El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha explicado a EFE los detalles de esta operación, avanzada por el digital castillalamancha.es y que implica que unos 250.000 euros de la Seguridad Social permanezcan inmovilizados en diferentes cuentas bancarias.
El Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP, reclama a la Tesorería General de la Seguridad Social, titular catastral del inmueble en el que se emplaza el Hospital, 565.285 euros por el IBI de 2006, otros 588.624 por el de 2007, 617.732 por el de 2008 y 640.171 euros por el de 2009.
Miguel Ángel Rodríguez ha indicado que el Ayuntamiento ha tomado la decisión del embargo "para salvaguardar los intereses de los ciudadrealeños" tras múltiples intentos de negociación y de que los recibos hayan sido notificados "de todas las formas posibles", sin que la Dirección Provincial de la Seguridad Social haya recurrido ningún recibo, requerimiento de bienes o providencia de apremio.
De ese modo, como expone en una carta el tesorero municipal a la directora provincial de la Seguridad Social, los expedientes administrativos de recaudación han adquirido firmeza y son susceptibles de ser ejecutados conforme a la ley.
Rodríguez ha defendido la legalidad de la medida, sobre la que el Ayuntamiento de Ciudad Real no ha encontrado ningún precedente y a la que la Seguridad Social ha respondido con un escrito en el que requiere al funcionario firmante de las órdenes de embargo su retirada con la amenaza de la interposición inmediata de una querella por prevaricación contra él.
En su escrito, la Tesorería de Seguridad Social, según el Ayuntamiento, alega que la legislación establece la "inembargabilidad de los bienes y derechos del Patrimonio de la Seguridad Social".
Sin embargo, el Consistorio ciudadrealeño considera que la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas deja claro que el dinero de las cuentas bancarias no forma parte del patrimonio inembargable de la Administración.
Para el concejal de Hacienda, se trata de una querella "fuera de toda lógica", porque el Ayuntamiento no ha actuado "a tontas y a locas", sino que tiene el asunto "muy estudiado, muy medido".
Ha añadido que el funcionario se ha limitado a cumplir con las funciones propias de su puesto de trabajo y contará con "todo el apoyo" de los servicios jurídicos municipales.
"La Administración no puede tener este tipo de privilegios", ha argumentado Miguel Ángel Rodríguez, quien ha recordado que ningún ciudadano podría estar cuatro años sin pagar el IBI.
A su juicio, los ayuntamientos, por ser la "hermanita pobre" de la Administración, dejan de cobrar impuestos que necesitan "para seguir funcionando".
Rodríguez ha confiado en que se pueda alcanzar una solución negociada, aunque ha dicho tener dudas sobre si el impago de los recibos responde a problemas económicos de la Seguridad Social o a "algún tipo de instrucción" política.
Ni la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social ni la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, consultadas por EFE, se han pronunciado hasta el momento sobre esta cuestión.