El Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre España, publicado este lunes, advierte de que el gasto público registrará un incremento sustancial con el paso de tiempo como resultado del envejecimiento de la población. Y ello, además, en un contexto en el que el actual modelo es "es demasiado generoso": los jubilados cobran de media más de los que les correspondería en base a sus cotizaciones.
Pensiones
Así pues, la reforma del sistema público de pensiones que plantea el Gobierno es insuficiente, según dicha entidad, que agrupa a las 30 economías más desarrolladas del planeta. "Nos parece necesario aumentar la edad legal de la jubilación", subrayó Andrés Fuentes, uno de los responsables del estudio sobre España.
El analista advirtió de que entre 2030 y 2060 los gastos derivados del envejecimiento demográfico crecerán en España el doble que la media de los países de la organización, y aunque consideró "bienvenidos" los 67 años como nueva edad legal de jubilación en el proyecto del Ejecutivo socialista, hay que ir más lejos.
Tras recordar que España es uno de los países en que el nivel de pensiones es "más generoso" respecto a las cotizaciones, una de sus principales propuestas de reforma fue incrementar el periodo de cotización que da derecho a una pensión completa, que actualmente es de 35 años. También sugirió que habría que indexar ese periodo para tener en cuenta la evolución de la esperanza de vida, teniendo en cuenta que es probable que siga incrementándose.
Es decir, aunque retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años es una "alta prioridad", esto tan sólo es el principio. Hay que ir mucho más allá para mantener la futura sostenibilidad del modelo público. En concreto, la OCDE propone que se vaya alargando progresivamente la edad legal de jubilación, primero de los 65 años actuales hasta los 67 en 2025 y, a partir de ahí, en función de la esperanza de vida. Así, si ésta aumentara tres años hasta 2050, la edad de jubilación se retrasaría hasta los 70 años.
Por otro lado, la entidad recomienda vincular el cálculo de la pensión a toda la vida laboral y no sólo a una parte, tal y como sucede en la actualidad. Hasta ahora la base de dicho cálculo se sustenta sobre los últimos 15 años cotizados. El Gobierno pretende ahora elevar este período hasta los 20 ó 25 últimos años, lo cual implicaría una rebaja media de entre el 5% y el 10% en las futuras prestaciones.
La OCDE estima necesario ampliar el período de cálculo a toda la vida laboral (35 años mínimo), con lo que el recorte medio de pensiones sería del 30%. De esta manera, la organización hace un retrato muy duro, pero sincero, de la situación actual. Frente a las declaraciones tranquilizadoras de los políticos españoles, la OCDE advierte: mantener el actual sistema hace imprescindible una reforma mucho más contundente que la anunciada y un recorte de las prestaciones mucho mayor de lo que se cuenta a los ciudadanos.
Reforma laboral
La OCDE considera que la reforma laboral aprobada el pasado septiembre cuenta con importantes insuficiencias. En particular, deja "mucho margen de interpretación" judicial sobre si un despido es procedente o improcedente, indicó Fuentes.
Por ello, el informe recomienda reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, adoptando un modelo de contrato único con indemnizaciones por despido más bajas, al tiempo que se deberían eliminar las restricciones a la contratación temporal en las actividades que suelen recurrir a este tipo de empleos. Según Fuentes, hay que garantizar que se produzca una "rebaja sustancial" de las indemnizaciones por despido de los que tienen contratos fijo, ya que son responsables de la "hemorragia" de paro que sufre España.
Igualmente, criticó el sistema de negociación colectiva, que "es muy antiguo" y "no se ha adaptado a la evolución de la economía". La OCDE propone garantizar y facilitar a los empresarios y trabajadores la posibilidad de acordar libremente el descolgarse del convenio colectivo.
Ajuste fiscal
Por último, la organización insiste en que para recuperar la confianza de los inversores en la economía española "es importante lograr una mejora permanente en el equilibrio presupuestario", lo que pasa por aplicar "estrictamente" los recortes anunciados para 2012 y 2013.
Pero, además, el Gobierno tiene que "estar preparado para tomar medidas suplementarias si fuera necesario", y deben estar claramente identificados dónde se pueden producir recortes del empleo público sin que la calidad del servicio quede en entredicho. Así, tal y como señala el profesor del Instituto de Empresa (IE) Rafael Pampillón, la OCDE destaca, entre otras medidas, aumentar las tasas de la universidad pública, reducir el gasto de las CCAA y Ayuntamientos, privatizar o cerrar todas las televisiones autonómicas o introducir un copago en la sanidad pública.
Además, con respecto a los impuestos señala la necesidad de aumentar la imposición indirecta, como ampliar el tipo superior del IVA a nuevos tipos de productos o tasas medioambientales, así como reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, gravar menos el trabajo para reducir los costes laborales y aumentar la competitividad.
El conocido como el Club de los Países Desarrollados mantiene en este estudio las previsiones económicas que había hecho para España en su informe semestral publicado en noviembre: una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,2% este año, seguido de una subida del 0,9% en 2011 y un alza del 1,8% en 2012.
Mercado inmobiliario
Por último, constata que el mercado inmobiliario en España sigue caracterizado por un "amplio" exceso de la oferta, y que las políticas de vivienda deben actuar para absorber el volumen de casas vacías, incitar la movilidad geográfica y promover el mercado del alquiler.
En una línea paralela, pide que se reconsideren las ayudas para la construcción de viviendas sociales (VPO), y que se dediquen los fondos en dar dinero en metálico a las familias que realmente los necesiten para alojarse, en lugar de desgravaciones fiscales.
La organización reitera su consejo de que los gobiernos autonómicos reduzcan los obstáculos para la implantación de nuevos hipermercados o grandes almacenes y que liberalicen los horarios de apertura allí donde no sea una realidad.
Un capítulo extenso del informe se dedica a la política hidráulica española, en la que se critican las políticas de subvenciones a los regadíos y se pide una elevación del precio del agua, que debe ser transparente para evitar el agotamiento de los recursos y un uso más racional según la eficiencia económica.