó Libertad Digital.
El departamento que dirige Elena Salgado y el Banco de España están ya ultimando un real decreto ley para forzar a las cajas a acometer de forma rápida e inmediata su reconversión definitiva en nuevas entidades que operen a través de bancos y también para que se olviden de las llamadas fusiones frías (técnicamente conocidas como sistemas institucionales de protección, SIP) y acometan su integración total, según fuentes de Moncloa consultadas por La Vanguardia.
La nueva legislación también buscaría de paso profesionalizar totalmente la gestión y reducir al máximo la interferencia política en las cajas, algo que se viene intentando desde hace años aunque con no demasiado éxito. El "real decreto se quiere aprobar este mismo mes de enero y los contactos ya se han puesto en marcha".
Sin embargo, la clave de este nuevo giro de tuerca radica en la inyección de nuevo capital público a través del Frob a fin de limpiar los activos tóxicos que acumulan las cajas, facilitando así su reconversión en bancos para atraer la atención de los inversores privados.
El problema es que esta nueva ronda de ayudas públicas ya no se ofrecería a un interés del 7,75% sino del 10%, ya que el aumento de la prima de riesgo de la deuda soberana española está encareciendo las emisiones del Tesoro que, a su vez, trasladará este sobrecoste a las entidades que acudan al FROB. Unos "tipos inasumibles", según fuentes del sector.
Nacionalización
¿Qué hacer entonces? Entre las opciones que se barajan se incluye la de convertir a partir de ahora las aportaciones que las entidades de ahorro soliciten al Frob en capital. Es decir, estas inyecciones públicas ya no serían consideradas como participaciones preferentes sino como capital con los correspondientes derechos políticos. "Esto equivale a una nacionalización de las entidades" que acudan al Frob, señalan estas mismas fuentes. Una opción que ya estaba presente desde la misma creación del Frob.
Esta segunda ronda de recapitalización oscilaría entre los 30.000 y 80.000 millones de euros adicionales que, sumados a los más de 11.000 ya prestados, se aproximarían así a la cantidad límite estipulada en el Fondo de rescate (99.000 millones de euros). Esto significa que el Estado tendría entonces que emitir en 2011 mucha más deuda pública de la prevista inicialmente para dotar de fondos al Frob, lo cual supondría presiones adicionales en el ya deteriorado mercado de bonos españoles (los inversores exigirían posiblemente un mayor tipo de interés).
De cajas a fundaciones
Otras fuentes consultadas por el diario catalán, sin embargo, sugieren que tan sólo sería necesario que las cajas modifiquen su situación jurídica, tal y como establece la nueva reforma financiera, a fin de transformarse en fundaciones, tal y como está contemplando La Caixa. Esto es, convertirse jurídicamente en una fundación que se dedicaría en exclusiva a la obra social mientras traspasa todo su negocio, oficinas y activos a un banco privado. Dicha vía podría atraer el capital privado necesario en los mercados, sin necesidad de inyecciones públicas.
Estos nuevos bancos aglutinarían el negocio financiero de la entidad, tendrían accionistas y la obra social se realizaría a través de fundaciones que serían accionistas y se financiarían con los dividendos de las entidades. Además, estos bancos podrían salir a bolsa, tal y como estable la Ley de Cajas aprobada el año pasado. "Cualquier otra posibilidad, como la de seguir siendo cajas y emitir cuotas participativas en los mercados, se considera irrealizable", explica el diario El País este viernes.
En resumen, el Gobierno no cambiaría la ley actual de cajas, pero sí cree necesarias dos actuaciones para que la confianza vuelva al sector: más inyecciones de capital público y acelerar la transformación de las cajas de ahorros en bancos.
Informaciones que, sin duda, vuelven a poner en evidencia las mentiras lanzadas por la propia Salgado. La ministra señaló ayer mismo a la cadena estadounidense CNBC que España no precisará ningún tipo de rescate y, sobre todo, que las cajas no necesitarán nuevas inyecciones de dinero público. Y todo ello, mientras Economía trabaja por detrás con el Banco de España para hacer justo lo contrario.