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NO SE INDEMNIZA A LAS PROPIETARIAS

El Gobierno cerrará Garoña en 2013 y mantendrá el empleo con subvenciones

El Gobierno ha anunciado el cierre de la central nuclear de Garoña en 2013 porque “España tiene exceso de capacidad de generación energética”. Promete un plan para recolocar a los empleados sin concretarlo y rechaza indemnizar a las empresas propietarias de la central.

Celestino Corbacho y Miguel Sebastián (EFE).
LORENZO RAMÍREZ / LUIS. F. QUINTERO

El Ejecutivo ha decidido cerrar la central nuclear de Garoña el 5 de julio de 2013 y lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que han comparecido el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el responsable de la cartera de Trabajo, Celestino Corbacho. El proceso no es reversible y exigirá que las empresas realicen inversiones para mantener la central durante los próximos cuatro años.

La intervención de los ministros generó más dudas que certidumbres. Sebastián y Corbacho anunciaron un “plan Garoña” para mantener los puestos de trabajo de las personas que desarrollan su labor en la central, pero no lo concretaron.

El proyecto, según el ministro de Industria es “políticamente coherente, laboralmente responsable, técnicamente justificable y energéticamente sostenible”. Aunque no se dieron detalles del mismo.

Esta última razón se fundamenta, según el ministro de Industria, en que España tiene ahora mismo "un exceso de capacidad del sistema eléctrico en términos de garantía de suministro". En caso de que esta capacidad se viera reducida por el exceso de demanda, Sebastián ha asegurado que "hay tiempo más que de sobra para desarrollar más energías renovables que pudieran sustituir esa capacidad que se perderia en 2013".

Cierre en varias etapas

El cierre se realizará en varias etapas que serán comunicadas el viernes al Consejo de Ministros mediante una orden ministerial y las empresas propietarias de la central (Endesa e Iberdrola, a través de Nuclenor) no serán indemnizadas por el cierre. Incluso deberán realizar inversiones para garantizar el funcionamiento de las instalaciones, como recomendó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el mismo informe que establecía la capacidad de la central para operar hasta 2019.

Precisamente uno de los argumentos empleados por Sebastián para descartar la continuidad de Garoña hasta el 2019 ha sido el de los residuos del reactor. Para el ministro, si mantiene la actividad, el complejo se vería obligado a hacer inversiones para gestionar el almacenaje de los nuevos residuos. En cambio, para cerrarla dentro de cuatro años, tal y como ha dicho el titular de industria, obligarán a la central a hacer “inversiones necesarias”.

“El CSN ha hecho un magnífico trabajo, pero sus competencias corresponden estrictamente a la seguridad y la política energética la decide el Gobierno basándose en la seguridad de suministro y en un mix energético que pasa por la existencia de centrales nucleares,  pero la estrategia es ir apostando por un peso cada vez mayor de las renovables, para que alcancen el 20% de la generación eléctrica en 2020”, dijo Sebastián.

Con estas palabras el ministro admitió que se trata de una decisión política, no de seguridad energética, un enfoque que confirmó al justificar el cierre en respuesta al programa electoral del PSOE, que establece que las centrales nucleares se irán cerrando cuando se acabe su vida útil.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, mostró su absoluto desconocimiento sobre el plan de recolocación de empleados de la central pero, a pesar de no tener detalle alguno, prometió que todos los trabajadores serán recolocados mediante un plan industrial del cual tampoco conoce el presupuesto asignado. Eso sí, anunció que habrá dinero europeo “a fondo perdido” para el proyecto.

La declaración de Corbacho generó más dudas que certezas:

“La dotación económica será la consecuencia de las determinaciones que decidamos llevar a cabo en el plan. No se decidirá hasta que y además sobre esa inversión. ¿Cuánto dinero se pondrá para un programa para esta naturaleza? Pues el que sea necesario dependiendo del número de actividades que se vayan a instalar en la zona. En cualquier caso el Gobierno tiene decidido plenamente que va a hacer una apuesta decidida desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la zona para que ese plan sea, no solamente una auténtica alternativa sino una alternativa económica para la comarca”.

El ministro de Trabajo explicó que todas las iniciativas se negociarán con los agentes sociales y las administraciones territoriales, en un paquete de cinco ejes: reindustrializar la zona, mejorar la movilidad y la competitividad, diseñar un plan de promoción turística, garantizar los ingresos de las arcas municipales y reorientar la formación de los empleados.

Sebastián insistió en que el Gobierno tendrá un margen de cuatro años para ofrecer una "buena alternativa industrial" para garantizar el empleo de los trabajadores y "revitalizar la región".

Cinco ejes que, pese a "haber madurado mucho la decisión", según Sebastián, no se han concretado aún en ningún proyecto concreto, a juzgar por la declaración del ministro Corbacho que no ha trasladado, ni las industrias que tienen previsto promocionar en la zona, ni las actuaciones turísticas, ni las inversiones en infraestructuras. De momento, el Ejecutivo se da cuatro años para ver qué financiación logra captar de la UE.

No obstante, Corbacho reiteró el "más firme compromiso" con el plan y dijo que se comienza a trabajar "desde este mismo momento" con las administraciones locales y la Junta de Castilla y León.

 

 

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