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El director del BOE, denunciado por la corrección del decretazo

La famosa corrección del decretazo de Zapatero podría suponer no sólo un escándalo político de primera, sino incluso llegar a ser un delito, al menos, si prospera la denuncia de la que ha sido objeto el director del BOE, al que se le acusa de incurrir en un delito de Falsedad en Documento Público.

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La denuncia ha sido presentada por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que en su escrito argumenta detalladamente que en el BOE del 25 de mayo se publicó, dentro del apartado de "Corrección de errores" lo que en realidad era una modificación sustancial del Real Decreto 8/2010, es decir, el famoso "decretazo" del recorte presupuestario.

Hay que recordar que la modificación fue el cambio de fecha de la prohibición a los Ayuntamientos de endeudarse, que pasó de entrar en vigor a la publicación del Decreto en la primera versión a hacerlo el próximo uno de enero en la la segunda.

El asunto tuvo ya un importante impacto político, en particular porque la vicepresidenta Salgado lo anunció como una corrección y fue desautorizada por el alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, y por el propio presidente del Gobierno que habló de "rectificación".

Precisamente, este cadena de declaraciones y desautorizaciones es uno de los puntos en los que basa su denuncia Manos Limpias, que además argumenta que, al entrar en vigor la medida siete meses después de su publicación en el BOE, no se podría justificar su tramitación dentro de un Decreto Ley, formula legislativa que se reserva según el artículo 86 de la Constitución a los casos de "urgente necesidad".

Contra el director del BOE

Para Manos Limpias, la susodicha publicación en el BOE es constitutiva de un delito de Falsedad en Documento Público porque el cambio supuso alterar un documento y "alterando un documento en alguno de sus elementos esenciales. Presupone la existencia de un elemento verdadero sobre el que se ejecuta una acción falsaria de tal índole, que su original sentido, resulta variado y en consecuencia, produce o puede producir unos efectos jurídicos distintos de los que tendría si no hubiera sido alterado".

Además, la querella razona que se produjo también una "falsedad a la verdad en la narración de los hechos", pues "se proyectaron decisiones manifiestamente falsas con cambio sensible y notorio de la realidad. Ello además, tiene trascendencia sobre el acto y como elemento subjetivo consiste en la conciencia y voluntad de cambiar la realidad convirtiendo en aparentemente veraz lo que no es".

La denuncia ha sido presentada contra el director del BOE, pues se le considera responsable porque "por su experiencia y cualificación al frente del BOE, es consciente y a sabiendas de que no se trataba de un error, sino de un cambio o modificación sustancial del art. 14.2 del Decreto-Ley original, a pesar de ello, y en lugar de advertir de la improcedencia de encuadrarlo como corrección de errores, lo plasma en el Boletín Oficial del Estado, vulnerando además el art. 26 del Decreto regulador del Diario Oficial del BOE".

Además, la denuncia, que fue presentada en Madrid el pasado dos de junio, prevé que las responsabilidades puedan alcanzar cotas más elevadas, así en su último párrafo advierte que "si de las diligencias que se practiquen, pudiera deducirse responsabilidad como inductor del Ministro de la Presidencia que remite los Acuerdos del Consejo de Ministros al Director General del Secretariado del Gobierno del Boletín Oficial del Estado, los hechos, habría que ponerlos en conocimiento de la Sala 2ª del Tribunal Supremo por tratarse de un cargo aforado".

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