L D (EFE) El Pleno del Congreso dio el visto bueno a esta enmienda a la ley de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad, relativa a las Sicav y a su régimen fiscal especial, que fue transaccionada y contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el de IU, después de que PSOE y CiU negociaran en los últimos días el texto que finalmente ha sido aprobado.
En la iniciativa se señala que cuando los inspectores fiscales detecten que alguna Sicav no cumple con los requisitos exigidos, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien debe pronunciarse sobre la improcedencia de incoar expediente de revocación o suspensión y dictará la suspensión o revocación en el plazo de seis meses desde que la Agencia Tributaria le informe.
En el transcurso de dicho plazo sin que la CNMV se pronuncie, el órgano regulador habilitará a la Administración Tributaria para dictar el acto de liquidación que proceda, si bien las calificaciones que lo motiven sólo tendrán efectos tributarios, mientras que todas las revocaciones o suspensiones acordadas por la Comisión deben ser comunicadas a la Agencia Tributaria. Además, las Sicav que incumplan los requisitos exigidos, dejarán de poder beneficiarse del régimen fiscal especial (tributar al por ciento en lugar de al 35%) con efectos desde el periodo impositivo en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de la suspensión acordada por la CNMV.
Así se refuerza el papel del órgano regulador para determinar e investigar si una sociedad puede ser considerada como Sicav, o dejar de serlo, después de que hace unas semanas surgieran diferencias entre la CNMV y la Agencia Tributaria a raíz de los expedientes fiscales abiertos por Hacienda a decenas de Sivac por considerar que no cumplen los requerimientos necesarios para acogerse a una tributación especial.
El portavoz de CiU Josep Sánchez Llibre dijo que la iniciativa "clarifica y aclara" la situación de las Sicav ante las "disfunciones" que se han producido entre la CNMV y la Agencia Tributaria y que provocaban "una inseguridad jurídica" que necesitaba ser corregida para evitar que desaparezcan de España unas sociedades que suponen 24.000 millones de euros. Incidió en que con la enmienda no se defienden privilegios, sino que se aclara una circunstancia en base a la legislación vigente que clarifica el futuro del sector, ya que -agregó- deja claro que la CNMV tiene la competencia supervisora y de suspensión de una Sicav frente a los inspectores de la Agencia Tributaria.
Sánchez Llibre aseguró que la CNMV será el organismo que detecte las posibles irregularidades de una Sicav y el encargado de revocarla, para que después actúen los inspectores fiscales. Por su parte, Ricardo Torres (PSOE) reconoció que se había creado "inquietud" entre las Sicav -unas 3.000 en España- en lo referido a su régimen jurídico y añadió que con esta enmienda queda claro "quien es quien decide, desde el punto de vista financiero, si cumple o no las condiciones como Sicav", ya que es la CNMV el órgano competente para determinarlo. A partir de entonces, "la Agencia Tributaria mantiene todas sus facultades intactas" y puede instar a la Comisión si ve algún incumplimiento.
Para Angel Pérez (IU) la iniciativa aprobada supone una "amnistía fiscal" para las Sicav, a través de las que se canalizan las inversiones de las grandes fortunas -recordó-, además de suponer "una tomadura de pelo" para el resto de contribuyentes. Con la transacción del texto, CiU renunció a un carácter retroactivo de la iniciativa aprobada hoy y que podría haber paralizado las inspecciones abiertas.
En la iniciativa se señala que cuando los inspectores fiscales detecten que alguna Sicav no cumple con los requisitos exigidos, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien debe pronunciarse sobre la improcedencia de incoar expediente de revocación o suspensión y dictará la suspensión o revocación en el plazo de seis meses desde que la Agencia Tributaria le informe.
En el transcurso de dicho plazo sin que la CNMV se pronuncie, el órgano regulador habilitará a la Administración Tributaria para dictar el acto de liquidación que proceda, si bien las calificaciones que lo motiven sólo tendrán efectos tributarios, mientras que todas las revocaciones o suspensiones acordadas por la Comisión deben ser comunicadas a la Agencia Tributaria. Además, las Sicav que incumplan los requisitos exigidos, dejarán de poder beneficiarse del régimen fiscal especial (tributar al por ciento en lugar de al 35%) con efectos desde el periodo impositivo en el que se hubieran producido las circunstancias determinantes de la suspensión acordada por la CNMV.
Así se refuerza el papel del órgano regulador para determinar e investigar si una sociedad puede ser considerada como Sicav, o dejar de serlo, después de que hace unas semanas surgieran diferencias entre la CNMV y la Agencia Tributaria a raíz de los expedientes fiscales abiertos por Hacienda a decenas de Sivac por considerar que no cumplen los requerimientos necesarios para acogerse a una tributación especial.
El portavoz de CiU Josep Sánchez Llibre dijo que la iniciativa "clarifica y aclara" la situación de las Sicav ante las "disfunciones" que se han producido entre la CNMV y la Agencia Tributaria y que provocaban "una inseguridad jurídica" que necesitaba ser corregida para evitar que desaparezcan de España unas sociedades que suponen 24.000 millones de euros. Incidió en que con la enmienda no se defienden privilegios, sino que se aclara una circunstancia en base a la legislación vigente que clarifica el futuro del sector, ya que -agregó- deja claro que la CNMV tiene la competencia supervisora y de suspensión de una Sicav frente a los inspectores de la Agencia Tributaria.
Sánchez Llibre aseguró que la CNMV será el organismo que detecte las posibles irregularidades de una Sicav y el encargado de revocarla, para que después actúen los inspectores fiscales. Por su parte, Ricardo Torres (PSOE) reconoció que se había creado "inquietud" entre las Sicav -unas 3.000 en España- en lo referido a su régimen jurídico y añadió que con esta enmienda queda claro "quien es quien decide, desde el punto de vista financiero, si cumple o no las condiciones como Sicav", ya que es la CNMV el órgano competente para determinarlo. A partir de entonces, "la Agencia Tributaria mantiene todas sus facultades intactas" y puede instar a la Comisión si ve algún incumplimiento.
Para Angel Pérez (IU) la iniciativa aprobada supone una "amnistía fiscal" para las Sicav, a través de las que se canalizan las inversiones de las grandes fortunas -recordó-, además de suponer "una tomadura de pelo" para el resto de contribuyentes. Con la transacción del texto, CiU renunció a un carácter retroactivo de la iniciativa aprobada hoy y que podría haber paralizado las inspecciones abiertas.